Google y el derecho al olvido

17 de septiembre de 2014 (20:00 CET)

Desde el 9 de septiembre en Madrid y hasta el 4 de noviembre, Google llevará a cabo siete reuniones públicas en toda Europa para debatir las cuestiones planteadas por el derecho al olvido.

Éste se plantea en casos en que alguien es estigmatizado por determinadas informaciones que aparecen sobre él a través de Internet. Ejemplos son el camping en el que sucedió una tragedia hace años y ahora su nombre aparece junto a imágenes de muertos carbonizados; el directivo que la pifió una vez, se hicieron eco los medios, y ya nunca más nadie lo contrató o alguien que ha aparecido en informaciones relacionadas con determinadas prácticas sexuales.

Casos como estos han originado peticiones a Google por ser el principal buscador de Internet, principalmente en Europa donde tiene una cuota en torno al 90%. Google ha desestimado sistemáticamente las peticiones de los usuarios por lo que algunas de las reclamaciones tomaron la vía judicial y, ante todo, se puso en evidencia la falta de normativa. De modo que los pleitos derivaron hacia los tribunales de la Unión Europea (UE). Desde mayo de este año los tribunales comunitarios han fallado en contra de Google, lo que ha puesto sobre la mesa un problema de gran trascendencia económica, política, social, jurídica, comunicativa y ética

Google no genera información, sino que la recoge de otros medios en la red. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene? Pues sí, las sentencias sostuvieron que lo que se informa en un sitio web individual no viola necesariamente el derecho a la intimidad. El hecho de que Google haga posible que millones de usuarios encuentren la página y establezcan un perfil más o menos detallado de una persona es lo que realmente puede afectar de manera significativa el derecho a la intimidad. Es decir, una información legal en un medio digital puede ser considerada ilegal dentro del resultado de la búsqueda de Google.

Ahora bien, este criterio no es compartido en Estados Unidos (EEUU). En definitiva, se está contrapesando el derecho a ser olvidado con el derecho a ser informado y Europa y los EEUU utilizan medidas diferentes. Allí no sólo la industria de Internet está en contra, también la tradicional. El New York Times dedicó un editorial a la sentencia de los tribunales europeos advirtiendo de que podría socavar la libertad de prensa y libertad de expresión y que dejaría a los lectores peor informados.

A partir de la sentencia la UE ha aprobado criterios al respecto. Quien se considere estigmatizado por las informaciones en Google debe dirigirse a esta empresa, que considerará caso por caso y aplicará los criterios mencionados por las normas y el tribunal de la UE que hacen referencia a la exactitud, adecuación, relevancia, tiempo pasado y proporcionalidad de enlaces.

La petición puede ser desestimada si Google concluye que determinadas causas, por ejemplo la relevancia pública del solicitante o el interés del público general a tener acceso a la información, justifican que se puedan mostrar todos los resultados de los enlaces en la búsqueda. En este caso, el demandante podrá dirigirse a las autoridades supervisoras o a los tribunales de cada país miembro.

Google se opone a la normas europeas, que de momento han originado más de 90.000 peticiones
. En las reuniones previstas hasta el 4 de noviembre, el buscacor ha convocado a Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, ex funcionarios expertos en privacidad y ex jueces.

Su interés no está en los casos particulares, sino en disponer de unos criterios generales, de la libertad on line y su propia reputación como proveedor de servicios neutral que no debe ser considerado responsable de los contenidos de terceros. Google no es el único responsable

El problema del derecho al olvido y el derecho a la información pone en evidencia otros del mundo de la comunicación. Además de casos flagrantes, los abogados consideran que el derecho al honor en la práctica no está resuelto. Otro tema es el del código ético de la información. Los colegios de periodistas tienen unos códigos éticos y se han hecho importantes avances pero a menudo la información parece dirigida por estrategias de agitación y propaganda.

Empresas e instituciones públicas disponen, gracias a Internet, de su propio aparato mediático y no hay un código ético que rija estas fuentes informativas. Pasa también que cualquier persona sin cualificación profesional puede crear con la facilidad que da Internet su propio medio de comunicación. Hay una calidad democrática que se traslada a los medios; un español no tiene las mismas garantías que un inglés, un francés o un alemán. Hay poderes; no tiene las mismas garantías un banquero que un oficinista; el director de un periódico o un maestro.

El problema es extraordinariamente complejo y además porque la sociedad de la información también va a más. Ahora bien, afirmaba el profesor Andreu Mas-Colell que preferiría llamar a la economía del conocimiento de otra manera: economía de la acreditación. Éste es y será un elemento esencial para el funcionamiento de los mercados económicos. Quizá la acreditación, la capacidad de sopesar la información por su importancia, sea el reto de todos: Google, los medios, las fuentes, los jueces y los usuarios.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad