¿El Gobierno afronta, por fin, una reforma de verdad?

09 de marzo de 2014 (18:44 CET)

Este último viernes el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley sobre Reestructuración y Recapitalizacion de la Deuda Empresarial. La deuda que todavía acumulan las empresas es uno de los problemas principales de la economía española.

Algunos datos. Actualmente es del 130% del PIB; en 2010 era del 143%. Las empresas deben 1,3 billones de euros a la banca. En otras palabras el nivel de apalancamiento medio de nuestras empresas es de 5,5 veces el Ebitda, el doble que en Francia y Alemania. Por norma general y en función del sector, los bancos no conceden crédito a empresas cuyo ratio sobre Ebitda sea superior a 3 veces.

Por tanto estamos en niveles muy alejados de lo normal y es lógico que se intente corregir el desequilibrio. El objetivo que se ha marcado el Gobierno es que se refinancie -bajo otras bases- el 10% de la deuda privada, es decir, 130.000 millones de euros.

Históricamente las empresas españolas han recurrido al crédito bancario para financiarse a corto plazo y también a largo. Ha faltado capitalización, a veces por falta de instrumentos financieros (mercado de capitales) y porque las empresas se han acostumbrado a crecer vía crédito, especialmente, cuando la economía española entró en el euro, los intereses cayeron, con una gran liquidez por parte de la banca, que se endeudó para crecer.

Todo ello amenizado por una fuerte competencia entre entidades financieras -las cajas entraron en la financiación a las empresas- por ganar dimensión. Y no sólo en el inmobiliario. Ante esta oferta de fondos, las pymes trabajaron con 5, 7 y hasta más de 10 bancos al mismo tiempo.

Este mecanismo de crecer vía crédito explota con la crisis, y una de las consecuencias es que la banca deja de prestar, y la otra es que "ya no existen tantos bancos" debido a la consolidación. A partir de aquí se crea una espiral de no crédito, morosidad alta, insolvencias empresariales, destrucción de empresas y, en definitiva, de tejido empresarial.

La crisis va para largo, y aunque tarde, el equipo económico -veremos que dice el Banco de España- se ha dado cuenta que había que revertir la tendencia y facilitar la refinanciación de la deuda. Y la verdad es que las medidas del RDL son de enorme calado. Sin pretender ser exhaustivo mencionare algunas que me parecen especialmente relevantes, pero les recomiendo leer el texto completo.

El objetivo fundamental es disminuir el ratio de endeudamiento y la fórmula más eficaz y rompedora es convertir deuda en capital. Y permitir que así las empresas sean viables. La Ley de Procedimiento Concursal, a pesar que ha ido mejorando a lo largo de la crisis, junto a la buena gestión de algunos jueces del Mercantil, no ha impedido que el 90% de las empresas que entraban en concurso terminarán cerrando.

Los bancos siempre se han resistido a convertir deuda en capital, por varias y justificadas razones. Los bancos no están preparados para atender y entender problemas de las empresas en el mercado. Les gusta prestar a corto plazo, ir controlando el riesgo, cobrar comisiones, y no inmovilizar recursos. A los bancos tampoco les gusta entrar en el capital de las empresas, especialmente Pymes, por su indudable conflicto de interés entre ser prestador y receptor de fondos.

La regulación del Banco de España esta penalizando fuertemente las participaciones accionariales, con requerimientos de nuevo capital.

El RDL encarga al Banco de España que levante esta restricción. Aquí puede aparecer un primer problema con las normas Basilea. El RDL también acepta que el banco que aporte dinero nuevo pase por delante de otros acreedores, a  excepción, parece, de Administraciones Pulicas y trabajadores, si finalmente se aboca al concurso. Se flexibilizan muchos procedimientos. Se va a necesitar solo el 51% del volumen de acreedores para, entre otras, esperas hasta 10 años; conversiones; préstamos participativos; o dacion en pago.

Se suspenden las ejecuciones judiciales por cuatro meses, no se necesita experto independiente, sino auditor, para certificar la mayoría exigida. Se prorroga a un año la necesidad de pedir la disolución por pérdidas. Se elimina la OPA de exclusión. Todo parece indicar que finalmente va a ir en serio la necesidad de abordar la refinanciación de las empresas.

A los bancos les puede ir bien si logran compensar las nuevas necesidades de provisiones de capital requeridas por participar en el capital de las empresas, con la liberación de provisiones que han venido haciendo, y continuarán haciendo, al refinanciar empresas, provisiones que no han dejado de crecer. El RDL podría mejorar sustancialmente si se introdujeran tres elementos que me parecen necesarios.

Primero. Habría que evitar al máximo que las empresas entren en concurso de acreedores. Que se judialice la solución a los problemas empresariales. Los juzgados de lo Mercantil deberían ser de segunda instancia, para casos conflictivos. Debería utilizarse una figura parecida al arbitraje en desacuerdos mercantiles. Los Colegios de Economistas pudieran ocuparse de favorecer soluciones amistosas antes de recurrir a la vía judicial. Los colegiados habilitados al respecto también podrían dirimir si una empresa puede ser viable. Los colegiados de turno de oficio y expertos financieros en reestructuraciones tienen ya una larga trayectoria en esta materia.

Segundo, los bancos deberían también habilitar, por mucho que no les guste, unos expertos en temas empresariales. Para poder compartir los órganos de gobierno, orientar a la empresa y, en especial, buscar la senda para que la banca pueda salir de estas participaciones que no son de su vocación.

Tercero. La deuda a Hacienda y Seguridad Social queda excluida de la negociación. ¿Qué pasa con aquellas empresas que tienen negociada la deuda con la banca y no pueden continuar porque las Administraciones Públicas no pueden negociar?

Se plantearan muchos más problemas de aplicación. Pero el camino es el correcto. Veremos si nuestro país es capaz de reformar, en serio
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