Caruana y Mafo, ante el juez por la quiebra de las cajas

24 de mayo de 2013 (18:47 CET)

Las cajas de ahorros extintas han dejado una estela de conflictos que ahora transitan perezosamente por la senda de los juzgados. Las peripecias de 15 entidades están en el ojo del huracán. Hay imputados nada menos que 80 ex dirigentes. La ristra de delitos que se les achaca semeja un exhaustivo repertorio de figuras tipificadas en el Código Penal. Entre otras, abarcan falsedad contable, administración desleal, delito societario, apropiación indebida, estafa, manipulación de precios, falseamiento de cuentas, cohecho y prevaricación.

A la lista de capitostes encartados acaban de sumarse los máximos representantes del Banco de España, responsable de vigilar las cajas. Se trata de los ex gobernadores Jaime Caruana, designado por el PP, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, encumbrado por el PSOE. Hace pocos días se ha admitido a trámite la querella interpuesta contra ambos por el sindicato Manos Limpias, que dice dedicarse a la labor sindical y a la lucha contra la corrupción, en particular la perpetrada por prebostes de la política.

Mentes aviesas atribuyen a Manos Limpias pulsiones reaccionarias, pero a la magistratura le trae al fresco la ideología de los denunciantes. Lo único que le preocupa es determinar si las censuras son veraces o no.

Como el movimiento se demuestra andando, Manos Limpias ha rociado de demandas a las planas mayores de las cajas de ahorros y a todo bicho viviente sobre el que recaiga sospecha de actuación delictuosa. Por ejemplo, el sindicato es uno de los más pugnaces acusadores de Iñaki Urdangarín y de su ex socio, ex amigo y ex profesor en la escuela de negocios Esade, Diego Torres, especialista en divulgar correos electrónicos comprometedores para los duques de Palma.

Los supervisores hicieron la vista gorda


El último misil disparado por Manos Limpias tiene por objetivo, como antes queda dicho, a los mandamases del Banco de España. Les reprocha la autoría de delitos de falsedad en documento público, amén de complicidad, encubrimiento o cooperación necesaria en delitos societarios y de administración desleal, durante los doce años en los que uno y otro pilotaron el organismo.

Para ello se fundamenta en diversos estudios, en particular uno elaborado por la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del banco supervisor. En él se subraya que sus funcionarios detectaron en su día innumerables irregularidades y las pusieron en conocimiento de los mandos superiores. Pero éstos las alteraron y endulzaron de tal forma, que resultaban irreconocibles en los informes finales emanados del Banco de España.

Los abogados de Manos Limpias fustigan también a los altos jerarcas de ese organismo por encubrir y permitir "el cobro de retribuciones multimillonarias y otras prácticas absolutamente especulativas en forma de bonus". Sostienen que una fiscalización imparcial y la denuncia de los delitos “habrían evitado los rescates, el fraude de las preferentes, los sueldos estratosféricos y el blindaje ilegal de las jubilaciones de directivos”.

Tampoco se dejan en el tintero “las condonaciones de deudas, el otorgamiento de créditos fallidos a promotores inmobiliarios y la concesión de préstamos en condiciones ventajosas a los propios consejeros de las cajas”.

La devastadora querella de Manos Limpias pone en solfa la gestión de los ex gobernadores. Asegura que ambos hicieron la vista gorda y toleraron toda suerte de excesos y abusos, en vez de velar por la pureza del sistema bancario e impedir los manejos de la tropa de sinvergüenzas que lo regían.

Los restos del naufragio


La causa contra Caruana y Fernández Ordóñez ya está en marcha. La investigación llevará su tiempo. Entre tanto, son legión los jerifaltes de las cajas de ahorro que tienen cuentas pendientes con la Justicia. Así, sin ánimo de ser exhaustivo, los seis jueces de la Audiencia Nacional escrutan las ex cúpulas de Banco de Valencia, Caixa Penedès, Novacaixagalicia, CAM, Bankia, Caja Castilla-La Mancha, Caja Segovia y Banca Cívica.

Por su parte, la fiscalía de Barcelona abrió diligencias sobre Caixa Catalunya. Indaga, en particular, las conductas de Adolf Todó, Jaume Massana, Narcís Serra y Fernando Casado por presuntas irregularidades en el régimen retributivo. Las desventuras de las cajas difuntas han caído de lleno en el ámbito judicial.

Esas instituciones significaban hace pocos años el 50% del conglomerado crediticio español. Sólo La Caixa, la aragonesa Ibercaja, la vasca Kutxabank y algunas pocas de menor rango han salido airosas. El resto se ha ido a pique y se ha llevado por delante los ahorros de cientos de miles de clientes y accionistas. El conjunto de los contribuyentes ha tenido que pechar con la factura del salvamento mediante la asunción, a escote, de una deuda colosal cuyo reembolso seguirá gravitando sobre las próximas generaciones.

La pelota se encuentra ahora sobre el tejado de los tribunales. A cargo de éstos queda la ímproba tarea de poner negro sobre blanco las vicisitudes de las cajas. Pero a la feligresía nadie le quita la sensación de haber sido atracada por una tropa de chorizos de cuello blanco con la connivencia de las castas política, sindical y empresarial.
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