El flotador de Javier Monzón acabó pinchado

30 de enero de 2015 (00:00 CET)

Hay ejecutivos que viven de sus capacidades de gestión, otros de rentas, algunos de su imagen personal y un último grupo que lo hace gracias a su agenda de contactos. Es el caso del destituido Javier Monzón, hasta ayer presidente de Indra, la primera empresa española de tecnologías de la información.

En su lugar, el Gobierno (a través de la SEPI), Telefónica (nuevo accionista) y los March han decidido situar a Fernando Abril-Martorell, un gestor que ha ejercido funciones de alta dirección en la propia Telefónica y en Grupo Prisa.

La marcha de Monzón era la crónica de una salida anunciada. Salvo para él y para algunos de sus colaboradores directos, que se empecinaban en mantener su discutida figura directiva por encima del mal y el bien y muy próxima siempre al Rey Juan Carlos, de quien se sospechaba que le había apoyado para la continuidad en alguna ocasión.

Pero si hasta el Rey se vio obligado a abdicar, ¿cómo iba a permanecer después de 22 años Monzón al frente de una empresa tan valiosa y estratégica para el país? Las acciones del grupo se habían depreciado en los últimos tiempos por la política de internacionalización llevada a cabo y que no había dado los resultados esperados. Monzón, que llegó de la mano de Felipe González, había sobrevivido a José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y pensaba hacerlo también con Mariano Rajoy.

Hay flotadores que son de alta calidad, pero el uso es implacable. Y, al final, se pinchó el que sostenía a Javier Monzón frente a una compañía que suministra alta tecnología para la defensa española y los servicios secretos y la seguridad del país. El presidente destituido era un político y sabía jugar esa baza en cada una de las actuaciones que desarrollaba. Basta recordar cómo consiguió penetrar en el mercado catalán de la administración pública al comprar a un precio desorbitado la empresa de uno de los hijos del ex presidente Jordi Pujol, en concreto la consultora Europraxis, uno de cuyos socios era Josep Pujol Ferrusola, por cierto exiliado profesionalmente a América desde que comenzó el escándalo que afecta a su familia. Para paliar su desencanto por la destitución, Monzón se llevará 16 millones de euros para consolarse.

La SEPI posee el 20,1% del capital heredado de la antigua Caja Madrid. Telefónica ha tomado esta misma semana el 3,16% (que ampliará hasta el 6%) y Corporación Financiera Alba, de la familia March, controla otro 10%. La gestión de Abril Martorell bajo ese núcleo duro de accionistas se orientará muy probablemente a proteger la compañía de posibles operaciones hostiles que pusieran una parte de la tecnología española más sensible en manos de algún fondo de inversión extranjero. Eso que parece una gran jugada ha sido un riesgo latente durante los últimos meses a medida que se desplomaba el valor de los títulos de Indra. Algo que jamás hubiera pasado en Francia o Alemania, pero que en España podría haber sucedido amparado por un directivo bien conectado con algunos resortes del poder político y más preocupado de su futuro que de tener una visión global del país.
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