Juzgados que salvan empresas o jueces que crean empleo

05 de enero de 2014 (17:35 CET)

Sorprendente, ¿no? Pues a veces, en medio de esta dura crisis, surgen actitudes innovadoras que deberíamos conocer --porque no todo va mal-- y publicitar.

Es sabido que, en general, las empresas catalanas y españolas están muy mal financiadas y demasiado endeudadas. Con déficit de recursos propios (capital), consecuencia de la falta de desarrollo del mercado de capitales. Cuando entran en crisis, por las razones que sean, tienen pocos recursos para hacer frente a sus deudas.

Habitualmente buena parte de las empresas defienden como pueden sus activos y su actividad, a costa de endeudarse más. Si pueden con los bancos, que acostumbran a enterarse tarde de la marcha de la empresa, y de sus proveedores, que tampoco saben evaluar el estado de su cliente.

Este juego peligroso suele durar bastante tiempo. Ningún empresario, a la primera dificultad, recurre al 5 bis (concurso provisional o preconcurso). Todos intentar aguantar hasta el punto en que sus abogados y asesores les advierten que el consejo de administración puede incurrir en responsabilidades penales. Entonces se plantan. E instan el concurso de acreedores, que es como se denomina en la nueva ley a la suspensión de pagos. Pero la bola de deudas se ha hecho grande e incontrolable.

La experiencia nos dice, como muy bien ha documentado Lluis Pellicer en El País, que la inmensa mayoría de los concursos acaban en liquidación. En algunos pocos casos puede ser que se firme un convenio, con fuertes quitas. Pero, lamentablemente, se producen un gran número de recaídas. ¿Por qué un procedimiento, el concursal, que está diseñado para salvar empresas acaba tan mal?

En la práctica, una vez instado el concurso, los clientes de la empresa en cuestión dejan de pagar sus compromisos. Ello conduce a numerosos pleitos, que acaban, después de mucho tiempo, obligando a los deudores de la empresa concursa a pagar sus factura... pero la empresa ya está ahogada financieramente, y los bancos ya no financian. Más bien corren rápidos a salvarse del riesgo.

En este periodo de tiempo se establece, por un lado, una competición entre deudores y acreedores, y, por otro, los interventores judiciales, nombrados por el juez de lo mercantil establecen la masa del pasivo y el valor razonable del activo, para deducir si existen elementos de culpabilidad.

Mientras tanto, la empresa ha ido perdiendo clientes y fondo de comercio, lo que la conduce fatalmente a la liquidación y a la subasta de sus activos ya muy deteriorados para atender a los trabajadores y al resto de los acreedores. El resultado, normalmente, es catastrófico. Después de algunos meses ya no hay nada que salvar de la empresa. ¿Qué hacer para salvar el tejido empresarial?

El juez José Mª Fernández Seijo (1965), del Mercantil nº 3 de Barcelona, y otros jueces, siguiendo su estela, han interpretado la ley para conseguir salvar el máximo de empleos y activos productivos.

Se trata, durante el proceso del concurso, de facilitar la venta de unidades productivas, es decir los medios humanos y materiales, la marca, los contratos o las instalaciones de la empresa a compradores serios que ofrezcan suficientes garantías de continuidad y mantenimiento de los puestos de trabajo .

A cambio el juez deja sin deuda a la empresa y con el producto de la venta de la unidad productiva paga, hasta donde pueda, a los acreedores. El juez establece un procedimiento ágil y transparente para que la subasta sea lo más justa posible.

En este sentido se ha establecido un acuerdo con el Departamento de Empresa y Empleo para que sea ésta la que publicite la oferta de unidades productivas a fin de dar condiciones de competencia --misma información-- a todos los contendientes. Parece que hasta ahora el procedimiento esté dando buenos resultados. Incluso, por informaciones periodísticas, parece que en la subasta de la Cínica del Pilar, prevaleció la oferta con menos dinero pero más mantenimiento de los puestos de trabajo.

¿Fallos en el nuevo sistema? En teoría podría parecer que con este procedimiento los acreedores comunes cobrarían menos que si se hubiera realizado todo el procedimiento completo. La realidad es que, de momento, no hay quejas porque la evidencia muestra que una empresa que recorre todos los pasos judiciales deja de tener valor para casi todo el mundo. Y los trabajadores son los primeros perjudicados.

Demos a estos magistrados el reconocimiento que se merecen porque con su imaginación y determinación consiguen que la crisis, para algunos, sea menos dramática.
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