La contrareforma de la administración

17 de noviembre de 2013 (13:33 CET)

Me ha llegado a las manos la Instrucción de la subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de centralización de contratos. La comisión de reforma de la administración pública considera prioritario impulsar y extender el sistema de contratación centralizada con la excusa de ahorrar. Y lo hace aprovechando el decreto contra la morosidad de las administraciones públicas y en apoyo a las entidades locales.

De golpe, todas las delegaciones y organismos del Estado deben reducir, a máximo de un año, los nuevos contratos en el período transitorio que queda, hasta que el organismo central, en manos de Montoro, tome cualquier capacidad empleadora a nivel local en servicios y suministros.

La lista ampliable, según la misma instrucción, está compuesta por: energía, material de oficina, combustibles y gas, vestuario, alimentación, telecomunicaciones, servicios postales, transportes, seguros, limpieza, vigilancia y seguridad, gestión de viajes o transportes de mobiliario.

La meticulosidad de la instrucción que surge de Alcalá 5 es bismarckiana.
Las subsecretarías deberán remitir la información sobre los contratos centralizados y toda la que reclame Hacienda, así como detalles del importe de los contratos actuales, vigencia, últimas facturas, el desglose de todos los servicios, etc.

La coña marinera de la instrucción es la alusión final a la necesidad de informar sobre el ahorro logrado con las nuevas medidas.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de suministro y de servicios en el sector público están en pie de guerra. En una panorama ya muy castigado por la caída de presupuestos y el recorte en la prestación de servicios, llueve sobre mojado. ¿Qué hay detrás de la instrucción?

Se trata de una intervención del Estado por pseudoliberales sobre el libre mercado de prestación de bienes y servicios a la administración a favor, no de la transparencia y la eficiencia, sino de la opacidad y la ineficiencia. El paso de miles de oferentes a unas decenas de oferentes es también el paso del libre mercado a uno cautivo en manos de los oligopolios vinculados al PP y a las altas esferas de la burocracia del Estado.

Una vez más, la casta extractiva no tiene la valentía de imponerse en el mercado libre y utiliza la fuerza del BOE para efectuar su rapiña. ¿Por qué alguien cree que habrá otro ahorro, a parte del aparente, en primera instancia ? Cuando hayan eliminado la competencia de las pymes, el precio lo fijarán en el palco del Bernabéu. Las cuatro empresas oligopólicas que se habrán comido toda la oferta en el largo listado que he filtrado más arriba.

Esta medida no tiene nada que ver con la de un modelo de contratación limpia
, transparente e impulsor de las pymes como es el de Compra Chile, donde un organismo central del gobierno nacional tiene la llave de paso para aprobar los concursos que se hacen desde todos los ministerios.

Y esta clave se utiliza para impedir concursos fraudulentos que no den ni suficiente información, ni tiempo ni posibilidades de acceso a las pymes concursantes. En España nos encontramos con una instrucción dictada desde los despachos de FAES al servicio de los principales financiadores del PP, los grandes oligopolios ex públicos y las empresas constructoras que han pasado del pelotazo inmobiliario al de la energía, y ahora al de los servicios.

Pero faltaríamos a la verdad si pensásemos que en Catalunya todo el monte es orégano. El cabreo es también considerable. Ha habido varios intentos, en algunos de los cuales he sido protagonista, de facilitar la contratación pública a las pymes.

Estando en la oposición logré aprobar una resolución que estudiara vías legales en el marco europeo para facilitarlo. El informe está en la biblioteca parlamentaria. Recomendaba, entre otras cosas, segmentar los concursos e impulsar UTES de pymes. Una vez en el Gobierno, hicimos liderar la comisión de simplificación administrativa de cara a las empresas, con la ventanilla única y varias confrontaciones con consejerías que continuaban con las rutinas habituales .

Las resistencias al cambio eran grandes. Pero ahora que gobiernan los business friendly, la cosa no ha mejorado. Hay de todo en la viña del señor.

Desde la falta de reglas de juego claras que eviten que la típica comisión de evaluación, llena de altos funcionarios, sólo decida el contrato por el precio de coste, cuando en realidad sólo los grandes grupos, actuando de empresas financieras, aseguran la ganancia de todos los concursos.

Hasta ante las dudas importantes que surgen cuando, a pesar de que una UTE de pymes o pequeñas empresas presentan una oferta de menor coste que alguno de los grandes tiburones, gana el concurso el tiburón. Normalmente se trata de algunos que han salido citados en casos que ya han comenzado a circular por los juzgados.

Las pymes catalanas, que venden bienes o servicios a las administraciones de aquí, están lanzando un SOS previo a su paso a la acción pública. No se entiende que, con una tasa de paro del 26% y con el riesgo de cerrar la mayoría de estas empresas, por una visión economicista a corto plazo o, peor aún, amiguista, algunos grandes ayuntamientos y la Generalitat no actúen al servicio común.
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