En estado de demolición

22 de agosto de 2014 (16:48 CET)

Hace unos días, Albert Sáez publicó en El Periódico un artículo extraordinario sobre lo que está pasando en Cataluña desde la revelación del fraude fiscal de Jordi Pujol: Caso Pujol, ¿Y cómo empezó todo? Me encantó la profundidad histórica de lo contado por Sáez, mucho más riguroso que las memeces publicadas por historiadores con título y jerarquía en mano.

Como ya he explicado en otro artículo, esos historiadores sólo sacan a relucir el caso en relación con el independentismo catalán y el supuesto país-mafia que es Cataluña movidos por su antipujolismo congénito, cuando no por un mal disimulado anticatalanismo. Sáez hablaba de algo más trascendente, que no sólo afecta a Cataluña, y que se resume en lo que a su modo de ver es la crisis --¿final?-- del sistema de poder impuesto por la transición. El famoso y elogiado consenso de la transición hoy se sabe que también fue escenario de muchas debilidades, la principal de ellas fue permitir el abuso de poder y la corrupción.
 
No es que me haya sorprendido que Albert Sáez escribiese ese artículo, lo conozco hace muchos años y sé de su inteligencia y honestidad, a pesar de que hayamos discrepado a rabiar. A lo sumo, lo que me sorprende es el medio donde publica su artículo. ¿Dónde va a publicarlo si él es el director adjunto de El Periódico? Claro está, aunque lo normal, lo establecido sin decirlo, es que los medios de comunicación actúen como si fueran bandas, en las que cada cual sabe qué intereses están detrás del papel o de los bits donde escribe. Lo exótico es la disidencia. Pero vayamos al meollo de lo escrito por Sáez sobre las debilidades de la transición, pues con toda cordialidad --y modestia-- quisiera aportar algo más.
 
La transición fue una patraña necesaria. Cuando uno lee algunos documentos conservados en los archivos gubernamentales norteamericanos --y servidor lo ha hecho en un viaje reciente--, enseguida se da cuenta de que el postfranquismo se empezó a planear mucho antes de que se establecieran negociaciones formales entre los reformistas del régimen y la oposición. No fue cosa de un calentón ni el resultado de un golpe de Estado, como ocurrió en Portugal.

Desde 1953, los EEUU buscaron la manera de superar la dictadura franquista con la complicidad de algunos jerarcas del régimen y de la oposición democrática moderada, lo que excluía a los comunistas pero integraba a los nacionalistas vascos y catalanes, incluyendo a esa ERC federalista que dirigía Heribert Barrera y que se puso en pie gracias al respaldo económico de la fundación liberal alemana Friedrich Naumann

Y digo bien, porque en aquel tiempo ERC no era ni por asomo independentista, como se puede constatar en el programa electoral de 1977 de la coalición Esquerra de Catalunya-Front Electoral Democràtic que constituyeron ERC, el PTE de Joan Antoni Sánchez Carreté (quien después estuvo en la órbita de CDC y fue el encargado de los impuestos del expresident desde los primeros años 80) y Estat Català, todos ellos partidos aún ilegales, y que incluso divulgaron propaganda en castellano sin ningún reparo.
 
Si alguien esperaba que la administración norteamericana, o los “amigos” europeos, actuasen de otra manera es que vivía --y aún vive-- en el limbo. En esos papeles, repletos de informes sobre lo que pasaba en España y con un sin fin de informantes, algunos bastante sorprendentes, Jordi Pujol sale citado más de una vez. Incluso hay un largo informe sobre su detención y tortura que también valora su potencialidad como alternativa a la oposición comunista en Cataluña, entonces muy fuerte y organizada. La embajada norteamericana y el consulado en Barcelona indagaron sobre Pujol haciendo preguntas incluso a la Abadía de Montserrat. No andaban mal encaminados, ¿verdad?

Aunque haya habido quien se ha atrevido a escribir, aun siendo historiador, que lo de la detención fue algo casi buscado por el mismo Pujol (¡y especialmente por su mujer!) para planificar la trama corrupta familiar que tendría lugar treinta años después, está claro que resulta increíble, tan increíble como las acusaciones estalinistas dirigidas contra los procesados en Moscú en 1937. Pura satanización del enemigo aprovechando su caída sin aportar prueba alguna. 

