¡Es política, estúpidos!

15 de abril de 2014 (18:58 CET)

El problema del encaje de Catalunya dentro de España precisa de una solución que sólo puede venir de la mano de la política en mayúsculas.

Hay que dejar de lado las políticas partidistas y partir del reconocimiento de que hay un problema grave para tratar de tomar las medidas y efectuar los cambios legislativos que se precisen para solucionar un conflicto real.

Hace falta menos partidismo y más altura de miras. Ahora está más de actualidad con motivo de la muerte de Adolfo Suárez. La transición fue posible porque hubo unos dirigentes políticos, desde el propio Suárez a Santiago Carrillo, que supieron anteponer los intereses generales a sus propios intereses de partido. Es evidente que con costes personales, a nivel político, para las propias personas citadas anteriormente.

En Catalunya hay un problema que fue provocado por el fallo de un Tribunal Constitucional, carente en su momento de legitimidad (fruto de mandatos prorrogados, de impugnaciones de miembros, etc.), sobre el nuevo Estatuto de Catalunya. Sentencia que fue provocada por una demanda del PP, planteada claramente con motivos partidistas, que cuestionó tanto el acuerdo de los dos parlamentos, el catalán y el español, como la votación del pueblo de Catalunya que lo había ratificado.

El partidismo se impuso a la política. El nuevo Estatuto de Catalunya impulsado por el tripartito de Maragall tenía por objetivo establecer una renovada y actualizada relación con el Estado. La actuación del PP lo impidió. Objetivos particulares a corto plazo se impusieron a objetivos generales de calado. Hasta tal punto era partidista, que temas impugnados del Estatuto catalán son vigentes en los estatutos de otras comunidades aprobados posteriormente.

Esta situación ha ido provocando una importante desafección de Catalunya hacia el Estado, que ha crecido como consecuencia de la crisis y de las políticas recentralizadoras del gobierno del PP. Esto ha llevado al acuerdo del Parlament de Catalunya para proponer una consulta sobre cuál debe ser el futuro de la relación con el Estado.

Así hemos llegado al debate sobre el traspaso de la competencia del Estado de convocar referendos consultivos a Catalunya. Por desgracia, nos hemos encontrado ante un debate en el que algunos no han querido profundizar en la realidad del conflicto ni en sus posibles soluciones.

Durante el debate, tanto Joan Herrera, por ICV, como Joan Coscubiela, para la Izquierda Plural, e incluso Duran de CIU, plantearon la necesidad de que desde el Estado se propongan alternativas a las propuestas que vienen de Catalunya. Plantear una respuesta política, una respuesta que pueda ser fruto de un acuerdo y que se pueda llevar a consulta del pueblo catalán.

Se pidió y no se obtuvo respuesta. Y no vale decir que no se puede, que la ley o la Constitución no lo permiten. El arte de la política, en su mejor acepción es solucionar los problemas. La ley siempre va a remolque de la realidad y la política es la responsable de adecuar la ley a la realidad social.

Ni
CiU, ni el PP, ni el PSOE tienen derecho a hablar de soberanías, ni catalanas ni españolas, cuando han sido los que han cedido la soberanía para aplicar las políticas antisociales de la Troika. Hasta el punto de que PSOE y PP llevaron a cabo un cambio constitucional con nocturnidad y de espaldas a la ciudadanía.

Como plantearon los portavoces de las izquierdas alternativas catalana y española, los que han cedido la soberanía no pueden ser ahora sus defensores.

La mediocridad política puede provocar un grave enfrentamiento.

Es paradójico que un viejo político de la transición, uno de los padres de la Constitución, Herrero de Miñón, un hombre de derechas, persona que tiene todos los atributos para que no sea nada sospechoso, haya sido quien planteara una propuesta de compromiso que podría cubrir todos los aspectos como para ser una alternativa a la actual callejón sin salida.

Se trata de una propuesta propia de la política. Lo que propone Herrero es “aplicar a Catalunya una disposición similar a la que afecta a Euskadi y Navarra". Herrero propone que Catalunya disponga de "un instrumento de gobierno pactado con el Estado",  blindando las competencias económicas y financieras, educativas, lingüísticas y culturales. Y es "eso es lo que debería someterse a referéndum del pueblo catalán de acuerdo con el artículo 152.2 de la Constitución".

Es evidente que sólo se trata de una propuesta de compromiso. Nuestros representantes políticos, tanto españoles como catalanes, en especial los representantes de los gobiernos y de los principales partidos, deben entender que,cuando se quiere, se pueden encontrar fórmulas que permiten dar solución a cualquier confrontación.

La de Herrero podría ser una salida de compromiso para ambas partes. Sin duda dejaría a colectivos insatisfechos pero quizás podría aglutinar una mayoría en Catalunya y en el Estado. En todo caso, la consulta tendría la última palabra.

Es cierto, que también puede plantearse: ¿Y para llegar a este punto tan alboroto? Lamentablemente nuestros principales políticos han dejado pudrir una situación que debería haber tenido una solución mucho antes.

Lo que aún sería más que lamentable es que ni ahora fueran capaces de encontrar soluciones inteligentes enloquecidos por sus partidismos.

*Manel García Biel es miembro de la Comisión de Control Confederal de CCOO.
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