Dos cajas saqueadas por la casta política

07 de febrero de 2014 (20:40 CET)

Miguel Blesa de la Parra, ex presidente de Caja Madrid, declarará el próximo 3 de marzo en la Audiencia Nacional, como imputado, por la venta de participaciones preferentes de la entidad. Lo mismo harán otros jerarcas, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, ex jefe de la CEOE, inquilino de la prisión de Soto del Real por el latrocinio de Grupo Viajes Marsans.

Van transcurridos casi dos años desde que el Gobierno de Mariano Rajoy intervino la segunda caja del escalafón nacional y desalojó de la cima a “uno de los suyos”, don Rodrigo Rato. Las pesquisas para averiguar quiénes causaron el desastre todavía andan en las primeras fases.

Esta insoportable lentitud contrasta con la diligencia que se observa en otras latitudes. Así, la estafa de Bernard Madoff, la mayor de todos los tiempos, se sustanció en Estados Unidos en apenas medio año. Se destapó un mes de diciembre. Para el verano siguiente, ya se había juzgado, condenado y encarcelado al magnate.

Por estos andurriales mediterráneos la justicia transita a la velocidad de las tortugas y los sumarios se eternizan a golpe de dilaciones y recursos. En los últimos días se ventiló, por fin, el escándalo de la enfangada Hacienda de Barcelona, tras 20 años de tramitación.

Una Justicia así es una vergüenza que debería sonrojar a todo bicho viviente, comenzando por el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón. Pero qué se puede esperar de este caballero que lleva subido al coche oficial casi desde el día que recibió las aguas bautismales.

Curiosamente, en el caso de Caja Madrid, la Audiencia Nacional no investiga qué ocurrió con la venta de las preferentes, porque ya ha determinado que en ella no se cometieron irregularidades. Lo que pretende dirimir es si la caja se sirvió del capital captado con las preferentes, para ocultar el deterioro acelerado de su propia situación financiera.

Dicho con otras palabras, si Miguel Blesa y los demás prebostes eran conscientes, al lanzar la venta de ese producto tóxico, de que Caja Madrid se hallaba al borde de la quiebra, pues ello equivaldría a que dieron gato por liebre a los clientes de la institución y les estafaron.

Entre pitos y flautas, el salvamento de Caja Madrid ha costado ya a los contribuyentes 22.000 millones de euros. En términos absolutos, es el mayor fiasco bancario de la historia española. En términos relativos, le supera con creces el de Catalunya Banc, ex Caixa Catalunya, que ya ha engullido 12.000 millones de ayudas públicas, cuando su tamaño era apenas la cuarta parte del de Caja Madrid.

121.000 millones a la cloaca

Bankia, heredera de la caja madrileña, pasará a manos privadas en cuanto sea posible
. En ese momento, el Estado recuperará tal vez una parte de los recursos invertidos. En cuanto a Catalunya Banc semeja un muerto invendible, cuyo hedor apesta cada vez más.

Los posibles interesados en comprarla ya han hecho saber que no sólo no pondrán un céntimo sobre la mesa, sino que exigirán sumas cuantiosas a cambio del favor de sepultar el cadáver. Las últimas noticias hablan de minimizar la factura mediante el troceo de la entidad y el regalo de los despojos al mejor postor.

También la calamidad de Catalunya Banc ha acabado en los juzgados
. No se escrutan las preferentes ni la funesta gestión que ocasionó el boquete. Lo que se indaga es una faceta mucho más pedestre: las retribuciones de la cúpula directiva. En particular, sus aumentos salariales, efectuados cuando la casa caía en barrena.

Los tribunales han puesto el foco en unos cientos de miles de euros, quizás algunos millones. Es decir, el chocolate del loro, una nimiedad en el océano de quebrantos que ha sufrido la ex caja. Están encartados el gran timonel Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno de Felipe González; el exdirector general, Adolf Todó, y medio centenar de consejeros y ejecutivos.

El que se libra por el momento es Antoni Serra Ramoneda, eviterno factótum que se mantuvo en la poltrona durante nada menos que veinte años, hasta 2005. Algo tendría que explicar el caballero, pues el descomunal agujero no se generó por arte de birlibirloque ni en horas veinticuatro.

Caja Madrid y Catalunya Banc ya están en los juzgados. El desenlace de los dos expedientes es un misterio. Puede ocurrir de todo. Desde que recaigan duras penas, hasta que los juzgadores saquen a hombros a los imputados. Cosas peores se han visto.

Por ahora, el rescate de las cajas, politizadas sin excepción hasta el tuétano, cuesta ya a los contribuyentes la bagatela de 62.000 millones de euros. De forma paralela, los auxilios a las comunidades autónomas han consumido, vía Fondo de Liquidez Autonómica, 59.500 millones. En resumen, los paganos de siempre llevamos aportados 121.500 millones de euros para sufragar los siniestros perpetrados por la casta política.
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