Cuando el criterio de eficacia debe imponerse a los tópicos

22 de junio de 2013 (21:36 CET)

No, ni el proceso de reforma de la administración anunciado el viernes por el gobierno central es un proceso recentralizador, como algunos medios poco escrupulosos o demasiado afines han bautizado, ni los actuales ocupantes de La Moncloa deberían olvidar que este país ha llevado a cabo en los últimos años un profundo reparto de competencias que no es fácil recomponer sin largas y duras negociaciones.

La mayoría de las medidas propuestas en esa reforma administrativa obedecen a la necesidad de que el Estado español y el conjunto de las administraciones que lo integran sea más eficiente, que pueda ofrecer un nivel similar de servicios con mucho menos coste.

Hoy es obvio para cualquier espectador imparcial y desapasionado que la consolidación del estado autonómico iniciada con la aprobación de la Constitución española y el largo e intenso período de crecimiento que se prolongó prácticamente a lo largo de los 15 años anteriores al 2008 han creado una estructura excesivamente pesada, con numerosas competencias duplicadas o triplicadas, cara y con un nivel de productividad bajo.

Las actuales circunstancias económicas exigían, pues, un respuesta a fondo, y la reforma de la administración propuesta por el gobierno del Partido Popular va en esa dirección.

Se podrá discutir el acierto de algunas de las propuestas, se les podrá echar en cara que vean más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio y estén más preocupados por podar las administraciones autonómicas y locales que la central…

Pero hay que racionalizar urgentemente unas estructuras que en algunos casos sólo se justifican por puro clientelismo político o por un ilusionismo político que casa mal con la realidad de la crisis y la situación en que algunos servicios básicos están quedando por ejemplo.

No es verdad, como se afirma desde algunos sectores, especialmente de la izquierda, que la crisis fiscal que padecemos tuvieran su origen exclusivamente en el endeudamiento del sector privado, mientras que el volumen de deuda pública era de los más bajos de la OCDE. O es una verdad a medias.

Es cierto que en el inicio de la crisis el endeudamiento de las empresas y las familias era altísimo en contraste con el público, pero también lo es que cuando las administraciones eran una máquina de generar ingresos gracias a la burbuja inmobiliaria no resultaba difícil tener controlada la deuda pública. Y aún así el crecimiento de nuestras administraciones públicas en los últimos 25 años no tiene parangón con lo ocurrido en cualquier otro estado de nuestro entorno.

Tampoco parece acertada la respuesta que ya han empezado a dar algunos responsables autonómicos, plantándose de raíz a cualquier cesión o acuerdo. La alternativa a unas estructuras que algunos quizás consideren excesivamente unitaristas no puede ser la de crear equis estructuras paralelas, sino la negociación y el acuerdo para compartirlas.

La respuesta a unas embajadas sólo al servicio de un gobierno central no debe ser que cada ejecutivo autonómico tenga su propia legación, sino estudiar cómo el servicio exterior se adecua a la realidad de nuestro estado descentralizado. Mientras todos estemos bajo una caja común nadie puede negarse a acuerdos sobre cómo utilizar esos fondos, las posturas principistas están de más.
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