Donde el presidente de Planeta ve fractura social, la clase política solo cuenta dinero

21 de octubre de 2013 (20:22 CET)

Entre las muchas realidades, difícilmente reconducibles, que nos está dejando el conflicto catalán, la más atinada la apuntaba recientemente José Manuel Lara. Es el presidente del grupo Planeta, nacido en Barcelona y cuyo primer apellido es originario de El Pedroso (Sevilla) y sus segundo y cuarto --Bosch y Carbonell-- no necesitan mayores conocimientos en genealogía para determinar su origen.

Decía Lara refiriéndose a este aquelarre, que la denominada “clase” política española ha sido capaz de desarrollar ad líbitum, que "pase lo que pase" la fractura en la sociedad catalana parece ya inevitable, que "estamos jugando con sentimientos, no con ideologías", y que "una sociedad dividida no es una sociedad potente".

Su posición se vería respaldada días después por el presidente de Freixenet, Josep Lluís Bonet Ferrer, en declaraciones al The New York Times.

Mientras este hijo de charnego derrochaba sensatez, la calificada clase política de un lado y otro del Ebro se enzarzaban en lo que popularmente se conoce como hinchar el perro.

Mientras unos hablaban de hacer públicas las balanzas fiscales, los otros soltaban su última ocurrencia de sustituir el mantra de la famosa deuda histórica por un documento elaborado por la Generalitat en el que recoge el impacto económico de "la deslealtad del Estado respecto a Catalunya" y que cuantifica en una cifra de 9.375,7 millones de euros.

Como ocurrió con la deuda histórica que tanto se manejó en tiempos pasados, un vez más se demuestra que el papel lo aguanta todo.

Así, mientras el discurso catalanista en busca de un cupo o status propio al estilo vasco, culpa a su “exceso de solidaridad” fiscal con otros territorios de España del estancamiento de la economía catalana, el relato de los denominados “españolistas” se centran en resaltar que el desarrollo de Cataluña se debe ante todo a su relación con el resto del país.

Mientras unos piden al nacionalismo que haga una revisión al alza de la contribución de todos los españoles al bienestar de Cataluña y enfatizan que es esa comunidad autónoma la que tiene una “deuda histórica” con el resto España, los hoy independentistas acostumbran a atribuir a su economía la condición de motor de la economía española, lo que obedecería en exclusiva a las virtudes propias.

Jose Manuel Lara vuelve a cobrar en ese punto un protagonismo nada desdeñable. A partir de ahí, el uso de la historia en beneficio propio es una constante de imposible reconciliación en donde los alardes de autoestima pueden alcanzar cotas ciertamente ridículas.

Dejando al margen cuestiones de deslealtades y de deudas históricas, unos y otros parecen haber depositado en la publicación de las balanzas fiscales la solución del problema, algo que no deja de ser temerario y que genera profundas divisiones en la medida en que su publicación ni va a zanjar la reivindicación histórica del catalanismo, ni va a suponer el ariete contra el desafío independentista de Artur Mas que el Gobierno y el partido que lo sustenta esperan.

Todo indica que su publicación, dada su complejidad, diversidad metodológica y parcialidad, en la medida en que no recoge cuestiones importantes de otra índole, no solo no va a clarificar el debate, sino que va a generar tensiones adicionales de difícil recomposición.

Las balanzas fiscales probablemente terminarán publicándose pese a las profundas limitaciones que tienen. Sin tener en cuenta, como señalan los expertos, que “sin acuerdo sobre lo que queremos medir, estamos ante un diálogo de sordos en la medida en que las realidades políticas y económicas en las que se alimentan, modifican sustancialmente sus resultados”. En definitiva, el debate de las balanzas fiscales es político y no técnico.

Por eso, responsables políticos de comunidades autónomas a las que las balanzas fiscales se sabe que no van a beneficiar en absoluto, como es el caso del presidente de Castilla y León, se han apresurado a anunciar que el actual modelo “es malo, fallido”. Aseguran que “no cumple con las exigencias de suficiencia y solidaridad” y que su cambio requiere un debate “trascendental, importante, clave”, máxime cuando éstas van a ser utilizadas como eje de un nuevo modelo de financiación, augurando que “traerán” complicaciones y que, de hacerlo, el PP habría roto con el principio de solidaridad.

Los expertos dejan claro que las balanzas fiscales, tal y como se elaboran en la actualidad, tienen serias limitaciones. Esto se debe a que utilizan dos enfoques para su elaboración, generan resultados dispares por la diversidad de criterios que incorporan, no reflejan el sentido de equidad porque sólo constatan actuaciones de la administración central y tampoco reflejan la obligada eficiencia en la medida en que las regiones de renta alta suelen presentar saldos positivos en su balanza comercial interior.

Por eso, según las balanzas fiscales se aborden desde la óptica de carga beneficio o del flujo monetario, con criterios de reparto diversos, los resultados serán diferentes y dispares.

Aunque España siempre quedará dividida en dos mitades imposibles de reconciliar, habría territorios que mejor sería abandonarlos a un imposible futuro porque nunca alcanzarán los niveles mínimos requeridos por las balanzas fiscales, sin la necesaria solidaridad del resto de los ciudadanos de otras comunidades.

Dejando al margen pasados movimientos migratorios, supuestos expolios fiscales, tasas de ahorro interregionales, medidas políticas de apoyo de carácter histórico, etc., hay expertos que reclaman que a las balanzas fiscales se unan las balanzas comerciales. En este sentido, Cataluña sale especialmente favorecida ya que en alguna ocasión algún movimiento político como Convivencia Cívica Catalana ha aireado, aunque poco se puede decir de su rigor.

De esos datos, publicados en el inmediato pasado, se desprende que de los 15principales mercados donde venden las empresas catalanas, diez son comunidades autónomas españolas
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Las empresas catalanas son las que obtienen más ingresos del resto de consumidores españoles; que Cataluña disfruta de un superávit comercial con el resto de España que supone un 10,5% de su PIB o, que debido a la drástica caída de la actividad económica en Cataluña y por tanto de impuestos del Estado, recaudados en esta comunidad en los últimos años, el saldo fiscal catalán es positivo desde 2009 en una cifra equivalente al 2,1% del PIB catalán.

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Post-it

De acuerdo con las balanzas fiscales elaboradas por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en 2008 con datos de 2005 y con criterios, metodologías y enfoques distintos, las comunidades autónomas que aparecen en alguna de sus versiones y que supondrían una carga supuestamente insoportable para las comunidades ricas o que incorporan agravios comparativos serían: Extremadura, Principado de Asturias, Galicia, Melilla, Ceuta, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Canarias y País Vasco.
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