Ficosa, el dinero público catalán y los 'coletas'

13 de noviembre de 2014 (00:00 CET)

En febrero de 2009, el gobierno de la Generalitat invirtió 50 millones de euros para salvar a Ficosa. Fue mediante una vía habitual en el mundo de los negocios, pero infrecuente en el sector público: un crédito participativo. Dicho de otra manera, el entonces consejero de Economía y Finanzas, el divino cátedro Antoni Castells, decidió inyectar el capital. Las condiciones eran que si la empresa no devolvía el préstamo, aquella cantidad se iba convirtiendo en capital, en acciones, por lo que todos los catalanes somos ya accionistas de la multinacional de accesorios de la automoción. ¿La razón? Ficosa no ha pagado su deuda con nosotros, como ha revelado en exclusiva este medio.

Ni el tripartito de entonces ni el gobierno desgobernado de Artur Mas actual han sido ni son grandes defensores de la transparencia real. Al contrario, alguien con coleta les diría que son la misma casta o, en fino, idéntica élite extractiva.

Esos créditos otorgados con nuestros impuestos son siempre una especie de secreto muy bien guardado. El grupo financiero público que está agrupado bajo el Institut Català de Finances (ICF) es también otro de los pozos de información reservada de la Generalitat. Al mantener una operativa similar al sector financiero, sus responsables apelan al llamado secreto bancario para no revelar a qué empresas, particulares, entidades o instituciones financian. Por supuesto, ni se les ocurre explicar quiénes de ellos no pagan esos préstamos. Puede entenderse que quien cumpla en la devolución del dinero pueda quedar salvaguardado del conocimiento público, pero es del todo intolerable que el incumplidor siga bajo esa misma incomprensible protección.

Ficosa no ha pagado y una parte de los 50 millones que invirtió el tripartido de José Montilla se han convertido en un 20% del capital. Dicho de otra manera, los catalanes poseemos a través de nuestra representación institucional máxima del Estado dos de cada diez acciones de la compañía.

Mientras, la empresa sigue manteniendo la opacidad informativa de siempre, con independencia de su capital público. Es obvio que el accionista mayoritario es la familia Pujol Artigas, muy vinculada a cierta confesión religiosa poco proclive a la transparencia, y que los japoneses de Panasonic han decidido entrar en el capital. Un capital que ha supuesto la salida del accionariado del otro grupo fundador (la familia Tarragona) a un precio, que pese a ser una empresa de participación pública, también desconocemos.

Los catalanes tan proclives a tomar decisiones propias igual debíamos preocuparnos algo más de qué vale esta compañía de la que somos accionistas y cómo está siendo gestionada. ¿Quién representa los intereses públicos en el consejo (si hay alguien) y cuánto nos cuesta? ¿Qué plan de negocio se está desarrollando y, sobre todo, si permitirá algún día recuperar el dinero público que sirvió para salvar puestos de trabajo y amamantar a una familia empresarial que lo hizo bien al principio y fatal en la fase final de su gestión? Que seamos un país pequeño no debería servir para prolongar opacidades por décadas. Con el caso Pujol hemos tenido suficiente.

Por cierto, los Pujol Artigas forman parte de los personajes relacionados con el sumario del caso de las ITV, que afecta al antaño todopoderoso Oriol Pujol Ferrusola y que le hizo desistir de la política. Quizá ustedes necesiten más datos, pero como dice el refranero popular “a buen entendedor, pocas palabras bastan...” Salvo para los políticos, es obvio, que hacen oídos sordos a estas peticiones de regeneración. Luego llegan otros con las coletas y les levantan la silla. Sólo por su actitud, algunos lo tienen merecido.
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