El felipismo inmovilista

27 de junio de 2014 (13:29 CET)

La política española y la catalana andan un poco revueltas. O mucho, según se mire. Lo de la abdicación del rey y la precipitada coronación de Felipe VI denota que algo no iba bien en las altas esferas del Estado. Cambiar de rey casi de la noche a la mañana cuando no es precisamente ésta la tradición de la monarquía española es un síntoma indiscutible de que el régimen de la transición, el continuismo juancarlista, ha llegado a su fin.

Al antiguo rey, ahora que ya no es inviolable, las demandas se le acumulan: de paternidad, por enriquecimiento ilícito y por su evidente complicidad con el franquismo. Ninguna prosperará, ya lo sé, pero está claro que, como cantaba Bob Dylan, los tiempos están cambiando.

En 1978 ningún juez hubiera imputado a la infanta Cristina. Ni siquiera se le hubiese ocurrido. Entonces la monarquía campaba a sus anchas y no hacía falta prohibir en las calles la bandera republicana porqué ni los comunistas querían ondearla. Hoy en día sólo el Gobierno del PP y los nostálgicos de la calma chicha de la transición se escandalizan porque la gente ya no está dispuesta a reírle las gracias a nadie.

Los renovados monárquicos se refugian en el pasado y en sus sabios intérpretes (la mayoría ilustres cadáveres) sin dar crédito a lo que está pasando ante sus narices. Puro conservadurismo que, paradójicamente, utiliza la Fiscalía Anticorrupción para recurrir la imputación de la infanta. Era lo que faltaba, que el fiscal que debería perseguir el fraude fiscal y delitos similares se dedicase a proteger a la hermana del rey con argumentos ideológicos.

La crisis del “antiguo” régimen se puede ver también en ese derrumbe agónico del bipartidismo español. Nunca ha sido perfecto como deseaban el PP y el PSOE. Y no lo fue por la presencia, primero, del PCE y después de IU. Pero es que tampoco pudo ser debido a la presencia de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que durante tres lustros han condicionado la política española urdiendo alianzas a derecha o a izquierda según quien ocupara el gobierno de España.

También eso está cambiando hoy, por lo menos en cuanto a CiU, diga lo que diga Duran i Lleida. A la CiU de Artur Mas ya no se le convence con dos de pipas. Su lectura de la realidad supera con creces lo que fue esencial para el pujolismo. El nacionalismo masista es decididamente soberanista y quien no quiera verlo se equivocará. Se lo explicaré otro día.

Con la entrada en juego de Podemos, la amenaza contra el bipartidismo español imperfecto es todavía mayor. Podemos puede convertirse en esa mosca cojonera que no se acomodará nunca al juego de pactos bajo mano que ha oscurecido de tal modo la democracia española que mucha gente aborrece la política y abomina de los políticos. Si Podemos cediese a la tentación y se convirtiera en ese simulacro de martillo de herejes que es Rosa Díez y su UPyD, quedaría en nada. No creo que eso pase. Podemos va a dar tanto que hablar en las Cortes españolas como en su día lo diera la CUP, cuando consiguió entrar en el Parlamento de Catalunya, a pesar de su estancamiento actual. Asistiremos a tardes toreras, ya lo verán.

Sólo faltaba que en un momento así se diese a conocer que 39 eurodiputados españoles (populares, socialistas y ecosocialistas y la misma Rosa Díez) se habrían beneficiado de un fondo de pensiones del Parlamento Europeo a través de una Sicav radicada en Luxemburgo. Eso se sabía desde 2009, cuando lo publicó el think tank británico Open Europe a partir de una investigación de un periodista alemán, pero es ahora cuando se considera inadmisible que el fondo permitiera a los eurodiputados adherirse de forma voluntaria (lo hicieron casi 500) para asegurarse una pensión a partir de los 60 años. Y lo que es peor, que las aportaciones de cada europarlamentario fueran de 1.194 euros al mes mientras que la cámara aportaba el doble de esa cantidad --2.388 euros-- a modo de cofinanciación. Son pocos los ciudadanos que consiguen unas condiciones como esas, ¿verdad?. Lo dicho: un escándalo al que le sigue otro.

La ex ministra socialista Magdalena Álvarez, imputada por el fraude de los ERE de Andalucía, ha dimitido finalmente como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Gracias a Dios, hubiésemos dicho si ella no nos hubiera obsequiado con un enigma: “Dimito porque Guindos y Rajoy tendrán a otra persona a la que quieren poner en mi puesto”, dijo en rueda de prensa. Y es en ese preciso instante que nos enteramos de lo que cobrará --y por lo tanto está cobrando Álvarez-- quien ocupe ese puesto: ¡22.963 euros mensuales! En fin, una auténtica salvajada en la Europa del austericidio.

Una imperdonable inmoralidad, también, que seguramente sólo superan Tony Blair, Gerhard Schröder y Felipe González (tres eminentes socialistas) cuando se sientan en los consejos de administración de grandes compañías a las que anteriormente ellos mismo habían protegido o promocionado desde su cargo de presidentes de gobierno.

La crisis del régimen español no ha sido provocada por lo que en Madrid llaman el órdago separatista catalán. El régimen se derrumba solito, sin ayudas suplementarias, porque está podrido. Los inmovilistas, esos conservadores que no se dan cuenta de que el pasado es sólo el prólogo de lo que vendrá, quieren asustarnos con las siete plagas de Egipto si algo se mueve y no se acata el nuevo continuismo de cuño felipista.

Si no tuvimos bastante con el continuismo franquista bajo la monarquía juancarlista, ahora el establishment quiere que seamos cómplices del mal Gobierno que lo está corrompiendo todo desde hace años. La suerte que tenemos en Catalunya es que aún nos queda la alternativa de marcharnos para construir algo mejor. Esa es al menos la ilusión de una gran mayoría de los catalanes. Ante un panorama como el que les acabo de contar, estoy seguro que más pronto que tarde se conseguirá poder votar sobre el futuro de Catalunya. Acepten mi apuesta.
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