Cataluña: el problema político persiste

01 de octubre de 2014 (17:27 CET)

Como era de esperar el Gobierno de Rajoy ha impugnado tanto la ley como el decreto de la consulta de la Generalitat y el Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente el proceso. A la espera de la sentencia del TC, todo queda en principio parado en el campo legal. Pero lo que no se detiene, sino que se profundiza, es el problema político

Hasta ahora el Gobierno del PP se ha limitado a recurrir a la ley y apelar a la Constitución contra la demanda planteada por una mayoría política en Cataluña. Es evidente que Rajoy juega con las leyes y el poder del Estado a su favor. Pero lo que también es evidente es que su posición no sólo no soluciona la situación, sino que la complica.

La posición defensiva de Rajoy y el PP, con el apoyo matizado del PSOE, es profundamente decepcionante y podríamos decir que carece de liderazgo. De la política hay que esperar que resuelvan los problemas políticos. Y si hay un problema grave debe haber valentía y capacidad para afrontar los problemas y plantear soluciones.

Hasta ahora la única alternativa que ha recibido la sociedad catalana del gobierno central ha sido una negativa al planteamiento de la consulta para definir el encaje y las relaciones Cataluña-Estado, después del deterioro y desafección provocadas por la sentencia del TC sobre el Estatuto, dictada instancias del PP, no hay que olvidarlo.

Muchos han comparado la actitud de Rajoy con la de Cameron y es comprensible. Cameron aceptó el referéndum de Escocia después de negociar el cómo y de qué manera se tenía que llevar a cabo. Es decir actuó políticamente, y se demostró que muchas veces no las propuestas más visibles son las mayoritarias.

Pero Rajoy parece tener miedo, miedo a la decisión de los catalanes. No cree que los catalanes puedan aceptar razones para continuar dentro del Estado. Y es evidente que su respuesta únicamente negativa, sin proponer ninguna alternativa política, no hace más que hacer crecer la desafección y la animadversión hacia su posición y, de rebote, hacia el conjunto del Estado.

En el caso de Escocia el nacionalismo escocés jugaba con el factor favorable del rechazo de los escoceses hacia el partido conservador. En este caso se confrontaba un modelo de gobernar más "socialdemócrata" en Escocia con la política de austeridad del Gobierno de Londres.

Pero Cameron tuvo la habilidad de apelar a los escoceses dejando clara la diferencia entre votar contra él y los conservadores y votar por la independencia. Es evidente que en nuestro caso faltan muchas cosas, no sólo Rajoy no es Cameron, sino que tampoco aparece un Gordon Brown capaz de hacer propuestas alternativas a la independencia a partir de plantear mayores competencias para el autogobierno escocés.

Las diferencias son abismales. En el caso del Reino Unido su premier no tiene ningún problema en reconocer que es una "nación de naciones" y que Escocia es una nación. En el caso de España su gobierno no sólo no cree en el carácter plurinacional del Estado, sino que está llevando a cabo, amparándose en la crisis, todo un proceso de recentralización y de lectura restrictiva de la Constitución. Ante esto, el PSOE plantea una hipotética reforma constitucional poco concreta en cuanto a las demandas de Cataluña, y a nivel estatal sólo la Izquierda Plural- IU defiende el derecho de los catalanes a ser consultados.

Con este panorama cada actuación del Gobierno de Rajoy significa la inclinación por aversión de más catalanes hacia posiciones independentistas, que defiende un Gobierno, como el de Mas y CiU, que no representan ningún cambio con respecto a las políticas antisociales de recortes, sino que incluso fueron los pioneros en el Estado.

En estos momentos habría que recordar que al consensuar la Constitución, aún reciente el final de la dictadura, se tuvo una especial voluntad de remarcar el carácter diferenciado de las nacionalidades históricas y por eso se habla de nacionalidades y regiones. Gente de peso como Herrero de Miñón o Santiago Carrillo han reconocido que con el término "nacionalidades", se quería reconocer, en un momento todavía difícil, el carácter nacional y diferente de Cataluña, Euskadi y Galicia. Después vino el 23 F, la LOAPA y el “café para todos”.

En Cataluña, ya desde antes de la democracia, la mayor parte de las fuerzas políticas democráticas y de la sociedad se han identificado con el hecho de que Cataluña es una nación. Lo han reivindicado desde el inicio y por eso el acuerdo constitucional con la referencia a las "nacionalidades".

Un ejemplo claro de este hecho es que la legalización de CCOO en Cataluña se hace al margen de la de las CCOO de España y con el nombre de "Comisión Obrera Nacional de Cataluña". Y todos los partidos catalanes se autodenominan en sus estatutos partidos nacionales catalanes.

Aquí está la raíz del problema y la falta de voluntad política y al parecer la imposibilidad ideológica de la derecha española, PP- UPyD, de reconocer una realidad y consecuentemente su incapacidad de plantear alternativas políticas que puedan ser al menos debatidas, negociadas y tal vez aceptadas por la sociedad catalana.

Si el Gobierno del Estado planteara: a) reconocer Cataluña como nación con una relación bilateral con el Estado; b) blindar las competencias propias de Cataluña, en especial las más sensibles como lengua y educación; y c) establecer un sistema de financiación más justo sin renunciar a la necesaria solidaridad; seguramente estaría en condiciones posiblemente de negociar y con probabilidades de ganar una consulta en Cataluña.

Si este Gobierno no es capaz de hacerlo se retrasa la solución, incrementaremos los agravios y la falta de diálogo y dejaremos a otro Gobierno futuro la responsabilidad de resolver en peores situaciones un conflicto enquistado.

La política es el arte de solucionar los problemas políticos y las necesidades de la sociedad. Las leyes y las constituciones están para regular las relaciones y para ser modificadas cuando no lo hacen. Y los políticos de verdad son los responsables de hacerlo.
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