Casi dos días en el monte Sinaí

26 de septiembre de 2014 (00:00 CET)

Será el sábado cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, firme la convocatoria de la consulta secesionista. Ha comenzado un muy breve período temporal al que hará falta dotar de fusibles para que no cese la energía de un calendario sin más horizonte que el 9N. Más incógnitas que tierra firme, indudablemente. Del éxodo, a veces, ni tan siquiera puede esperarse que tenga un desenlace. Un gran legislador como Moisés no prometía en vano.

Entre tantas incógnitas está el por qué Artur habrá creído que podía convocar un consulta con un utillaje jurídico tan precario. Eso implica, entre otras cosas, ignorar la naturaleza jurídica del Estado del que el independentismo desea fraccionarse.

Otro aspecto es que un territorio que quiere independizarse y convertirse en Estado hace un mal comienzo si lo confía todo a la improvisación y a la idea de que Cataluña cae bien en el mundo. Es más bien todo lo contrario: un proceso así requiere de plenas garantías y de la máxima transparencia normativa.

Esa será la inquietud de fondo para esos dos días en el monte Sinaí, sabiendo que los dispositivos normativos del Estado están ya en luz roja. Al final, ¿quién no sabe que la ley de consultas será impugnada y suspendida la convocatoria? Cuesta pensar que Artur Mas baje del Sinaí con el decálogo impugnado y no quede políticamente quemado.

Más allá del imbroglio de las dos preguntas que se desean presentar a la ciudadanía de Cataluña y que son de una total contradicción semántica y procedimental, ¿son practicables los plazos que fija la nueva ley? ¿Quién puede suplantar las funciones de la Junta Electoral? ¿Quién procede al sorteo de los miembros de las mesas electorales y sus suplentes, y aprueba a los apoderados? ¿En qué experiencia y fundamento jurídica se basa una Comisión de Control cuya inconsistencia es flagrante?

Una Junta Electoral es algo perfectamente serio. Su formación en toda democracia ha representado un avance y una garantía para que el voto sea secreto, para que el electorado no pueda recibir presiones y su voto en secreto tenga valor soberano. ¿Qué autoridad institucional puede garantizar esta propuesta de consulta secesionista si llevamos ya un tiempo inmersos en sesgos institucionales sin precedentes?

Del mismo modo, tampoco están perfiladas las garantías para que los medios públicos de comunicación refieran el proceso consultivo con absoluta neutralidad. TV3, por ejemplo, viene superándose en parcialidad todos los días. En la remota hipótesis de una consulta, ¿Quién vigilará al vigilante? ¿Cómo creer en la seguridad jurídica de una consulta que va más allá de las competencias específicas de la Generalitat? ¿Cómo explicar a los medios internacionales que en la consulta tendrían voto los jóvenes de dieciséis años cuando la mayoría de edad está en los dieciocho?

Serán largas horas de desencuentro en la cima del nuevo Sinaí. Ahí estará Artur Mas firmando la convocatoria de una consulta que él es el primero en saber que no va a tener lugar. Le acompaña un establishment nacionalista cuyos horizontes son tan localistas que acabarán por decepcionar incluso a los ciudadanos más ilusionados con la idea del derecho a decidir.
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