No es imprescindible ser un jacobino sin alma para comprender que los conciertos económicos en País Vasco y Navarra pueden ser considerados, entre tantas cosas, algo bastante anacrónico. En fin, una anomalía. Como mínimo una perspectiva digna de tener en cuenta es la que aboga por una homogeneidad más articulada y al mismo tiempo ubicada en la vigencia positiva del Estado de las autonomías.
En el País Vasco llevan un tiempo intentando divisar en qué medida la armonización fiscal hacia la que se encamina la Unión Europea sería compatible con el concierto económico que, por lo que se ve, es el modelo para la bilateralidad del pacto fiscal propugnado como vía intermedia en Catalunya.
En realidad, el fundamento del concierto vasco se basa en una excepcionalidad histórica que la Constitución reconoce como derechos históricos de los territorios forales. Del mismo modo, queda escrito --como sabe la ciudadanía-- que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Colateralmente, el problema es saber hasta qué punto conviene o no, y en qué medida es legítima, la competencia fiscal entre regiones. Es la ardua cuestión de los agravios comparativos.
El lento avance de la armonización fiscal europea es laberíntico, pero al final podría afectar a la capacidad normativa de las haciendas forales. ¿Hasta qué punto habrá margen para la coexistencia de regímenes fiscales diferentes? De ahí, los expertos extraen precedentes para todo, pero el horizonte institucional acaba siendo generalmente de paulatina racionalización frente a la idiosincrasia histórica diferencial.
No son secretas las reticencias de la Comisión Europea al tratar la cuestión de los dos conciertos fiscales en España. ¿Sería lo mismo en el caso de un pacto diferenciado y bilateral para Catalunya? Este debate es casi imposible en las actuales circunstancias sobrecargadas de emocionalidad y simplificación. Pero acabará siendo “el debate” si la actual crispación baja de tono.
Ciertamente, una cosa es revisar en profundidad el sistema de financiación autonómica y otro muy distinta es fundar nuevas excepcionalidades cuando lo menos improbable es que la armonización fiscal europea conlleve la acotación severa de los conciertos económicos existentes. Y de modo fundamental, esa no es una cuestión de identidad territorial, sino de ciudadanía. Es decir, de derechos civiles y de racionalidad económica, todo a la vez.
Una gran reforma de la financiación autonómica que se haga compatible con el proceso de armonización fiscal europea sería una opción muy razonable si no se estuviera ahora ante un predominio aparente de la irracionalidad. Es como la política de inmigración, la de seguridad o la energética. Lo inteligente es contribuir de modo activo a su diseño europeo. Lo demás va a quedar en una vitrina de museo.
Este artículo no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Economía Digital y sus accionistas.
En el País Vasco llevan un tiempo intentando divisar en qué medida la armonización fiscal hacia la que se encamina la Unión Europea sería compatible con el concierto económico que, por lo que se ve, es el modelo para la bilateralidad del pacto fiscal propugnado como vía intermedia en Catalunya.
En realidad, el fundamento del concierto vasco se basa en una excepcionalidad histórica que la Constitución reconoce como derechos históricos de los territorios forales. Del mismo modo, queda escrito --como sabe la ciudadanía-- que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Colateralmente, el problema es saber hasta qué punto conviene o no, y en qué medida es legítima, la competencia fiscal entre regiones. Es la ardua cuestión de los agravios comparativos.
En Catalunya, este debate es casi imposible en las actuales circunstancias
No son secretas las reticencias de la Comisión Europea al tratar la cuestión de los dos conciertos fiscales en España. ¿Sería lo mismo en el caso de un pacto diferenciado y bilateral para Catalunya? Este debate es casi imposible en las actuales circunstancias sobrecargadas de emocionalidad y simplificación. Pero acabará siendo “el debate” si la actual crispación baja de tono.
Ciertamente, una cosa es revisar en profundidad el sistema de financiación autonómica y otro muy distinta es fundar nuevas excepcionalidades cuando lo menos improbable es que la armonización fiscal europea conlleve la acotación severa de los conciertos económicos existentes. Y de modo fundamental, esa no es una cuestión de identidad territorial, sino de ciudadanía. Es decir, de derechos civiles y de racionalidad económica, todo a la vez.
Una gran reforma de la financiación autonómica que se haga compatible con el proceso de armonización fiscal europea sería una opción muy razonable si no se estuviera ahora ante un predominio aparente de la irracionalidad. Es como la política de inmigración, la de seguridad o la energética. Lo inteligente es contribuir de modo activo a su diseño europeo. Lo demás va a quedar en una vitrina de museo.
