Concesionarias de autopistas: un negocio sin riesgo

24 de septiembre de 2012 (10:27 CET)

La situación de una parte de las autopistas españolas se ha convertido en un gran problema para el Gobierno central que tiene que buscar soluciones con urgencia que impidan, definitivamente, la quiebra de algunas de ellas. Como ocurre en el mundo de los casinos, no resulta aventurado afirmar que la mesa siempre gana y eso pasa inevitablemente
porque sea el usuario el que pierda.

La solicitud de preconcurso de acreedores por parte de la autopista Cartagena-Vera (Aucosta) es la última en incorporarse a la lista conformada por autopistas como las Madrid-Toledo o las radiales madrileñas 2, 3, 4 y
5, todas ellas en concurso o preconcurso de acreedores con una deuda total en torno a los 2.700 millones de euros.

En total, en España existen una decena de autopistas de peaje que se han visto afectadas por el desplome del volumen de tráfico derivado de la crisis --en 2011, el tráfico de toda la red de autopistas de peaje cayó el 5,6% en comparación al año anterior---y por los sobrecostes que afrontaron a la hora de expropiar los terrenos sobre los que se construyeron.

El sistémico problema tiene una difícil solución que afecta a importantes constructoras y entidades financieras entre las que se encuentran pilladas FCC, Ploder, Ferrovial, Sacyr, Abertis, ACS, FCC, Acciona, OHL, Bankia, Cajamar, CAM, Caja Castilla La Mancha, Unicaja o La Caixa.

Todas estas compañías se han puesto manos a la obra para convencer al Gobierno central de que la manera más barata para compensar los costes que supondrá mantener estas vías de pago en funcionamiento pasa, entre otras medidas, por prolongar la vida de concesiones de otros activos altamente rentables.

En el caso de Abertis, participada por La Caixa y que controla la mayoría de concesionarias de las autopistas españolas, se habla de aumentar la vida de sus concesiones más rentables y otras afectadas en 20 años más, situación que ya se ha experimentado con anterioridad.

La patronal de concesionarios de autopistas de peaje ha propuesto al Gobierno una solución igualmente “imaginativa” para evitar la quiebra de las autopistas de pago en situación complicada: hacer extensivo el cobro de peajes a toda la red de autovías del Estado.

La implantación de un peaje a todos los vehículos que circulen por la red de autovías de alta capacidad, podría generar ingresos anuales a las arcas del Estado de hasta 3.500 millones de euros, cifra más que suficiente para atender el mantenimiento de la red e inyectar liquidez a las supuestamente maltrechas arcas de las empresas concesionarias.

El sector de las concesionarias de autopistas, como suele ocurrir en el mundo de las concesiones, está plagado de oscuros capítulos, difíciles de desentrañar, que han merecido denuncias de todo tipo y movimientos ciudadanos que han tratado de enfrentarse a lo que consideran un expolio que cuenta con la connivencia de muchos estamentos.

Dentro de estos últimos, se encuentra el movimiento catalán No vull pagar (No quiero pagar) que se niega a pagar en los peajes de las autopistas catalanas. Consideran que los periodos de concesión del peaje de las autopistas catalanas se han modificado en detrimento de los usuarios y en beneficio de la empresa Abertis, propietaria a su vez de la casi totalidad de concesionarias de autopistas españolas: Acesa, Aumar, Iberpistas, Aulesa, Avasa, Inicat y Autema.

Las acusaciones de este movimiento ciudadano contra Abertis no tienen desperdicio y reflejan la extraña connivencia del poder político y económico catalán y siempre con la necesaria participación de Madrid. Inaugurada en 1969, la primera autopista de peaje en Catalunya ha ampliado el el plazo autorizado por la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a ese tramo hasta 2021. Serán 52 años en total.

Algo similar se intentó en la A-6 con la concesión de los accesos a Ávila y Segovia a través de autopista, así como del tramo que une Villalba (Madrid) y Adanero (Ávila). Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha obligado al Ministerio de Fomento a reducir en siete años la ampliación del periodo de peaje concedido a Iberpistas por la construcción de un tercer túnel de Guadarrama, aunque el ministerio deberá abonar a la concesionaria la diferencia que esta dejará de percibir.


** Carlos Díaz Güell es editor de 'Tendencias del Dinero', publicación 'on line' económico-financiera de circulación restringida
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