Crónica de un colapso: el asedio (capítulo segundo)

05 de mayo de 2013 (10:31 CET)

La cotidianidad es tan dura, que hasta Draghi parece un extraterrestre.

¿Alguien cree, ahora, que bajar unas décimas los intereses implicará más liquidez de los bancos hacia las empresas y un relanzamiento económico?

De ninguna manera. Los bancos no se fían entre ellos. Europa sigue tolerando una aplicación del relajamiento de los objetivos que va en detrimento de la justicia social y de la economía productiva. Va a favor de las castas burocráticas que controlan los estados del sur, especialmente los jacobinos como el español.

Decíamos hace siete días que esta aplicación sesgada en España era la mecha que se acercaba ardiendo a la bomba catalana.

Repasemos los números:
  1. Espolio y deuda fiscal acumulados: 16.409 millones en 2009 (8,4% del PIB) y 289.724 millones de deuda fiscal acumulada desde 1986 hasta 2009.
  2. Ahogo fiscal: aborto de los impuestos de la Generalitat por parte del Estado por valor de 750 millones.
  3. Deudas del Estado exigibles que no paga: 4.139 millones.
  4. Compromisos adquiridos y no satisfechos en los planes inversión: 5.700 millones.
  5. Las deslealtades del Gobierno del Estado: 725 millones menos para la Generalitat.
Por la parte baja, con la legalidad vigente, la Generalitat podría reclamar en torno a 10.000 millones.

El Estado, sin embargo, no se limita a confiscar y a ser moroso, sino que activa mecanismos legales para impedir cualquier ejercicio del autogobierno.

La ley de estabilidad y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se presentan como una solución, aunque devienen problemas:
  1. Catalunya no puede acceder a los mercados exteriores porque se ha acogido al FLA. Es una vía cerrada.
  2. El ráting catalán roza el bono basura, debido a que no tiene control sobre sus ingresos.
  3. Los recursos procedentes del FLA son préstamos a devolver que generan intereses. La Seguridad Social ha cobrado 77 millones a la Generalitat en concepto de demora, causada por un retraso en el pago derivado a su vez de otro retraso en las transferencias del FLA.
  4. La imposibilidad del allanamiento de los intereses de la deuda. El pago de los intereses está gestionado y lo negocia el Gobierno del Estado con las entidades bancarias españolas y extranjeras.
Y todo ello, acompañado de amenazas por el incumplimiento del objetivo de déficit. De acuerdo con lo dispuesto en la ley de estabilidad.
  1. Fondo de transplantes: amenaza con retirar el pago de 126.000 euros para la formación en donaciones y trasplantes en Catalunya.
  2. Fondos europeos a la agricultura: Madrid quiere retirar los recursos europeos a la agricultura catalana. En 2012 Catalunya recibió 400 millones de Bruselas.
  3. Fondo de empleo: también han recibido la noticia de impago los centros especiales de trabajo, dedicados a la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. La Generalitat ha avanzado 42,8 millones correspondientes a enero de 2013 y sucesivos.
Como hemos dicho, el detonante final es el reparto injusto del techo de déficit establecido por Bruselas a los Estados miembros: la administración central se reserva más de dos tercios del margen de endeudamiento y proporciona a las autonomías un margen inferior al peso del gasto que soportan (el Estado un 53% y las CCAA un 35%).

Se aprovechan de las dificultades para hacer una ofensiva ideológica de deslegitimación de la Generalitat y del llamado "gasto identitario".

El Estado confía en que su estrategia de asfixia fiscal reporte objetivos políticos.

Espera que genere una situación social insostenible. De forma que la Generalitat se vea obligada a recortar el "gasto identitario" o estructuras de Estado (Unesco.cat, embajadas, CCMA...) antes que las nóminas o los conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales.

Dicho de otro modo, aspira a que la ciudadanía de Catalunya repudie a la Generalitat como Gobierno y reclame la intervención y salvamento del Estado.

En este contexto, el gobierno catalán recorta e intenta generar ingresos por cualquier vía.

Los recortes practicados desde 2010 han disminuido el presupuesto de la Generalitat el 12,2% en dos años. Se ha reducido el gasto en 47 millones diarios durante dos años.

Catalunya ha recortado por un importe equivalente al 25% del ajuste presupuestario realizado por el conjunto del Estado.

Se ha aumentado la presión fiscal a propuesta de Esquerra, pero llegando a unos límites del estado del bienestar nórdico, mientras España nos condena a tener en Catalunya un estado del malestar meridional.

El ajuste realizado en los últimos dos años (3.269 millones) es comparable con Grecia y Portugal y su exiguo PIB.

Una clara injusticia y una voluntad explícita de sitio político, económico, social y cultural al conjunto de la sociedad catalana, que incluye a las decenas de miles de personas que son contrarias al soberanismo.

Elaborar un presupuesto en la situación actual es un ejercicio de política ficción.

El Estado no es ninguna garantía del cumplimiento de ningún pacto o acuerdo en materia económica o financiera. No está en condiciones de ofrecer y cumplir la cesión de un régimen fiscal especial para Catalunya.

Por otra parte, en la coyuntura económica actual (más de 900.000 parados y una caída del PIB catalán del 1,3% en 2012), cualquier relajación que no llegue al 2,3% del PIB supone el último paso hacia el colapso definitivo.

Visualicemos un escenario de relajamiento del déficit al 1,5% del PIB. Significa tener que realizar un ajuste de casi 3.200 millones más que en 2012. Una cifra equivalente a lo que ha recortado la Generalitat en 2011 y 2012.

¿Se pueden pedir más sacrificios por tercer año consecutivo sin ningún horizonte claro?

La casta extractiva madrileña, (originada por Felipe II al situar la capital en Madrid, como denuncia Oscar Pazos en el libro, ya recomendado, Madrid una isla) presidida por PPSOE, aniquiló primero las economías productivas de Castilla, Andalucía y Galicia para reforzar el papel de Madrid.

Con la victoria de James Fitz-James Stuart, primer duque de Berwick gracias al sitio de Barcelona, abrió la veda de la confiscación de la corona de Aragón. Los últimos en resistir somos los catalanes.

Vuelve a haber un asedio, esta vez sin cañones.

Sólo con el aparato jurídico, burocrático y comunicacional. La novedad es que los zapadores que están minando las últimas economías sanas de la península no se dan cuenta de que tienen el suelo del ejército borbónico también minado.

Tampoco que la economía extractiva madrileña será incapaz de sufragar los gastos de una corona de Aragón que pase a ser territorio de clases pasivas y subsidiadas. ¡Ahí está la mina señor Rajoy!

Que se lo cuente la última duquesa de Berwick, de Alba, si es que conserva alguna de las enseñanzas militares de su antecesor.
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