El final de La Caixa o su privatización patrimonial

30 de abril de 2014 (13:30 CET)

Con la ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias se pone punto y final a la centenaria historia de estas instituciones financieras.

Desde el tiempo del ministro Solchaga, tanto el PSOE como el PP y muchos poderes económicos y mediáticos, no han ocultado su interés en reducir o eliminar estas entidades, para ellos anómalas.

A pesar de todo, ha tenido que llegar la crisis de la burbuja inmobiliaria y una atrevida actuación previa por parte de muchos de los directivos de las cajas para hacerlas entrar en crisis. Podríamos hablar mucho del tema y llenar muchas páginas, pero lo que está claro es que el poder político no ha buscado otra alternativa que eliminarlas. Incluso han recurrido al tópico de la imposición de la UE, obviando que sin ir más lejos, en Alemania, Merkel ha defendido y mantenido unas cajas en situación muy parecida, sino peor, que las españolas.

Es evidente que ha faltado voluntad política de mantener unas entidades que cumplían una función diferente a la de la banca privada. Se podría haber optado por racionalizar y reestructurar, pero ha predominado el interés de hacerlas desaparecer. Se inició con los procesos de "fusión fría" o SIP, después con la gestión financiera indirecta y, finalmente, por esta ley que pone punto y final incluyendo a las entidades bien gestionadas.

Lo más sorprendente de esta ley de "punto final" es que convierte las cajas, propietarias de entidades solventes, en unos patronatos omnipotentes que no deben dar cuentas de su gestión a nadie, exceptuando a los supervisores económicos y políticos de turno. Se convierten así unas entidades de origen social, que rendían cuentas ante representantes de esta sociedad según establecía la ley, en unos patronatos que lo hacen a sí mismos. En definitiva, con esta última ley se deja el patrimonio de las cajas en manos de un patronato, en la mayoría de los casos, controlado por antiguos directivos de las propias cajas.

El caso de La Caixa es el más evidente de esta privatización patrimonial. Y, el más importante, ya que se trata de la caja que controla una de las principales entidades del oligopolio financiero, como es Caixabank.

En este caso, hay que decir, además, que las competencias sobre la entidad han pasado de la Generalitat de Catalunya al Ministerio de Hacienda sin que el Govern de Artur Mas, tan partidario por otra parte de crear "estructuras de estado", haya dicho ni media palabra.

También hay que decir que, curiosamente, por una vez, el Gobierno del Estado no ha hecho caso a Bruselas acordando, con los votos de PP y PSOE, una enmienda de CiU que permite que los máximos directivos de los patronatos puedan mantener el cargo en el banco que realiza su actividad financiera hasta el 30 de junio de 2016. Esta enmienda beneficia personalmente a los presidentes de La Caixa, Isidro Fainé, y de Unicaja, Braulio Medel.

No es de extrañar. Isidro Fainé ha sido, en su calidad de presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, un interlocutor imprescindible de los diversos gobiernos en todo este proceso. Y, es evidente, que tenía algunas metas muy claras: la pervivencia de su entidad financiera, el mantenimiento de un aspecto o referencia social y su control sobre la entidad. Y lo ha conseguido plenamente.

Hay que reconocer la capacidad estratégica y la sutil inteligencia de que ha hecho gala el presidente de La Caixa en la consecución de unos resultados que le otorgan un control pleno de la nueva fundación, del holding de participaciones industriales, Criteria, y de la entidad financiera, Caixabank.

La configuración del nuevo patronato de la fundación bancaria La Caixa está perfectamente diseñado y formado en su mayoría por personas afines y vinculadas personalmente y/o por intensas relaciones económicas con el presidente Fainé.

Así vemos entre los 15 patronos que formarán parte, junto con Fainé, de la fundación nombres como César Alierta (presidente de Telefónica, donde Fainé es vicepresidente y Caixabank principal accionista ), Carlos Slim (Inbursa con participación de Caixabank), Salvador Alemany (Abertis, donde Caixabank es el principal accionista), Javier Godó (presidente de La Vanguardia, vicepresidente de La Caixa y consejero de Caixabank), Jaime Lanaspa (hasta ahora director de la Fundación La Caixa y estrecho colaborador y viejo amigo de Fainé), Alejandro García -Bragado (secretario general y del consejo de La Caixa y Caixabank).

Asimismo, hay dos ex políticos vinculados por Fainé a La Caixa: Javier Solana (del PSOE, vinculado a la fundación desde hace tiempo) y Francesc Homs (ex consejero de Economía de CiU, miembro actual del consejo de La Caixa). Para completar el patronato figurarán un representante de las entidades fundadoras (cuatro entidades que harán rotaciones cada dos años), dos entidades sociales de referencia que cubren la imagen social: Cáritas de Barcelona y Cruz Roja, más la oceanógrafa Josefina Castellvi (presidenta de la comisión de control de La Caixa) y Juan José Burniol y María Teresa Bassons (ambos miembros del consejo de La Caixa y de Caixabank).

Cabe destacar que algunos de los nuevos nombrados, como Alierta y Slim, tienen un reducido conocimiento sobre la realidad de lo que ha sido la función social de La Caixa.

La dedicación formal fundamental del patronato es la gestión de la obra social de la nueva fundación con los beneficios que le otorgan sus inversiones. Hay que destacar que tiene otra potestad nada despreciable: la de elegir la totalidad de los miembros del consejo de administración de Criteria. Es el holding industrial que no sólo controla las inversiones en empresas como Telefónica, Inbursa, Abertis, Gas Natural o Repsol, sino que tiene la mayoría de las acciones de Caixabank. Además, nombra a sus consejeros en la entidad financiera, y que por tanto ejerce su control.

Y ahora sin limitaciones de mandatos, exceptuando el de la presencia en Caixabank, y otras que pueda establecer el propio patronato. Asimismo, sus miembros, al margen de la compensación de gastos por su asistencia al patronato, podrán representar a la fundación en otras entidades participadas con sus emolumentos correspondientes.

He aquí la historia de cómo unas entidades como las cajas, entidades financieras de origen social y vinculadas a la sociedad, se convierten en unas fundaciones que se hacen con el control privado de su patrimonio. Y todo, por la voluntad y connivencia de las principales fuerzas políticas del país, que se llaman PP, PSOE o CiU.

*Manel García Biel es ex consejero de La Caixa y miembro de la comisión de control confederal de CCOO
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