La Constitución vaciada de contenido

10 de noviembre de 2014 (13:30 CET)

En un momento en que se escuchan muchas voces críticas con la Transición habría que afirmar que la Constitución consensuada fue un texto sumamente avanzado, y que han sido actuaciones posteriores las que han significado una fuerte regresión e incluso un vaciado de contenido del texto constitucional primigenio.

Podríamos decir que actuaciones políticas son las que han ido produciendo un vaciado importante de los propios principios constitucionales. Y también cabría decir que son fruto de un modelo político, el del bipartidismo imperfecto del PP y el PSOE, que ha dominado la escena política del país gracias a una ley electoral que lo potenció.

Un ejemplo claro es todo lo relativo al desarrollo del modelo territorial. La Constitución habla y reconoce la existencia y diferencia entre nacionalidades y regiones. Incluso se establecía una forma especial de acceso a la autonomía de las nacionalidades que tuvieron reconocimiento político en la II República.

Así, en la Disposición Transitoria Segunda se establecía una excepción a la norma de acceso a la autonomía en las comunidades (nacionalidades) que habían demostrado históricamente su voluntad de autogobierno, Cataluña, Euskadi y Galicia, las que durante la República habían desarrollado o tramitado "estatutos de autonomía".

Es evidente que, en aquellos momentos difíciles, hablar de nacionalidades era un subterfugio para hablar del hecho plurinacional del Estado, como han reconocido políticos del momento como Carrillo o Herrero de Miñón.

Fue posteriormente con la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, más conocida como Loapa, aprobada por las Cortes españolas el 30 de junio de 1982 , fruto de un pacto suscrito entre el PSOE y la UCD donde se inició el proceso de involución autonómico.

Entre otras cosas, la ley tenía la voluntad de llevar a cabo un proceso de homogeneización entre las diversas comunidades autónomas con la voluntad final de equiparar unas y otras. Es el conocido "café para todos". Con la Loapa se inicia un proceso de regresión democrática en cuanto al Título VIII de la Constitución, que después conducirá a los intentos de recentralización del Estado y al vaciado de contenido del poder autonómico. Esta actuación es responsable de la situación conflictiva posterior y muy especialmente del actual conflicto de Cataluña.

Es importante constatar cómo, últimamente, con motivo de los debates sobre Escocia y Cataluña hay dos cosas que han quedado manifiestas. Por una parte, que Cataluña tiene muchas más competencias reconocidas que Escocia. Pero por otra, que Escocia tiene sus competencias blindadas, algo que no ocurre con las competencias catalanas.

Por lo tanto en el tema territorial la regresión y los conflictos no son fruto de la Constitución, sino de la regresión política posterior. La Constitución podría haberse modificado y desarrollado, con la consolidación de la democracia, hacia un modelo de reconocimiento pleno del carácter plurinacional y plurilingüístico del Estado que la propia Constitución dejaba inicialmente esbozado.

Pero no es sólo en la cuestión territorial que la Constitución ha sido vaciada de contenido. La Constitución también reconocía la posibilidad de establecer formas de desarrollo económico que permitían que las políticas económicas pudieran ser de derechas o de izquierdas.

También en el tema económico-social y en una fecha más reciente se ha dado una profunda regresión en contra de la idea original. Esta situación se produjo el 23 de agosto de 2011 cuando se realizó la Reforma Constitucional del artículo 135. La modificación fue propuesta por el presidente Zapatero y acordada por los dos principales partidos PSOE-PP que contaban con el 90% de los diputados y senadores lo que les permitió efectuarla sin recurrir al Referéndum de la ciudadanía.

La reforma suponía priorizar el retorno de la deuda por encima de cualquier otra consideración ni prioridad. En el punto 2 del nuevo redactado se establece que "El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere el margen establecido, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros".

No hay duda de que la reforma, adoptada para hacer frente a las exigencias de la Unión Europea y el BCE, supone una innovación en el derecho constitucional europeo por lo que significa de cesión de la propia soberanía, al mismo tiempo que significaba romper el consenso del proceso constituyente de la Constitución Española.

Esta reforma de la Constitución está en la base de las políticas de recortes de derechos de la sociedad, en temas de derechos básicos como son el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, etc. Toda una serie de derechos que quedan como letra muerta ante los recortes presupuestarios que los hacen de imposible cumplimiento.

Asimismo con la reforma laboral de 2012, del Gobierno del PP, se da "un hachazo" a los derechos laborales y sindicales, en especial al derecho a la negociación colectiva que es la base del derecho a la libertad sindical y del derecho al conflicto colectivo.

Podemos decir que la Constitución de 1978 ha sido devaluada a lo largo de estos años por parte de los dos partidos hegemónicos. Y que hoy se hace evidente la necesidad de una profunda reforma, estimulada a su vez por la propia degeneración institucional del sistema fruto del bipartidismo imperante. El cual ha estado al servicio de los sectores económicos y financieros dominantes, y que ha sido el responsable de una profunda y sistémica corrupción, de una situación actual de grave desigualdad y de falta de cohesión social, y de una profunda insatisfacción y desafección social hacia el marco político e institucional existente.

Hoy cada vez es más difícil oponerse a la necesaria regeneración política, social y económica del país. Se le dé el nombre de reforma constitucional, segunda transición, nuevo proceso constituyente, o como se le quiera llamar, es evidente que se hace urgente una refundación ya que la Constitución de 1978 ha sido vaciada de su contenido y hoy es un texto muerto.

Y hay que decir que no sólo es necesaria para dar respuesta a una urgente cuestión territorial, de la que el caso más visible es el de Cataluña, sino que también es necesaria y urgente para establecer un nuevo contrato o acuerdo político y social que permita establecer y blindar los derechos sociales, los antiguos ya enunciados en la Constitución del 1978 y los nuevos que hay que reflejar, y al mismo tiempo efectuar la modernización de un sistema político que garantice la pluralidad y la participación social.
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