Incongruencias intempestivas

Sin título

09 de marzo de 2009 (14:00 CET)

El 27 de febrero de 2009 la prensa económica informaba del compromiso de la Federación de Municipios y Provincias con el Gobierno para buscar solución a la falta de liquidez de las empresas suministradoras de bienes y servicios que no cobran lo que les deben.

El mismo día la prensa mencionaba el hito de la Junta de Andalucía al pagar, en los dos primeros meses de este año, 1.200 millones a sus proveedores liquidando unas 300.000 facturas. ¿Significa esto que si se quiere se puede? ¿Era la demora previa unamuestra de falta de recursos para atender a pagos inasequibles? ¿Se trataba de negligencia? ¿Quizá aparecieron recursos nuevos? Si se trata de lo último estuvo bien liquidar lo más antiguo antes de entrar en nuevos compromisos de gasto.

Diez días antes se aprobó la resolución cuyo título reza en siete líneas: "Resolución de 17 de febrero, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se determinan los requisitos de justificación de la obligación del pago efectivo de las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, según lo dispuesto por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación". El recordatorio es oportuno y, probablemente, necesario, pero ¿por qué se llega a una acumulación de facturas y certificaciones impagadas que cuestionan la viabilidad de empresas y empleos mientras hay superávit en el sector público?

Cuando la crisis avanza menudean manifestaciones y algaradas con la consigna de que la lucha paga y, un paso más, alguien  pide una huelga general para crear empleo. Si la medida funcionase y fuera cierto que no trabajar crea empleo eso justificaría dos o más huelgas generales pero, si no fuera así, siempre podría alegarse que no hubo un buen resultado porque la dosis aplicada fue insuficiente.

Si se pide una revisión de las indemnizaciones por despido alguien alega que si la empresa tiene dificultades, cuanto más fácil sea el despido más se despedirá. La indemnización por despido es un coste más en que se incurre, disuade más la tensión que genera la reducción de plantillas, el efecto desmotivador en quienes piensan que pueden ser los siguientes en perder el empleo, la imagen de mala gestión y planificación de quien despide parte del empleo que había generado. Quizá sea irrelevante que el hecho de que España, con las mayores indemnizaciones por despido, es el país con más tasa de paro o, tal vez, sea difícil apreciar que un despido –que aparenta ser una barrera de salida a la relación contractual– de hecho actúa como una barrera de entrada al empleo estable. El despido improcedente es rarísimo y su mayor coste no es la indemnización, sino el descrédito de quien procede por capricho. Las empresas están obligadas a anticipar contingencias futuras porque su actividad transforma costes actuales ciertos en ingresos inciertos que pueden cuestionar su continuidad. De ahí que recelen de contratar por tiempo indefinido, porque reducirlo con indemnizaciones, cuando, además, no hay crédito para esa finalidad, es el fin de la empresa.

La asignación eficiente de los recursos escasos se convierte en el gasto por el gasto cuando, tras el eslogan de estímulos a la actividad económica, se puede colar casi cualquier cosa.También muchos que critican la eficiencia gubernamental claman por una actuación resolutiva. Aun peor, las propias  Administraciones Públicas piden  recursos para más gasto nuevo cuando tienen pendientes de pago cantidades ingentes. Sin embargo está en su mano aliviar parte de las  dificultades en presencia facilitando la actividad con la agilización de concesiones que desbloqueen las licencias solicitadas y no concedidas, a pesar de que el periodo de resolución esté vencido. Pueden dar la vuelta a las trayectorias de aumento de exigencias de cumplimiento y costes de tramitación.
 
En su libro sobre la estupidez,  Carlo Cipolla deslinda entre el inteligente que beneficia a los demás y a sí mismo, el imbécil que beneficia a los demás mientras él pierde, el malvado que se beneficia perjudicando a los demás y el estúpido que perjudica a la vez a los demás y a sí mismo. La desmesura en las exigencias administrativas ayuda a la promoción de quien desarrolla las normas, complica procedimientos, reservan cotas de discrecionalidad, obliga a ampliar las plantillas de los negociados que gestiona y obtiene más poder, pero, de cuando en cuando, las restricciones a la eficiencia y la arbitrariedad se hacen patentes, la apelación al control que beneficia al conjunto  se desacredita, la molestia se convierte en afrenta, la protesta crece y acaba por volverse contra quien la genera. Una situación crítica puede afectar más a quienes viven del mercado que a quienes están a cubierto de sus contingencias, pero, como nadie está inmunizado frente a sus efectos,las buenas prácticas son la guía adecuada para todos.
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