Hepatitis C, cara y criminal

19 de febrero de 2015 (21:00 CET)

Contaba mi abuelo que a finales de los años treinta la penicilina y su precio, 1.000 pesetas, eran las únicas barreras para interrumpir el camino entre la pulmonía y la tumba. El coste equivalía al de un caballo. La historia parece repetirse hoy en España para los 30.000 pacientes de hepatitis C al borde de la cirrosis y cáncer de hígado, según calculan los expertos y que seguirán esa senda si no disponen de un fármaco llamado Sovaldi (sofosbuvir).

Cuesta unos 25.000 euros. Es decir, como un utilitario con todos los extras. Es el precio de la vida para estos enfermos, sobre un total de 700.000 afectados en España. En pleno gallinero electoral, los políticos se dan codazos para aparecer en la foto reivindicativa junto a ellos. Algunos grupos, como Podemos, abogan por expropiar la patente. El Ministerio de Sanidad y el resto de administraciones dan largas por si se aprueban más medicamentos y se abaratan los costes.

El desorbitado precio de este milagro farmacéutico, bautizado por algunos como la penicilina de la hepatitis, pone sobre el tapete, en tiempos de recortes y ajustes presupuestarios, si debe prevalecer el beneficio empresarial o el derecho a la salud de la población. Ambos intereses están enfrentados e incluso se ha denunciado y planteado la situación ante la Audiencia Nacional.

La farmacéutica dueña del producto, la estadounidense Gilead, defiende el derecho a rentabilizar la inversión en desarrollo en el menor tiempo posible. Los directivos han calculado que la alta eficacia del fármaco (desaparece el virus en el 90% de los casos), en comparación con otros como el del sida, asegura durante una década la venta de miles de millones de euros. Sólo en Europa se rebasarán los 10.000 millones de euros en 2015 y en Estados Unidos se tardará más de cinco años en tratar a los 1,7 millones de diagnosticados. El laboratorio lleva ingresados 8.5850 millones desde el 2012.

Está claro que las posibilidades de venta dependen de las de compra, a pesar de que, como denuncian algunos, se está presionando con movilizaciones de afectados, encierros y estudiadas campañas mediáticas para ganarse a la opinión pública. Tanto la ex ministra Mato, que ha pasado por la historia del ministerio sin enterarse ni  de dónde está el garaje (con jaguar o sin él), como su sucesor, Alonso, han llegado tarde.

Han nombrado un grupo de expertos por cuya independencia nadie da un chavo; no han elaborado aún la estrategia general para abordar la enfermedad; ni se han atrevido a cuantificar los pacientes en fase avanzada que precisarían el tratamiento. En teoría, el fármaco se financia desde el pasado octubre pero ha llegado con cuentagotas a los enfermos más graves (en lista de trasplante, cuando después persiste el virus o casos de cirrosis avanzada). La demora en recibirlo y el anuncio ministerial de que sólo 6.000 de ellos podrán optar al tratamiento ha hecho que la hepatitis C se cuele y mantenga en la actualidad política.

Algunos países avanzan más que España en este campo, sin contar Estados Unidos donde se denomina a sofosbuvir "la pastilla de los mil dólares", La India, conocida como la farmacia de los pobres por su producción masiva de genéricos a bajo precio sin reconocer patentes, constituye un ejemplo. En una negociación seria los precios podrían reducirse a la mitad, con lo que el gasto para las 150.000 personas que podrían necesitarlo en España rondaría los 2.000 millones de euros a repartir entre el Gobierno y las comunidades  que tienen transferidas las competencias.

La demagogia también es fácil: ¿qué es eso comparado con el rescate de la banca, las obras faraónicas de Gallardón o los aeropuertos de Camps y Bono? Nada inasumible, salvo que se persiga  que cada uno se costee su sanidad a través de pólizas y seguros y la asistencia pública sea la beneficencia como antaño.

Otro paso sería promover la emisión de licencias obligatorias que posibilitan la fabricación temporal como genérico, sin aguardar el plazo de 20 años en que una patente pasa a ser de dominio público. "El Gobierno deja morir cada día a 12 personas con hepatitis", claman los interesados. Pero está a la vista que la realidad es mucho más compleja que "Gobierno culpable" o  "los recortes matan", como enarbolan las mareas verdes. Demasiados intereses cruzados ponen en juego la vida de miles de personas en España y de millones en el mundo. Mientras, las urnas vienen de camino. Y ojo, como dijo alguien, "algunas las carga el diablo" y pueden pasar factura.

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