El problema no es el Estado, es su tecnoestructura

23 de febrero de 2013 (16:38 CET)

Si de algo sirve una crisis económica es como agente precipitador o detonante para aflorar determinadas miserias. En sentido amplio, la crisis que vivimos ha coincidido con la revelación de la corrupción sistémica que azota amplias capas del sector público y no menos del privado, para subrayar la sobredimensión de algunas áreas del ámbito público y, sobre todo, para arrojar luz sobre sus ineficiencias.

Hay mucho ruido (no confundir con debate en profundidad) sobre la estructura del Estado. Una discusión que casi siempre presenta una perspectiva cenital. Es decir, lo que se comenta de manera principal es quién y cómo debe dirigirse. Muy pocas veces habrán escuchado o leído reflexiones sobre cómo debe funcionar y qué grado de eficiencia es exigible desde una perspectiva de mera ciudadanía.

El Estado, entendido como el entramado administrativo que rige la cosa pública, ha desarrollado en los últimos años una tecnoestructura devoradora más peligrosa que las denominadas élites extractivas, como se ha dado en llamar a la casta política en los últimos tiempos.

En ese fenómeno están incursos todos los niveles de administración, sean locales, comarcales, autonómicos o central. La tecnoestructura está tan presente en la Generalitat de Catalunya como en los aledaños de La Moncloa. Actúa como un pseudoparásito del aparato estatal y desarrolla un poder omnímodo en demasiadas ocasiones. Paradoja: nos dotamos de ella para protegernos democráticamente y quizá ahora debiéramos protegernos de ella.

Les explicaré un caso: el del derrumbe del grupo turístico mallorquín Orizonia. Las empresas de la familia Fluxá pasaron a ser propiedad del grupo de capital riesgo estadounidense Carlyle, que las ha esquilmado (con una pésima y arrolladora gestión financiera) desde finales de 2006 hasta la fecha. Carlyle, que también es propietario de Applus , ha ejercido lo que sabe: capitalismo en estado puro, sin el más mínimo rostro humano y, por su puesto, indiferente a las 5.000 familias que se quedan en la calle tras la quiebra del gigante empresarial. Y claro, ajeno del todo a los proveedores damnificados (hoteles, suministradores, agencias de viajes...) y a los clientes que se han quedado por el mundo de viaje, a punto de emprenderlo, etcétera.

Hubo un atisbo de solución de esta crisis empresarial. Un competidor, Globalia (Air Europa, Halcón Viajes, Travelplan, Viajes Ecuador...), de Juan José Hidalgo, hizo una oferta para quedarse Orizonia. Es más, de los 60 millones que comprometió, 15 los puso encima de la mesa. Se quedaba todo el grupo y salvaba, al menos momentáneamente, la continuidad. La operación tenía el visto bueno de comprador y vendedor y fue puesta en conocimiento del Gobierno. Sólo necesitaba superar un trámite: la aprobación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), un organismo público independiente que garantiza y preserva la competencia en el mercado español.

Cualquier gran fusión, operación de concentración o análoga debe ser revisada para evitar la creación de monopolios y de posiciones de dominio de mercado. Y hay una persona clave en ese organismo, la directora de investigación, Clara Guzmán Zapater. Esta señora, una representante insigne de esa tecnoestructura del Estado antes aludida, tiene la facultad de avanzar o retrasar el visto bueno de un proceso sólo con solicitar más o menos documentación, más o menos exigencias de información a las partes.

Orizonia se ha desmoronado porque Carlyle la desventró. Y no se ha podido salvar porque Guzmán no ha sido diligente. Me consta que Hidalgo le pidió rapidez. Incluso le pidió permiso para entrar a gestionar el grupo y poner el resto del dinero. Pero ella, toda una directora de investigación de la CNC rehuyó cualquier compromiso sobre cuál iba a ser su resolución final. Fabuloso, cuando la señora Guzmán acabe sus investigaciones y eleve su dictamen sobre la posibilidad de que Globalia se quede con Orizonia, el comprador no estará interesado y lo que se iba a vender no existirá. Los trabajadores del grupo, sus proveedores, los viajeros frustrados y hasta la clase política deberían darle las gracias. Lo ha bordado.

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TRATAMIENTO SEMANAL DE CHOQUE:

>> Supositorio matinal: A Xavier Martorell. Tipos como él han dejado anacrónica la definición de Barcelona de Eduardo Mendoza como ciudad de los prodigios para convertirla en una capital más próxima al perfil detectivesco de Vázquez Montalbán y su Carvalho. La ciudad de los espías podríamos llamarla. El listado de las investigaciones de Método 3 no tiene desperdicio. Los padres de Arantxa Sánchez Vicario investigando al yerno, medios y periodistas, empresarios, políticos. Las investigaciones de la agencia de detectives trascendían operaciones mercantiles entre empresas. La necesidad de tener información sobre el adversario parece haberse convertido en una práctica extendida en la sociedad barcelonesa.

>> Supositorio nocturno: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha recibido ya la exposición razonada de la magistrada del juzgado número 9 de instrucción de Barcelona en la que se solicita la imputación del secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol Ferrusola, por su presunta implicación en el llamado caso ITV. Se le considera cooperador necesario de la trama. Ahora, el TSJC debe establecer quiénes son los tres magistrados que constituirán la sala de admisiones, que con informe previo del Fiscal General de Catalunya, deberán decidir si se imputa o no al hijo del ex presidente de la Generalitat. Germà Gordó tiene trabajo...
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