Cosecha 2014 de políticos corruptos

29 de octubre de 2014 (00:00 CET)

La corrupción acaba siendo una causa de desgobierno público, porque altera los estados de ánimo, monopoliza las querellas y, dicho sea de paso, requiere todas las energías de policías y jueces. Y puede tener la consecuencia poco deseable de un partido de los jueces, héroes hipotéticos de la catarsis colectiva.

Cada día sabemos de una nueva detención, de otro escándalo, de otro robo a gran escala. No únicamente es que la corrupción se esté convirtiendo en el primer problema de España ni que sea viento en las velas para el populismo anti-sistema: es que nos acerca penosamente a una crisis de la democracia, y por ahora nadie ha inventado una alternativa que no sea peor.

Hay de todo en la cosecha 2014 de políticos corruptos. Ex ministros, ex presidentes autonómicos, empresarios destacados, alcaldes, sindicalistas, tesoreros de partido, Iñaki Urdangarin y ese portento de la doble personalidad que es el pequeño Nicolás, de inmediato acaparador del share televisivo.

Aturde el amplio trayecto de las pesquisas, su inmensa dimensión financiera, del mismo modo que resulta reconfortante la existencia eficiente de policías, fiscales y jueces capacitados para indagar e instruir. De la antigua Roma a las afirmaciones de Montesquieu sobre la corrupción del principio de democracia, esa es una vieja historia pero en España nunca había alcanzado un nivel tan elevado de desfachatez, desvergüenza, jeta y codicia obscena. Es como si los políticos corruptos partieran del principio de que son intocables e impunes. Llamémosle pornografía política.

 
¿Por qué nuestro sistema democrático ha fallado tanto a la hora de escoger los mejores y retirar los peores?
Algunos nos resistimos a creer que este estado de cosas derive en una recusación frontal del sistema democrático. Pero lo cierto es que ya está puesta en duda la legitimidad política, la propia naturaleza del bien común, la estabilidad, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Tiene, además, un coste económico: algunos estudios hablan de 400.000 millones de euros en el caso de España.

Por definición, la democracia no está libre de impurezas, pero eso es muy distinto ver todos los días como el caudal excrementicio va a más, entre otras cosas porque, a pesar de todo, la separación de poderes del bueno de Montesquieu al final funciona. Es de poco consuelo, pero la verdad es que la justicia, por lenta que sea, está actuando.

La justicia procede a la inculpación de los corruptos, pero a la política le corresponde acelerar al máximo su propia regeneración, por un camino muy pedregoso porque consiste en anteponer la legitimidad democrática y el bien común a los intereses de partido. En su mayor parte, los políticos desean transparencia, por muchas imputaciones que se produzcan, pero la experiencia indica que en estos casos casi siempre se recurre al “y tú más”.

Incluso hay una cierta propensión a generalizar, aduciendo el caso de Francia o Italia, entre otros, como países con su correspondiente cosecha 2014 de políticos corruptos. De hecho, la Comisión Europea calcula que la corrupción le cuesta a la Unión Europea 120.000 millones de euros al año. Gran cosecha. Pero lo que más nos afecta en términos políticos y morales es el caso de España y no el de Grecia.

Son las preguntas a la hora del café: ¿Cuándo va a parar esto? ¿Hay auténtica voluntad de pararlo? ¿Por qué nuestro sistema democrático ha fallado tanto a la hora de escoger los mejores y retirar los peores? Un pacto anti-corrupción, cuanto antes mejor.
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