¿Hacienda somos todos?

Josep Huguet

28 de junio de 2014 (20:26 CET)

El inspector número uno Sr. Montoro contribuye a la Hacienda española con un plan de pensiones situado en una SICAV de Luxemburgo. Y del mismo autor, coprotagonista de la ley exprés, de aforamiento de Juan Carlos I de por vida, ahora llega el aplazamiento sine die, del debate sobre la nueva financiación autonómica, porque no hay las condiciones políticas. Un flagrante incumplimiento, no ya de los números consagrados en el Estatut que tanto dicen defender, sino de la misma letra, que obliga a renegociar una nueva financiación pasados cinco años de aplicación del modelo.

Pues bien, en este sugerente marco, ha aparecido la noticia que una organización de profesionales de hacienda (también desde la UE) ha propuesto que aflore la economía vinculada a la prostitución y a las drogas blandas. Algunos cálculos sitúan en 6.000 millones de euros anuales. Hablemos un momento de ello.

Siempre he defendido la legalización de la prostitución y del consumo de drogas blandas por varias razones. La primera, porque permite aflorar las centenares de miles de personas que usan un servicio o el otro y que, por lo tanto, permitiría que se les pudiera aplicar un seguimiento sanitario, tanto preventivo como curativo. La segunda, es porque permite minimizar o eliminar las redes de delincuencia que se expanden con actividades clandestinas y que provocan la extorsión proxeneta, la inmigración ilegal o la adulteración de la droga. La tercera, es porque puede lograr el acceso a los derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras del sexo y a buena parte de la red de venta de droga blanda. Y la cuarta, obviamente, es el afloramiento de un substancioso nicho de PIB que pagaría los consecuentes impuestos.

Nunca he entendido la hipocresía de los partidos de derecha y de ciertos sectores del feminismo de izquierda que propugnan el prohibicionismo, forzando a una más grande clandestinidad de estas actividades y a que su práctica emigre al patio de los vecinos, los estados fronterizos, donde sí que son toleradas o legales. Aquello tan hipócrita del catolicismo o del puritanismo rancio que también se aplica al derecho al aborto: en mi casa casa no; si se va a la del lado, miro hacia otra parte.

En España, el tema tiene, sin embargo, otras derivadas. La primera es que no es difícil calcular que la densidad de estas actividades ahora sumergidas es más alta en: territorios más poblados, territorios con más actividad económica, territorios turísticos, territorios fronterizos. Crucen los vectores y obtendrán qué comunidades autónomas logran el bingo. Una de las primeras es Catalunya. Y por lo tanto, la consecuencia sería que una medida del todo lógica aplicada en el seno de un sistema de financiación territorial ilógico, ofrece como resultado que se agrave el déficit fiscal estructural, que podría incrementar el 8% anual del PIB catalán en un 1% más.

El mismo informe de los inspectores sitúa el conjunto de la economía sumergida en el entorno del 20% del PIB español. Un fraude de 180.000 millones del que si sólo Hacienda fuera diligente al recuperar el 10%, ya podría regalar a Catalunya el Convenio Navarro de déficit fiscal cero; el último horizonte creíble que les queda a los promotores cada vez más desesperados de la Tercera Vía. Con todo, somos muchos los que nos gustaría conocer un informe serio sobre lo que podríamos denominar fraude legal, que es el que las grandes multinacionales y los grandes grupos del IBEX cometen al dominar todos los mecanismos que les permiten cotizar lo mínimo, muy por debajo de lo que hacen las pymes y los profesionales y trabajadores. Esta realidad cambia toda la física del iceberg: la parte emergida y que se evade legalmente y a la vista de todos, es muy superior a la parte sumergida. Eso sí, Hacienda somos todos, ¿no Sr. Montoro?

Macedonia

1. Finalmente veo que hay a quien le ha llegado el hartazgo. Las compañías de la Comunidad Portuaria del Puerto de Barcelona irán al Tribunal de la Competencia europea cuando se implante. Felicidades por esta iniciativa contra el peaje del 50% marca Curro Jiménez. Hace tiempo que pido que la Cámara de comercio y otros empresarios recurran al mismo Tribunal por el caso de la privatización parcial con centralización de AENA: un auténtico monopolio.

2. El Consejo Español de Competitividad inicia una gira mundial para reanimar la Marca España. Sólo una espesa trama de intereses creados entre oligarquía económica y cúpula política y burocrática podrían justificar que empresarios muy preparados y solventes puedan salir a dar la cara por una marca que es puesta en cuestión día a día por las prácticas generalizadas de corrupción, por el empeoramiento de los índices de pobreza y por el enquistamiento de un estado ineficiente e injusto territorialmente.

3. Los partidarios del no al referéndum de Escocia traen una oferta de amplios poderes fiscales para la nación Escocesa. Aquí los partidarios del no continúan sin reconocer el derecho a voto, con un sumatorio de amenazas que roza el ridículo. Todo lo contrario de lo que recomienda Michael Ignatieff, liberal y unionista canadiense: “Es esencial que España encuentre una salida democrática en las demandas catalanas, porque mientras no lo haga estará creando un problema de democracia a la Unión Europea”. España, ministro Fernández Díaz, con el enroque en el caso catalán y con la persistencia en la carencia de voluntad de descolonización ceutí y Melilla (agujero negro del yihadismo) es uno de los principales focos de desestabilización de Europa.
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