La burbuja amoral

23 de junio de 2012 (21:17 CET)

“No tengo conciencia de haber hecho nada malo”. Así se expresaba la ya ex máxima autoridad judicial del Estado, Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Obligado a dimitir en la soledad más absoluta, tras ser incapaz de justificar adecuadamente el uso de casi 30.000 euros de dinero público, en primer lugar, y de haber intentado mentir para protegerse, a continuación, este hombre de profundas creencias religiosas no veía en su actuación, en el supuesto empleo de fondos públicos para sus placeres privados, nada de lo que tuviera que arrepentirse.

Tampoco aprecian, al menos formalmente, ninguna irregularidad los socialistas de Reus en la gestión de los anteriores alcaldes de la ciudad, Josep Abelló y Lluís Miquel Pérez. Sobre su gestión pesa como una losa el caso Innova, el holding municipal de empresas, que lastra a todo el municipio con una deuda de 216 millones de euros, y bastantes indicios de que ahí hubo algo más que errores. De momento, deberían justificarse recurrentes pagos, sobresueldos, facturas extrañas, a determinados cargos cuya contrapartida es más que dudosa.

El actual alcalde Reus, Carles Pellicer, habla sin rodeos de “presunta malversación de dinero público” y ha prometido que enviará el caso a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas. El hoy primer secretario socialista, Pere Navarro, en un gesto que le honra, ha pedido una comisión parlamentaria sobre este asunto. Otros del área de la Sanidad Pública catalana, como la ex consejera de Salud, Marina Geli, miembro de la ejecutiva del partido, y al actual conseller, Boí Ruiz, guardan silencio sobre los múltiples trapos sucios que se están desvelando sobre materias de su competencia.

Pero en abierta contradicción con su líder, los socialistas de Reus defienden a sus exalcaldes y piden presunción de inocencia y que se confíe en el trabajo de la justicia. En realidad, lo que quieren es que se confíe en la ineficacia de la justicia y en la capacidad de presionar que se tiene desde determinados ámbitos, donde parece haber una absoluta connivencia entre fuerzas de distinto signo.

Otro que no parece en absoluto tener sensación de haber hecho nada recriminable es el Síndic de Greuges catalán, Rafael Ribó, que ha visto discutida su gestión y sus múltiples viajes en el Parlament de Catalunya. Ribó, del que tengo la percepción de un hombre austero y trabajador, de izquierdas, tampoco ve extraño que en los tiempos que corren y a pesar de que se extiende el sufrimiento de la gente por la crisis, el Instituto Internacional de Defensores del Pueblo decida reunir su convención anual en pleno Caribe, en las islas Bermudas.

En un reciente artículo, José Manuel Benítez, el juez vocal del Consejo General del Poder Judicial que inició la denuncia de los viajes de Dívar, explicaba sus sensaciones mientras se desarrollaba el caso que acabaría con la dimisión del controvertido presidente y su reacción ante las diferentes presiones recibidas: “En medio de este desbarajuste económico que tanto sufrimiento, angustia y pobreza está ocasionando, percibí... una resistencia inconsciente a reconocer el profundo cambio que se está produciendo en la forma de enfrentarse a los problemas comunes desde fuera de las instituciones, los partidos y las élites políticas”.

Ése es probablemente uno de los nudos gordianos del problema, tal vez con mayúscula, que nos atenaza: el distanciamiento entre las exigencias morales, los referentes éticos, cada vez mayores de una parte mayoritaria de la población y las de sus élites gobernantes. Ni Dívar, ni los socialistas reusenses, ni Ribó ven nada problemático en su actuación, pero no es así como se percibe entre los ciudadanos y lo que en tiempo de bonanza podría ser apenas un motivo de ligera recriminación hoy se percibe como una cerrada defensa de privilegios poco justificables.

Dívar, el caso Innova o los diferentes escándalos que se han aireado recientemente en la sanidad catalana y Ribó son, ciertamente, casuísticas muy diferentes, pero la respuesta de los afectados ante las acusaciones muestran un comportamiento que sólo se entiende a partir del distanciamiento de estos personajes respecto a la realidad, de los sentimientos castigados hoy en una buena parte de la población de la que son servidores, como si estuvieran instalados en una burbuja amoral que les aleja cada vez más de esa sociedad que los eligió.
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