El inmenso desbarajuste autonómico

13 de diciembre de 2013 (20:08 CET)

El pasado miércoles entró en vigor la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Lo ha hecho sin ruido, casi a hurtadillas y con escaso eco informativo, pese a que afecta a una miríada de empresas y actores de la vida nacional.

El preámbulo de la flamante prescripción afirma que “la unidad de mercado constituye un principio esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española”. Recuerda que dicho principio tiene su reflejo en el artículo 139 de la Constitución. Éste “expresamente impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”.

Reseña asimismo que la organización administrativa del Estado ha significado en los últimos lustros una formidable descentralización, con el traspaso de múltiples competencias a las comunidades autónomas y las entidades locales. Pero a continuación, el legislador reconoce su propio fracaso y admite que ese proceso ha desembocado en una indeseable fragmentación del mercado.

Tal fraccionamiento dificulta la competencia efectiva, desincentiva la inversión y tiene el pernicioso corolario de reducir la productividad y la competitividad. En definitiva, impide el crecimiento económico y la tan necesaria generación de empleo.

Así pues, la ley pretende, “sobre la base del pleno respeto a las competencias de las distintas Administraciones, garantizar que en España exista un único mercado”. Se trata de una misión que se me antoja poco menos que imposible.

Lo primero que hay que decir sobre el novísimo precepto es que a estas alturas del siglo XXI todavía existen barreras al libre tráfico de bienes y servicios. España pertenece al mercado común europeo desde hace casi treinta años. Todas las empresas y ciudadanos de nuestro país pueden instalarse en cualquier otro sin problema alguno. Sin embargo, ocurre que las compañías de una comunidad autónoma no pueden vender sus productos en la vecina sin cumplir a rajatabla la catarata de controles de esa última, que con harta frecuencia difieren de los vigentes en la región de origen.

A este respecto, cabe subrayar que desde 1978 hasta nuestros días, el Estado ha aprobado más de 37.000 leyes, decretos, órdenes, circulares y otras normas de rango menor. A su vez, las autonomías parecen sufrir también idéntica diarrea ordenancista, y han promulgado el doble, más de 82.000. En esta rúbrica, Catalunya bate el récord a la hora de inmiscuirse hasta en los más nimios detalles de la existencia de la gente, con 10.100 reglamentaciones, que doblan las de Madrid y Valencia y triplican las de Baleares. En resumen, el conjunto de las Administraciones lleva dictada la friolera de 119.000 disposiciones de obligado cumplimiento, aunque a todas luces sean de imposible digestión.

Maraña indescifrable


Es notorio que semejante aluvión constrictivo ha acabado pesando como una losa sobre las empresas y sobre las personas. Hay ejemplos a millares. Por citar uno concreto, que se lo pregunten a la multinacional Ikea. Esta compañía sueca quiere abrir varias tiendas en España, cada una de las cuales supone una copiosa inversión y la creación de centenares de puestos de trabajo. Pues bien, los gestores de Ikea se echan las manos a la cabeza cada vez que pretenden levantar un nuevo centro, porque han de escudriñar 17 estatutos comerciales distintos, uno por cada autonomía. Las Administraciones se erigen así en muros infranqueables, que coartan y restringen la libertad de los emprendedores hasta cotas inauditas.

Nos hallamos ante una auténtica orgía de dirigismo boscoso, discrecional y a menudo arbitrario y chapucero, que el común de los mortales es incapaz de asimilar. Esta intrusión intervencionista no es exclusiva de una u otra formación política en España. Todos los partidos que han ejercido responsabilidades de gobierno incurrieron en la misma fruición sojuzgadora.

Aquí nadie está libre de culpa. Pero es especialmente llamativa la furibunda ansia de entrometimiento de las autonomías. Cada una va a lo suyo y excreta montañas de supuestas tutelas, sin importarles un comino las funestas consecuencias que puedan acarrear.

El nefasto corolario de este maremágnum disciplinario es que el mercado nacional se ha compartimentado y dividido en
17 mini-estados, cada uno con sus propias reglas, a mayor honra y gloria de los caciques locales, que devienen así una especie de califas de sus respectivos taifas.

Mientras Europa tiende a uniformar sus cuadros legales cada vez con más energía, por estas latitudes celtibéricas los políticos van instalando portazgos de corte medieval en cada linde autonómico.

Las pautas que acaban de estamparse en el BOE encierran un principio medular. El de la licencia única. Por él bastará que una empresa cumpla los códigos del territorio donde radica su sede, para comercializar sus productos en cualesquiera otros, sin tener que pasar por tantas horcas caudinas. Para que las empresas ejerzan esa libertad, les brinda el apoyo de la Comisión de la Competencia, a la que podrán acudir cuando los burócratas de turno les asfixien con trabas ilícitas.

La Ley de Garantía de Unidad de Mercado parece ir en la buena dirección, siquiera sea con timidez. Pero su éxito no está asegurado, ni mucho menos. Más bien al contrario. De entrada, el Gobierno de Artur Mas ya ha alzado su voz acusándola de que invade sus propias competencias, y anuncia que tomará providencias urgentes para dinamitar su aplicación. El vuelo gallináceo de algunos políticos alcanza cotas que serían risibles, si no atentasen contra la convivencia y el normal desempeño del pueblo llano.

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