Caso Palau: mangancias impunes

19 de julio de 2013 (23:16 CET)

El juez Josep Maria Pijoan, instructor del caso Palau de la Música, ha dado a la luz un auto de conclusiones mortífero. Asevera que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente mediante mordidas satisfechas por la constructora Ferrovial a cambio del otorgamiento de obra pública.

El asunto sobreviene seis meses después de que su partido hermano Unió Democràtica de Catalunya (UDC) reconociera en el juzgado haber cometido un delito de corrupción en el caso Pallerols y se aviniera a pagar 388.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Gracias al auto de marras, los ciudadanos de Catalunya ya saben ahora que una serie de obras sufrieron sobrecostes enormes a cargo de los contribuyentes, con el único fin de que el partido liderado por Artur Mas se embolsase bajo mano su correspondiente soborno. Entre otras muchas, el catálogo abarca la Ciudad de la Justicia, a caballo entre Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat; la línea 9 del Metro; el pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès; y el revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro. Por estos latrocinios, el mismo juez ha embargado la sede de la formación y mantiene a ésta como responsable civil.

Uno de los aspectos más llamativos de la resolución judicial es que los 17 imputados son personajes de segunda y tercera fila. Del lado de Ferrovial Agromán, aparecen Pedro Buenaventura Cebrián y Juan Elizaga Corrales. El primero fue director territorial de Ferrovial Agromán en Catalunya hasta el año 2000 y luego jefe de la división de construcción hasta 2006. El segundo ejercía de director de relaciones institucionales de la misma empresa.

El juez afirma que “actuaron sin que conste el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados de dirección de la sociedad”, lo que equivale a aseverar que ambos manejaban millones de euros de la empresa con total desenvoltura y largaban las coimas ante sí y por sí, sin que tuvieran noticia el presidente, el consejero delegado o cualquier otro jerifalte de la casa.

Por parte de CDC, los imputados son dos tesoreros del partido, Carles Torrent, fallecido en 2005, y Daniel Osàcar, más el diputado en el Parlament Jaume Camps, un veterano recaudador de fondos non sanctos para su partido, implicado en varios sumarios por lances similares.

El juez considera acreditado que CDC recibió más de 5 millones de euros mediante el pago de comisiones que rondaron el 4%, a repartir entre el partido y los ejecutivos del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull.

Dilaciones y floreros

Es llamativa la larguísima instrucción del caso, que dura ya cuatro años y ni siquiera se ha convocado todavía el juicio. En todo este tiempo, el saqueador confeso Fèlix Millet ha disfrutado de plena libertad de movimientos.

El juez Pijoan también dirige su particular reproche a los órganos de control del Palau de la Música por su “dejación de funciones”. A la vista está que esos órganos ni controlaron al binomio Millet-Montull ni fiscalizaron las cuentas de la institución, falseadas de la cruz a la raya delante de sus mismas narices. De nada se enteraron los 50 miembros que forman la poblada junta del patronato, ni los 19 integrantes de la comisión ejecutiva. Ha quedado de manifiesto que fueron meras figuras decorativas o simples floreros que estaban allí para lucir el tipo y poca cosa más.

La lista de estos vocales despistados compone un relevante florilegio del empresariado catalán, acompañado por alguna vieja gloria política. Entre otros, figuran Anna Balletbó, Arcadi Calzada, Manuel Carreras, Mariona Carulla, José Ferrer, Marta Ferrusola, Juan Gaspart, Enrique Lacalle, Evaristo Murtra, Enric Reyna, Leopoldo Rodés, Antoni Serra Ramoneda, Narcís Serra, Arturo Suqué, Miquel Valls Maseda y Maria Àngels Vallvé.

Otra consideración que inspira el auto es que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Porque ni Torrent, ni Osàcar ni Camps poseían capacidad decisoria en asuntos de ese tenor. De hecho, el juez cree que intervinieron otros altos responsables de CDC que ejercieron el necesario ascendiente sobre la Generalitat y los ayuntamientos afectados por las obras.

Pero así es la Justicia. Este marrón se lo van a tragar los palafreneros habituales, mientras los máximos responsables van camino de escabullirse. En todo caso, si yo fuera uno de los políticos involucrados, dormiría a pierna suelta. De momento ya llevan cuatro años tan campantes y ni siquiera hay fecha para el juicio, así que como decimos en Catalunya qui dia passa, any empeny.

Cuando concluya la vista, se determinarán las penas que deben aplicarse. Pero si alguno o algunos resultan condenados, todavía podrán acudir al Gobierno español para que les administre alguna que otra medida de gracia. Así se ha hecho en situaciones parecidas y recientes, como atestiguan los reiterados indultos de Mossos d’Esquadra o los condenados por el caso Treball.

Y si por fin Mariano Rajoy o quien ocupe en su momento la Moncloa no da su brazo a torcer y es inevitable el ingreso en prisión, ahí está para aliviarlo la dirección de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Govern, mediante la concesión del tercer grado. Así acaba de ocurrir con Enric Roig y Antoni Herce, presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat entre 1993 y 2000. Se les propinaron cuatro años y medio de prisión por hurtar 2,7 millones de la compañía. Pues bien: merced a la inusual diligencia y presteza de las autoridades, ambos individuos han abandonado el penal a los 48 días de su encarcelamiento, un tiempo récord sin precedentes. De momento, ambos interfectos sólo han devuelto una cuarta parte de los fondos sustraídos.

Así está el patio celtibérico del Monipodio. A la casta política habría de caérsele la cara de vergüenza ante episodios como los señalados. Pero eso es como pedir peras al olmo.
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