El debate macroeconómico requiere a Catalunya

15 de septiembre de 2013 (22:12 CET)

El final del curso pasado, con el inicio de las vacaciones de verano, estuvo dominado por algunas incertidumbres respecto al futuro de la economía española. La primera de estas incertidumbres la constituyen las cuentas públicas a corto plazo. El déficit público se situó en marzo (sobre marzo del año anterior), una vez descontadas todas las medidas temporales de 2012 y no sólo las ayudas a las instituciones financieras, en el 7,64% del PIB. Los efectos cíclicos no van a ayudar durante los siguientes trimestres del año como muestran los datos de ejecución presupuestaria.

El gasto sigue creciendo al ritmo del 2% y el crecimiento de los ingresos se explica fundamentalmente por la subida de los tipos del IVA de septiembre de 2012. La conclusión es obvia, el conjunto de información disponible no permite descartar un nuevo incumplimiento del objetivo de déficit a pesar de la relajación de éste hasta el 6,5% del PIB.

La segunda incertidumbre es la evolución de las cuentas públicas a medio plazo. El ECOFIN del mes de octubre centrará de nuevo su atención en este tema. Todas las instituciones reclaman al gobierno español un plan plurianual en el que se defina el marco presupuestario a medio plazo. Si bien es cierto que, a finales de abril, se presentó la Actualización del Programa de Estabilidad 2013-16, también lo es que ya es claramente insuficiente. Se acaba de conocer la evolución de la deuda pública hasta junio de 2013 y se ha situado en 942.758 millones de euros, el 92,2% del PIB, 0,7 puntos por encima del objetivo para diciembre de 2013, el 91,5%.

Ya se ha superado con claridad la barrera del 90% y, si no se toman medidas, en 2014 se superará la del 100%. El tamaño del sector público ha aumentado desde que comenzó la crisis en 10 puntos del PIB y el gasto continúa creciendo. El Gobierno español debería elaborar un plan plurianual para reducir el tamaño público hasta al menos un nivel intermedio entre el actual y el que tenía al inicio de la crisis. Ello significa un ajuste del gasto de 6 puntos del PIB. Este plan hay que explicarlo detalladamente para ganarse la credibilidad de las instituciones y de los mercados.

Un elemento fundamental de este plan es la reforma de las pensiones. Y ello conduce a la tercera incertidumbre sobre cuándo y cómo se aplicará la reforma. El informe que presentó el comité de expertos a principios de junio era muy claro y concluyente. La reforma se debe abordar cuanto antes. Aunque no se suele argumentar, la reforma de las pensiones es una gran política de consolidación fiscal que además, en la medida en que sólo afecta a la cuantía de las pensiones futuras, no supone costes presentes.

Otro elemento fundamental del plan es la autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIRF). Resulta imprescindible cambiar el proyecto de ley, corrigiendo las insuficiencias que afectan a su independencia y autoridad. La AIRF debe estar adscrita al Congreso de los Diputados y no al Ministerio de Hacienda. No debe ser una institución presidencialista, su Director debe ser nombrado por un período no renovable entre 6 y 8 años y contar con el rango de Secretario de Estado. Y debe contar con el Consejo de Estabilidad Presupuestaria ó de Gobierno (en el que debería haber 4 consejeros por las CCAA), que aprobaría el presupuesto de la AIRF así como las estimaciones más relevantes, y el Consejo Asesor, constituido por al menos 6 profesionales de reconocida competencia no necesariamente españoles. Con la creación de la AIRF en estos términos, España se uniría a un creciente grupo de países que cuentan con instituciones similares.

La quinta incertidumbre es la rebaja de impuestos. Resulta muy difícil que la recuperación de la economía española pueda ser sostenida con una tasa de ahorro de las familias en mínimos históricos, incluso 1 punto del PIB por debajo de la existente al inicio de la crisis. La tasa de ahorro de las familias se duplicó durante las primeras fases de la crisis, pero desde el inicio de la crisis de deuda se ha vuelto a reducir drásticamente por las desproporcionadas y contraproducentes subidas de los tipos impositivos que sólo han sido el reflejo de la incapacidad política para contener el crecimiento del sector público.

Estas son las principales tareas que el Gobierno debería afrontar el otoño que está a punto de comenzar. Pero las sensaciones durante los primeros días de septiembre son desalentadoras. El ajuste fiscal no existe, debe ser que está garantizado cumplir el objetivo de déficit. El plan plurianual ni se menciona, debe ser que está claro. Por lo que respecta a la reforma de las pensiones, parece que el factor de equidad intergeneracional se aplicará en 2019 y, además, el factor de revalorización anual subirá entre el 0,25 y la inflación de consumo más 0,25. Debe ser que no hay problema con que el gasto en pensiones siga creciendo. Sobre la autoridad independiente de responsabilidad fiscal se rechazan las enmiendas al proyecto de ley, aunque algunas eran en la dirección adecuada.

Y sobre la rebaja de impuestos se anuncia que ya se anunciará el año que viene para que entre en vigor en 2015. Debe ser que no corre prisa.

Parece que la recuperación lo va a resolver todo. Y que su esperada iniciación acaba con la necesidad de impulsar reformas que tienen costes. El debate económico apenas existe, en la práctica se limita al análisis de la coyuntura. Como si las tareas que están pendientes para este otoño no tuvieran efectos en la recuperación. Se espera para reducir el déficit y bajar impuestos a todo vaya bien en lugar de reducir el déficit y los impuestos precisamente para que pueda ir bien.

Para que la economía española pueda salir de la crítica situación en la que se encuentra es necesario tener un debate económico parecido al que existe en otras economías desarrolladas. Los retos que debe enfrentar la economía durante los próximos meses deberían centrar la atención de las instituciones y de los economistas. Y en este sentido resulta determinante que también centren la atención de Catalunya y de los economistas catalanes. Si queremos salir de la difícil situación actual y queremos hacerlo con Europa, hay que estabilizar la deuda, y para ello hay que reducir el déficit drásticamente, hay que diseñar y aplicar un plan plurianual para reducir el tamaño del sector público, hay que aprovechar la oportunidad de la creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para mejorar nuestras instituciones y dotarlas de credibilidad, hay que hacer la reforma de las pensiones, y que no sea otra reforma parcial mas, y hay que reducir los tipos impositivos. Y esto sólo en el corto plazo. A medio plazo, hay que reformar la administración, la fiscalidad y la educación.

Pero para elevar el nivel del debate macroeconómico, e impulsar las políticas de reforma que son necesarias, los economistas catalanes deben desempeñar un relevante papel, como siempre ha sido así en el pasado. El proceso de integración en Europa y la creación de la Unión Económica y Monetaria centraron su atención durante décadas. Numerosos trabajos así lo avalan. Para poder afrontar la difícil situación actual con probabilidades de éxito se requiere todo su apoyo una vez más. Si pretendemos que la integración en la UEM sea sostenible, es necesario impulsar las reformas con convencimiento, porque son necesarias para el bienestar de todos, con decisión, y no a regañadientes, con profundidad, y no con reformas de mínimos para evitar los costes políticos, siendo conscientes de que es la única vía posible para salir de la crisis con Europa, para mantener el nivel de bienestar que tanto trabajo nos ha costado alcanzar. La participación y el liderazgo de Catalunya en el debate macroeconómico son hoy más necesarios que nunca.


David Taguas es Director del Instituto de Macroeconomía y Finanzas. Universidad Camilo José Cela
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