El poder catalán en España

14 de marzo de 2016 (01:00 CET)

La reciente elección de Josep Maria Álvarez como nuevo secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), marca el fin del en exceso prolongado mandato –¡nada menos que 22 largos años!- de Cándido Méndez al frente del sindicato fundado el 12 de agosto de 1888 en Barcelona.

Al mismo tiempo la elección de Álvarez como máximo líder ugetista demuestra la existencia de una renovada presencia de ciudadanos de Cataluña en algunos de los más importantes centros de poder social de España.

Conviene recordar que quien preside la gran patronal española, esto es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), es desde hace ya seis años el catalán Joan Rosell, y que su primer presidente fue, de 1977 a 1984, otro catalán, Carles Ferrer Salat.

Es oportuno recordar también que desde 2014 el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España es otro destacado empresario catalán, Josep Lluís Bonet Ferrer.

Nadie puede cuestionar el más que considerable peso específico que Cataluña tiene en el poder empresarial, económico y financiero español. Al respecte baste citar tan solo, sin ánimo alguno de intentar ser exhaustivo, los nombres de Isidre Fainé, Josep Oliu, Salvador Gabarró, Antoni Brufau, Jorge Gallardo, Víctor Grífols, José Manuel Lara…

Por último, no se debe olvidar que una de las dos nuevas formaciones políticas emergentes en España –Ciudadanos, que según señalan las últimas encuestas publicadas, es la que por ahora parece con mayores posibilidades de crecimiento electoral inmediato- fue creada precisamente en Cataluña y tiene como líder a Albert Rivera, catalán él también, como lo es buena parte de la dirección.

Todos estos son hechos incontrovertibles, por mucho que desde las posiciones más radicales del secesionismo catalán quieran negar a reconocerlos.

Es muy cierto que durante estos cuatro últimos años el peso político de Cataluña en España ha caído bajo mínimos. Por desgracia ahora quedan muy lejos ya los tiempos de la presencia de destacados ministros catalanes en los gobiernos de Felipe González –Narcís Serra, Ernest Lluch, Joan Majó o Josep Borrell-, de José Luis Rodríguez Zapatero –José Montilla, Joan Clos, Carme Chacón o Celestino Corbacho-, o incluso de José María Aznar –Josep Piqué, Anna Birulés o Julia García-Valdecasas-, con la única presencia, en los gobiernos de Mariano Rajoy de estos años, del catalán Jorge Fernández Díaz.

No obstante, lo peor de la pérdida del peso político de Cataluña en el conjunto de España se debe a la incomparecencia deliberada de los partidos nacionalistas, tanto la ya fenecida Convergència i Unió (CiU), reconvertida ahora en Democràcia i Llibertat (DiL), como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Con su viaje a ninguna parte que constituye su apuesta por la independencia de Cataluña, el nacionalismo catalán se ha borrado de la política española.

No obstante, y por suerte, Cataluña no está representada en España tan solo por el secesionismo. Y esto se demuestra con la renovada presencia catalana en los centros de poder empresarial, sindical, político y financiero de España. 

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