El fin y los medios

08 de noviembre de 2014 (17:55 CET)

En noviembre del año pasado, el Govern de la Generalitat se vio obligado a guardar en el cajón un polémico proyecto de registrar en un fichero las adhesiones de personas físicas y jurídicas a sus políticas, después de que la oposición denunciara que detrás de esa iniciativa había la intención de hacer una lista de buenos catalanes y, por exclusión, de malos catalanes.

Pues bien, ahora, con el registro de votantes del 9N el conseller de Presidència, Francesc Homs, logra su objetivo, y a lo grande. Y no solo el Govern sabrá quién ha votado y quién no, quién es un buen catalán, a favor del procés, y quién no. También dispondrán de esos datos las organizaciones independentistas que co-lideran el procés. Lo que debe suponer una clara violación de las leyes de protección de datos.

Para votar el 9N los votantes, mayores de 16 años, deben aportar su documento de identidad, para que los miembros de las mesas, voluntarios reclutados entre los sectores independentistas, confeccionen sobre la marcha una lista de votantes, ya que no se puede utilizar ni el censo electoral (mayores de 18 años) ni el padrón municipal, protegidos ambos por la ley.

A ese procedimiento le han dado su apoyo los partidos proconsulta: CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA y CUP, que se convierten en cómplices de un presunto delito, pese a que alguno de ellos se opuso hace un año al “fichero de adhesiones” que se había sacado de la manga el conseller Homs. Debe ser que ahora el fin sí justifica los medios y las leyes están para ser sometidas al procés (hoy al procés; mañana a lo que haga falta).

Claro que no es ésta la única (aparente) ilegalidad que los partidos proconsulta están cometiendo, por activa o por pasiva, más allá de desobedecer lo que haya dicho el Tribunal Constitucional. Sin que medie disposición administrativa alguna, Govern y ayuntamientos están gastando dinero público sin ningún control para organizar, publicitar y realizar la consulta. No hace falta ser un experto para sospechar que esa práctica no es legal ni por asomo.

Pero ya se sabe: si algún fiscal o juez les busca las cosquillas, será porque éstos forman parte de una ofensiva contra Cataluña.
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