La difícil transición energética

28 de enero de 2015 (18:51 CET)

Según Carles Riba Romeva, doctor ingeniero industrial, profesor de la UPC y presidente y fundador del colectivo CMES, que pronunció una conferencia en la Sociedad Catalana de Economía (filial del Instituto de Estudios Catalanes) sobre la transición energética, la dependencia de Cataluña es de las más elevadas del mundo, ya que sólo producimos un 0,5% de la energía que consumimos.

El coste de esta dependencia es de 8.000 millones de euros anuales que se podrían ahorrar con unas inversiones de 70.000 millones, que resolverían a la vez un problema medio-ambiental y también económico.

Actualmente, el coste mensual promedio por familia en energía se estima en 250 euros (70 en térmico --calefacción--, 100 en movilidad y 80 en electricidad). Y con fuentes primarias, con las que la energía es gratuita aunque se ha pagar la amortización de las instalaciones y su mantenimiento, el coste familiar mensual se reduciría a 105 euros.

La propuesta puede parecer irreal pero hay países que ya han iniciado esta transición energética, como es el caso de Alemania. Según el economista Guifré Belloso, la famosa E.ON --con 40.000 trabajadores--, después de que su consejo de administración se reuniera durante 12 horas, anunció un cambio histórico.

Separa los negocios de gas, carbón, nucleares y comercialización de electricidad y abandona países como Brasil para concentrarse en energías renovables, red y soluciones a cliente final. Este cambio no tendrá efectos a corto plazo, pero sí a largo: la evolución de las energías renovables deja de ser vista como riesgo y pasa a suponer una fuente de rentabilidad, mientras que con las energías tradicionales pasa a ser todo lo contrario.

"La producción convencional de electricidad no es un negocio de futuro", declaraba el presidente de E.ON, Johannes Teyssen, en Der Spiegel. Por tanto, hay trabajo por hacer. Las fuentes renovables básicamente son la energía solar y la eólica, aparte de la hidráulica, que no puede aumentar. Es un proyecto que generará mucho empleo y para el que se requieren 38.000 hectáreas, un 1,22% del territorio, lo que equivale a 250 metros cuadrados por habitante.

Sin embargo, la política energética española que viene dictada por el loby eléctrico va exactamente en sentido contrario. En este sector, el fenómeno de la puerta giratoria (revolving doors) es muy intenso. Han estado vinculados a las eléctricas ex presidentes del Gobierno, ex ministros de Economía, de Industria, ex secretarios de Estado, etcétera. Con todos estos avales, en estos momentos se considera que el parque eléctrico está sobredimensionado y se le echa la culpa, precisamente, al aumento de las energías renovables que se experimentó en la etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Y la cosa no termina ahí. Resulta que, como el Gobierno garantiza el equilibrio financiero entre los ingresos, debido a las tarifas que él mismo aprueba, y los gastos, de acuerdo a un escenario hipotético que, según el grupo parlamentario Izquierda Plural, no ha sido contrastado con la realidad por auditores independientes, se ha generado una deuda con las empresas eléctricas por culpa, dicen, de las renovables de 53.100 millones que ahora tendrán que pagar, con sus intereses correspondientes, en 15 años.

Además, las subvenciones del Gobierno a las renovables desde 1998 hasta el 2013 fueron de 50.000 millones, es decir, que las renovables han costado en total 103.100 millones. España tiene una factura energética en combustibles fósiles de 60.000 euros al año. Por tanto, extrapolando los datos de los ingenieros de CMES, con 103.100 millones, con esta inversión, se habría podido reducir la factura energética un 20% (11.783 millones al año). Y no ha sido así.

Es un resultado paradójico. El problema está en el sistema. La relación con las eléctricas es similar a cualquier concesión pública: se parte de un coste que hay que cubrir, como ocurre con tantas otras concesiones (agua, limpieza pública). Si se gasta menos los costes se cubrirán igual; o se sube la tarifa o se da una subvención. Este sistema no proporciona incentivos para una transición energética. Su viabilidad debe contemplar no sólo el proyecto de transición, sino el desmantelamiento simultáneo del sistema convencional.

No es un problema sencillo. Un especialista en regulación económica es precisamente el premio Nobel de este año Jean Tirole, que ha publicado algún trabajo con Xavier Freixas de la Pompeu Fabra. En España, el especialista era Paulina Beato que ahora está en Repsol.

Con falta de técnicos y exceso de loby lo que parece es que la introducción de renovables debería ser un elemento de competitividad como ocurre en otros países. El problema de fondo es, por tanto, de competencia en el sector eléctrico. La comisaría del Cambio Climático de la Unión Europea ha urgido en España a reducir la factura energética y ha ofrecido la ayuda para las renovables con fondos y redes de transporte.
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