Con la formación no se juega, salvo políticos, patronales y sindicatos

11 de marzo de 2014 (20:28 CET)

Nos pasamos horas y horas llamando la atención sobre la importancia que tiene la formación para la sociedad. Ensalzamos su valor como activo, tanto en un plano personal como, por supuesto, profesional. Hay abundante doctrina académica, literatura variada y las frases recurrentes de los políticos en cada campaña electoral o acto público que lo permita.

Pero nadie se toma en serio lo de la formación en España. Por supuesto, en ese error incurren los dos grandes partidos, incapaces de llevar a cabo un pacto de Estado en materia de seriedad educativa. Hay que sobrepasar con urgencia la caducidad de cualquier gobierno y contribuir sin partidismo cortoplacista a mejorar las generaciones de españoles que cursan estudios reglados de cualquier tipo.

Pasa lo mismo en las autonomías que tienen transferidas competencias en esta materia. Parece que haya pasado una eternidad, pero uno de los grandes casos de corrupción en Catalunya, sentenciado y condenado por la justicia, fue el llamado caso Treball, en el que un partido político entonces en el gobierno utilizó fondos procedentes de la formación para otros usos. Podemos ser generosos y olvidarnos cuando criticamos los expedientes de regulación de empleo de Andalucía, pero lo cierto es que todo transita por el mismo maloliente camino.

 
Un sólo euro que se haya perdido en algo tan útil y sensible es un despropósito de país subdesarrollado

Los fondos públicos que el Estado ha puesto para la formación y cualificación de los trabajadores y parados tampoco se han gestionado correctamente. Y aquí no toda la responsabilidad pertenece a la administración pública. Los sindicatos y las patronales han sido gestores de una parte de esos recursos. Seguro que en su mayor parte se han destinado a la finalidad adecuada, pero sólo que se haya perdido un euro para una cuestión tan útil y sensible parece un despropósito digno de cualquier país subdesarrollado. Y eso ha sucedido en más ocasiones de las que la sinvergozonería de un individuo en concreto pueda justificar.

Que un alto cargo de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam) fuera detenido ayer como presunto cabecilla de un fraude estimado en 4,5 millones de euros es una muy mala noticia. No únicamente porque de demostrarse su implicación se trataría de un personaje más a añadir al diccionario de la corrupción en España, sino porque demuestra que la crisis institucional del país traspasa las administraciones públicas y atañe a casi todas las capas de la sociedad.

Y, lo peor, con la formación de un país no debería jugar nadie.
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