Desregulación y oligopolios

03 de marzo de 2013 (10:18 CET)

Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en suspensión diversos artículos de la Ley catalana de horarios comerciales. Otro episodio más de la batalla campal que desde hace 30 años mantienen el Gobierno del Estado y el de Catalunya sobre el modelo de comercio.

Algunos de los lectores de mis artículos deben ver que el uso frecuente del término oligarquía para nombrar el conglomerado económico-burocrático que impone el poder desde el Estado es abusivo. Hoy tenemos una muestra que avala mi hipótesis.

Me tocó durante ocho años --como diputado en la oposición encargado de temas de comercio y siete años como consejero del gobierno catalán de la misma rama-- preocuparme de la materia. Y les aseguro que este es uno de los muchos ámbitos donde se produce una colusión de intereses mayor entre los grandes grupos de la distribución, el alto funcionariado del Estado y las cúpulas de los grandes partidos.

En Catalunya, por mayorías parlamentarias, de las que muchas veces ha formado parte el propio PP catalán, se ha defendido lo que hemos llamado modelo de comercio urbano social sostenible en ciudades compactas. La compra-venta es un asunto estrictamente privado entre vendedor y comprador, pero la implantación comercial, no.

Ésta implica las condiciones del entorno de la transacción: variedad de la oferta, proximidad o lejanía de ésta, impacto en la cohesión social y en la movilidad y sostenibilidad. La implantación comercial acaba siendo un asunto de planificación urbanística que debe tener presentes las directivas europeas sociales y ambientales.

Curiosamente, el lío mental que muchas veces muestran las políticas europeas, hace que lo que se promueve desde un ámbito de la Comisión, se niegue desde otra. Así, nos encontramos como el furor ultraliberal que se ha apoderado de los ámbitos económicos de la UE se da patadas con las obligaciones y directivas que emergen de los ámbitos ambiental o social.

Esta fisura evidente ha sido aprovechada por los poderosos lobbies de las grandes distribuidoras para intentar apropiarse en solitario de todo el mercado, en detrimento de las pequeñas y medianas superficies comerciales.

En algunos estados esta política ha arrasado los centros históricos y comerciales degradándolos a nivel de ghetto social y ha provocado auténticos colapsos circulatorios y costes añadidos a la movilidad urbana - y ya no hablamos en términos de consumo de CO2-.

Que algunos ayuntamientos de Francia tengan que subvencionar el transporte a las personas más mayores para que se puedan desplazar a las superficies extraurbanas para comprar productos cotidianos, y que Sarkozy vaya a abrir una impresionante partida presupuestaria para reactivar los barrios céntricos, muestra el alcance del desastre del modelo de desregulación de implantaciones comerciales. Pero hay más.

Los puestos de trabajo que crea una superficie como la de un mercado municipal de multipropiedad --que hemos contribuido a modernizar-- son el doble de los que crea en el mismo espacio una gran superficie de un solo grupo.

También está claro que en nombre de la libre competencia y una supuesta inflación diferencial del pequeño comercio a los grandes grupos lo que pretenden es una situación de oligopolio que termina poniendo los precios que les parecen pero también de oligopsonio, control de las compras que permiten poner condiciones draconianas a los proveedores.

De esta situación son víctimas los ganaderos, agricultores e industriales de los transformados agroalimentarios. Aquellos que en España no han tenido la suerte de ser representados ante el PPSOE a la hora de hacer las leyes antimorosidad.

Tampoco los consumidores ni proveedores han sido representados cuando ANGED, patronal de la gran superficie, presidida durante mucho tiempo por Millán Astray y gestionada por un ex-ministro del PP como Rafael Arias-Salgado, han denunciado en Bruselas directamente ya través de el eurodiputado Vidal-Quadras, las leyes comerciales de Catalunya.

Leyes que pretendían garantizar la pluralidad de oferta, siempre en trama urbana para evitar especulaciones urbanísticas, mantener barrios cohesionados socialmente, con los mínimos desplazamientos para la compra cotidiana por razones ambientales y también sociales (cada vez gente más mayor, inmigrantes y parados a los que no les conviene desplazarse).

El decreto Rato es el primer ensayo de desregulación de horarios que fue abortado en 2004 por la ley que defendimos desde el Govern. Cuando fue ministro Montilla es la primera y única vez que la normativa española respetó y se adecuó a la catalana.

Más tarde aprobamos la ley de comercio que se adaptaba a la normativa europea que impedía proteger el pequeño comerciante contra el grande y se limitaba a dar criterios urbanísticos sociales y ambientales. En este caso nos tocó defender al Gobierno de Catalunya ante las instituciones europeas intoxicadas por la oligarquía que manda en Madrid.

Ahora nos encontramos ante el último episodio, donde el TC puede suspender la ley catalana mientras no dictamine. Pero en cambio nunca suspende la ley española cuando la denuncia la Generalitat. E incluso, en caso de reiteradas sentencias del TC favorables a la Generalitat --como me encontré yo mismo en el traspaso de las becas-- el Estado incumple y lo hace impunemente. ¿Estamos o no estamos en manos de una oligarquía?
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