La casta política defiende sus chollos como gato panza arriba

07 de marzo de 2014 (20:17 CET)

El Tribunal Constitucional acaba de dar su bendición a la draconiana rebaja de sueldos que las Cortes de Castilla-La Mancha aplicaron hace un año a sus honorables diputados. En virtud de ellas, se eliminó de un plumazo la paga fija a 42 de los 49 parlamentarios que componen la institución. A la vez, se suprimieron otras variopintas prebendas, entre otras la de los teléfonos móviles gratuitos. Desde entonces, sólo se mantiene el devengo de dietas e indemnizaciones, que ascienden a la nada despreciable cantidad de 1.500 euros por cabeza y mes.

Las talas realizadas significan para esa Comunidad el ahorro de más de un millón de euros anuales, que antes iban directos al bolsillo de los políticos. Dicha suma es el chocolate del loro, si se la compara con los copiosos mangoneos que se perpetran en el seno de las Administraciones públicas. Pero, al menos, los responsables de dicha región han tenido la delicadeza de dar un paso al frente y ofrecer un ejemplo de austeridad a los ciudadanos, que son en última instancia quienes sufragan sus remuneraciones.

Valga recordar que, al anunciarse el recorte de los chollos, los diputados socialistas de la demarcación pusieron el grito en el cielo y lo recurrieron ante el Constitucional. Éste les ha dejado ahora con sus vergüenzas al aire. El Gobierno castellano-manchego, lejos de amilanarse por las feroces críticas del Psoe, ha ido todavía más lejos.

Hace pocas semanas, el Congreso dio luz verde a la reforma del estatuto de esa comunidad. Su plato fuerte es la reducción de los 49 diputados autonómicos a una horquilla de entre 25 y 35. Por ahora, ninguna otra autonomía ha seguido el ejemplo de la castellana, ni ha dicho esta boca es mía al respecto. ¿Alguien se imagina la que se armaría si se propusiera una poda similar de salarios y de diputados en Catalunya?

Por lo demás, las prerrogativas que disfruta la casta política escandalizan, día tras día, al pueblo soberano. Veamos unos pocos botones de muestra. Los ministros y secretarios de Estado cobran, al cesar, el 80% de sus estipendios durante dos años. Los ministros, además, perciben, al jubilarse, la pensión máxima de la Seguridad Social. Este privilegio es automático, pues se activa al tomar posesión del cargo, y rige sea cual sea el tiempo que se haya desempeñado.

Análogo chollo se otorga a los diputados que hayan calentado el escaño durante un mínimo de siete años. En cambio, para lograr una pensión similar, los trabajadores corrientes y molientes han de cotizar durante al menos 35 años.

No se agotan aquí las gabelas de diputados y senadores. Un tercio de su sueldo está exento de IRPF, so pretexto de considerársele una indemnización. Y por si esto fuera poco, las Cortes aportan a la Seguridad Social la cuota patronal, como es menester, y además, la que corresponde al propio parlamentario.

Festival de emolumentos

En la Catalunya de nuestros amores, el sector público ata los perros con longaniza y las ventajas de los políticos todavía son más abominables que en cualquier otra parte de la piel de toro. Así, todos y cada uno de los consellers se embolsan más dinero que el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya retribución para este año se ha fijado en 78.000 euros. Artur Mas, sin ir más lejos, cobra, sin el menor rebozo, el doble que Rajoy.

Al propio tiempo, el inmenso tinglado de empresas públicas y entes dependientes de la Generalitat alberga a dos docenas de enchufados que rebasan los 100.000 euros anuales y alguno de ellos los 200.000 euros. Quizás es ésta otra muestra más del “fet diferencial” que tanto gustaba pregonar a Jordi Pujol.

Por cierto, el momio de los gerifaltes catalanes no es exclusivo de los que están en activo, sino que se prolonga cuando dejan la vida pública y se extiende de por vida durante lustros y lustros. Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla todavía siguen hoy acoplados a la ubre pública por un férreo cordón umbilical. Este terceto se beneficia de despachos, secretarias, asesores, coche oficial, chóferes y guardaespaldas, todo ello a cargo del Erario catalán.

Esto es lo que suele ocurrir cuando se dispara con pólvora del rey. Otro gallo nos cantaría si el trío indicado hubiese de costear los despachos y los asistentes con su propio peculio, como hace todo hijo de vecino. En todo caso, los contribuyentes empiezan a estar hartos de ser los eviternos paganos de los desmanes de una partitocracia depredadora e insaciable.
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