La dimisión de Josep Prat y el silencio de Boi Ruiz

30 de junio de 2012 (19:53 CET)

En enero de 2011, poco después de que CiU ganara con cierta autoridad, aunque sin mayoría absoluta, las elecciones autonómicas, el conseller de Sanidad nombró a Josep Prat, presidente del Institut Català de Salut, la mayor empresa pública de Catalunya con más de 40.000 trabajadores y un presupuesto que supera los 2.700 millones de euros.

El proceso de selección y evaluación por el que la conselleria designó a Prat debería figurar como un caso en todas las escuelas de negocios de aquello que nunca se ha de hacer. Tuvo que pasar un año pero al final una denuncia de las CUP ante la Audiencia puso ante los ojos de la opinión pública las obvias incompatibilidades en que incurría el número 2 de la sanidad pública catalana y ante las que al parecer nadie había reparado.

Josep Prat era además de uno de los más importantes responsables de la sanidad pública el vicepresidente del grupo hospitalario privado USP. ¿En las horas de su jornada profesional en qué pensaba: en potenciar y mejorar la oferta pública de salud o en cómo hacer negocio con ella? Por supuesto que ambas dedicaciones son legítimas, pero parece evidente que incompatibles.

Aún más. Prat, un hombre al parecer con una capacidad infinita de trabajo, simultaneaba ambos cargos con el de director general de Innova, el holding de empresas municipales de Innova, cuya trayectoria de irregularidades es hoy motivo de investigación en la fiscalía de la Audiencia Nacional. Este grupo de empresas, creado precisamente por Prat bajo el auspicio del entonces alcalde de Reus, el socialista Josep Abelló, ha provocado en el ayuntamiento de Reus una deuda de más de 215 millones de euros. Prat cobraba por su trabajo en Innova unos 280.000 €.

Innova, y la gestión de Prat, están siendo hoy motivo de diversas investigaciones. A saber: pagos por consultoría estratégica (a Carles Manté) cuyos informes no aparecen; otros pagos diversos a facturas que hasta ahora no han podido ser justificadas por importe de un millón de euros; avales concedidos de manera quizás poco ortodoxa que han causado pérdidas en torno a tres millones; posible lucro no justificado en el alquiler de un edificio de su propiedad a un departamento del gobierno autonómico... Como se ve, por enunciado de las acusaciones, algo más que problemas estéticos, como lo defendían tanto Boi Ruiz, como el portavoz del ejecutivo autonómico, Francesc Homs.

Con este currículum, Josep Prat ha sido presidente del ICS durante más de un año, un período muy complicado en la sanidad pública catalana en el que ha exigido a sus profesionales recortes salariales y en prestaciones y a los ciudadanos en general diversos sacrificios, uno de cuyos indicadores más visibles ha sido el alargamiento de las listas de espera.

¿Cómo es posible que ningún miembro del gobierno catalán viera la incompatibilidad de los cargos que acumulaba Josep Prat cuando fue nombrado? ¿Cómo es posible que cuando empezaron a llegar a la fiscalía las acusaciones por posibles irregularidades cometidas en la gestión pública de Innova, nadie del gobierno catalán se planteara la necesidad de separarlo de su cargo público? ¿Nadie vió la importancia de los hechos denunciados, nadie supo valorarlos como un problema algo más grave que una falta de estética?

La dimisión de Prat es la última guinda del pastel. La semana que viene algunos grupos de la cámara autonómica pedirán que se cree una comisión de investigación. Por hacer un somero recorrido de lo que ha venido trascendiendo en los últimos meses, algunos de los cuales son ya hoy trabajo de la fiscalía, bastaría citar más allá del caso de su presidente Josep Prat; el del patronato del hospital de Sant Pau y los sueldos pagados a ejecutivos que ya no trabajaban, así como desviaciones presupuestarias en las obras de remodelación; las onerosas transacciones para la sanidad pública llevadas a cado, supuestamente, por Ramon Bagó, ex presidente del Consorci Hospitalari de Catalunya y presidente de SERHS, etc.

Hasta ahora el silencio del máximo responsable de la sanidad catalana, el conseller Boi Ruiz, ha sido ensordecedor. Un silencio tan contundente y continuado que ya no sólo le afecta a él sino a su superior, el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Pedir sacrificios a trabajadores y ciudadanos en general y a la vez callar ante comportamientos de dudoso calado ético es también incompatible y Mas debe actuar o hacer que actúen los que estaban al cargo de las instituciones donde se han producido los hechos motivo de investigación judicial.
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