La caótica competencia fiscal entre comunidades

16 de noviembre de 2013 (20:13 CET)

Hace pocos días, el Presidente de la Comunidad de Madrid nos sorprendía con el anuncio de reducciones en determinados impuestos. Anteriormente, había sido el de Extremadura quien adelantaba un propósito similar. Todo ello ha enojado a otras comunidades, especialmente Catalunya, donde una parte de la ciudadanía lo ha considerado una manifestación más del agravio fiscal que sufre con respecto a España. En cualquier caso, estas rebajas impositivas son una muestra más de las disfunciones de nuestro marco institucional.

Unas disfunciones que han ido debilitando la mayor parte de las instituciones democráticas de las que nos dotamos hace ya cerca de cuatro décadas. Y la raíz de los males reside en haber olvidado que diseñar y conformar las instituciones no era suficiente, sino que había que cuidarlas y ajustarlas a las circunstancias de cada momento. Y no lo hemos hecho.

Al margen de consideraciones que podemos aplicar al conjunto de instituciones --aunque el modelo autonómico destaque como uno de los mejores ejemplos de esa disfunción generalizada--, la cuestión que nos ocupa es si tiene sentido la competencia fiscal entre comunidades. Especialmente en unos momentos en que la idea dominante es avanzar en la armonización fiscal en el conjunto de la Unión Europea.

Creo que, en general, la competencia fiscal carece de sentido en un territorio integrado y homogéneo como el español. Pero, aún en el caso de que esa competencia resultara oportuna, debería darse una condición previa: la racionalidad y transparencia del sistema de financiación autonómica. Y no es, en absoluto, el caso. Por ello, cualquier comunidad que haga uso de su capacidad normativa fiscal, será, automáticamente, criticada por unos y otros.

En el supuesto de darse esta racionalidad y transparencia, nuestras comunidades serían plenamente responsables de sus ingresos y sus gastos. Y, a partir de ese ejercicio de responsabilidad, adquiriría sentido disponer, y ejercer, de capacidad normativa. Pero la realidad nos muestra como un sistema de financiación que tenía sentido y coherencia en sus momentos iniciales, ha ido evolucionando de manera errática, con un sinfín de nuevos traspasos y ajustes que no respondían tanto al desarrollo coherente de una concepción plural del Estado, como a los equilibrios políticos de cada legislatura. Y esta dinámica, pese a su componente errática, pudo aguantar mientras la coyuntura económica era favorable y otorgaba al Estado la discrecionalidad para satisfacer, o acallar, a unos y otros. La crisis ya no permite ese juego.

En el supuesto de que existiera ese modelo de financiación autonómica estable y aceptado, la competencia fiscal tendría sentido en dos supuestos. En primer lugar, como mecanismo para trasladar a la ciudadanía la capacidad de sus gobiernos autonómicos en la gestión de las cuentas públicas. Así, las reducciones fiscales serían consecuencia inequívoca del buen hacer de un gobierno autonómico. No es el caso. Tras cualquier reducción impositiva en una comunidad, el resto otea privilegios o favores del Gobierno central.

En segundo lugar, para conformar un marco fiscal más apropiado a la personalidad social y económica de cada comunidad. Tampoco es el caso, pues se recurre a las reducciones impositivas para, a menudo sin motivo, alardear de buena gestión; ó bien, en sentido contrario: a incrementos para cuadrar los presupuestos. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con las continuas idas y venidas en el impuesto sobre sucesiones en Catalunya. En cualquier caso, considero que no se dan hechos relevantes diferenciales entre comunidades que justifiquen fiscalidades sensiblemente diferentes, debiendo relegar a impuestos menores el uso de la capacidad normativa propia.

En España se ha constituido un grupo de trabajo para analizar el sistema fiscal y proponer una revisión en profundidad del mismo. Lo mismo debería hacerse con el modelo de financiación autonómica. Lo que tenemos ya no sirve. Y, en esa revisión, debería abordarse el sentido de la competencia fiscal en el marco de un sistema que haga verdaderamente responsables a las regiones de sus finanzas. Sólo la transparencia y unas reglas de juego claras pueden conformar un modelo sostenible.

Al escribir estas líneas, recuerdo la famosa Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en el Senado hace poco más de un año. Era la V Conferencia de Presidentes. La IV conferencia se había celebrado en 2007. A título de ejemplo, ¿es razonable que en un Estado tan descentralizado, los máximos responsables de sus comunidades no se reúnan en cinco años? Con esta dinámica, ¿podemos aspirar a un ejercicio sensato y fluido de la competencia fiscal entre ellas? Quizás deberíamos abordar el problema desde sus raíces.

Y, en este ámbito, tampoco podemos esperar mucho de una Unión Europea donde la competencia fiscal entre Estados adquiere dimensiones ya vergonzantes. ¿Tiene la mínima lógica que en una Unión tan integrada, países como Luxemburgo u Holanda –dos de los seis fundadores del proyecto europeo- sean manifiestamente pseudo paraísos fiscales? ¡Quizás tampoco somos tan raros!
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