Lo sucedido entonces, en 1960, no predisponía para nada a lo ocurrido ahora con Pujol, hacienda o el presunto enriquecimiento ilícito de su prole. Lo que se pactó en la transición, en cambio, sí que explica algunas cosas que ocurren hoy en día entorno a los partidos políticos, su financiación y las ganancias que proporcionan a terceros. Se supone que sin quererlo se abrió la puerta a la posible corrupción.
 
A los norteamericanos no les han gustado nunca los sobresaltos y menos todavía en el flanco mediterráneo. Además, claro está, de temer las consecuencia de la violencia política, que entre 1975 y 1983 alcanzó en España, según Mariano Sánchez Soler en La transición sangrienta, los 591 muertos, víctimas del terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, de la guerra sucia y de la represión.

Los datos son demoledores y desmienten esa transición pacífica que inventó la clase dirigente española y que el mundo compró. La investigación llevada a cabo por Mariano Sánchez detalla el origen de cada uno de esos 591 asesinatos. Los grupos incontrolados de extrema derecha causaron 49 muertos; los grupos antiterroristas asesinaron a 16 personas, principalmente del entorno de ETA y el GRAPO; la represión policial le costó la vida a 54 personas; 8 personas fueron asesinadas en la cárcel o en comisaría; 51 murieron en enfrentamientos entre la Policía y los grupos armados; ETA y el terrorismo de izquierdas asesinó a 344 y el GRAPO a 51. 

¡No está nada mal! El temor a la violencia política sirvió para justificar los déficits democráticos del nuevo sistema, empezando por el control de los recursos del Estado asignados a la lucha antiterrorista. Nadie lo sabe mejor que José Amedo o el propio Ministro del Interior entre 1982 y 1988, el socialista José Barrionuevo.
  
Lo apunta Sáez, y me parece acertado: “Del franquismo, la transición se quedó con el jefe del Estado, pero también con las élites de funcionarios y de empresarios que garantizaron la continuidad de una determinada manera de hacer las cosas a favor de unos determinados intereses.”

Esa es la famosa “casta” que ahora se critica con razón, que la transición amplió con los partidos de tradición democrática --lo que en este caso concreto también incluye a los comunistas y a los que dejaron de serlo para incorporarse al PSOE justo cuando llegó al poder en 1982-- para pactar una democracia low cost permitiendo que siguiese la corrupción anterior de los franquistas e imponiendo un sistema de financiación de los nuevos partidos que abrió la puerta a todo tipo de arbitrariedades y maldades siguiendo la consigna de Juan Guerra --“Ahora nos toca a nosotros”-- que su correligionario Luis Roldán llevó al paroxismo. Y ¿qué decir del Rey? Está bastante probado que la familia real se auto compensó con creces por los servicios prestados entonces.
 
El invento de la transición se consume por sus defectos. La gente está bastante harta de que la dirijan de una determinada manera, de que se tomen decisiones sin consultarle. Y este es el valor que tienen, aunque sean de naturaleza distinta, fenómenos como el de Podemos o el movimiento soberanista catalán. Ambos surgen, como expuse en una entrevista publicada recientemente, del desencanto por parte de la generación que no protagonizó la transición ante la corrupción y el inmovilismo del sistema impuesto por sus padres.

La revuelta popular contra la casta de la transición sortea los miedos de entonces y las amenazas actuales porque busca realizar sus sueños aún a sabiendas que tendrá enfrente al Estado. Un Estado débil, sea dicho de paso, y no precisamente por la amenaza separatista, como se dice ahora. Los casos Fidecaya (1981), Rumasa (1983), Filesa (1991) KIO (1993), Roldán (1993), Banesto (1993), Gescartera (1993), Urralburu (1994), Ibercorp (1994), Pallerols (2005), Palma Arena (2007), Gürtel (2009), Pretoria (2009), Millet (2009), Nóos (2010), los ERE en Andalucía (2011), Bankia (2012), Bárcenas (2013) y este de la familia Pujol Ferrusola (2014), demuestran hasta qué punto la demolición del Estado pergeñado durante la transición es un hecho. 

Todos los partidos están implicados de una manera u otra en estos casos. Lo digo porque seguramente lo que está en crisis no es sólo el modelo de Estado. Lo que está en crisis es el sistema de representación. O sea, la democracia. Ahí es donde adquieren valor Pablo Iglesias y Ada Colau pero también Muriel Casals y Carme Forcadell.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad