Cárteles empresariales nauseabundos

Gonzalo Baratech

16 de mayo de 2014 (19:36 CET)

El saqueo de fondos públicos ha devenido una especie de plaga de termitas que corroe el país hasta sus últimos rincones. Si los políticos de todo pelaje andan enfangados en un lodazal de podredumbre, poco puede extrañar que los abusos menudeen también en el ámbito de las empresas privadas.

Gracias a la Comisión de la Competencia sabemos que las compañías de cabecera de determinados sectores se conchaban bajo cuerda para exprimir a los consumidores. Lo hacen, con harta frecuencia, mediante la creación de cárteles. El objetivo de éstos reside en repartirse la clientela, intercambiar información comercial, fijar precios elevados y otras prácticas inconfesables.

Los ejemplos abundan. Así, Competencia incoó, en los últimos meses, expedientes contra una quincena de recicladores de desperdicios de papel; siete transportistas por carretera de mercancías refrigeradas; un grupo de industriales del cartón ondulado –incluida su propia patronal–, y otro de rodamientos.

También empapeló a varios productores de prefabricados, de postes de hormigón y de construcciones modulares; a diez agencias de viajes; a firmas de certificación; a marcas de automóviles y sus concesionarios; a elaboradores de leche y de turrón, entre otros artículos alimentarios.

El organismo fiscalizador emprendió, asimismo, actuaciones contra la inefable SGAE --gestora de los derechos de autor--, salpicada de antiguo por un reguero de irregularidades; contra el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial; y contra una patronal de gestoras de residuos y saneamiento urbano.

El supervisor también volvió a investigar a Telefónica y otras operadoras de telefonía móvil. Fijó su mirada sobre el sector eléctrico, cuyo oligopolio desvalija a los ciudadanos. Por último, abrió el enésimo sumario a las petroleras, que merecen comentario aparte.

La Comisión ha constatado reiteradamente que cuando los precios mundiales del crudo suben, las distribuidoras los trasladan a sus surtidores sin perder un minuto. En cambio, reflejan las bajas con una insufrible parsimonia.

De ahí a inferir que están expoliando con descaro a los conductores, media un corto trecho que Competencia no ha sido capaz de desbrozar.

En los últimos meses el ente ya ha advertido varias veces de esa tomadura de pelo, sin más consecuencias.

Sus funcionarios también observan que las tarifas de las gasolineras bajan sospechosamente los lunes. Ocurre que ese día han de reportar sus escandallos a Bruselas. Una vez esfumado el efecto lunes, los carburantes vuelven subir a medida que se acerca el fin de semana, el más caro para el repostaje.

Un combate desigual

En cuanto a los pliegos de cargos resueltos por la Comisión, son de destacar las multas propinadas a la cadena Telecinco, Correos, Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos Estomatólogos de España, Colegio de Ingenieros de Caminos, Puerto de Barcelona y asociaciones de transportistas, amén de navieras, cosecheros de mandarinas, papeleras, fabricantes de espuma de poliuretano y sociedades de fontanería y saneamiento.

El órgano estatal de vigilancia posee unos medios más bien escasos para afrontar las incontables distorsiones que brotan en los mercados. Además, ha de batallar contra colosos que se las saben todas. Un ejemplo palmario lo ofrece Telefónica, cuyo ejército de abogados recurre de forma sistemática cuantas sanciones se le aplican. Su dotación presupuestaria para estos menesteres no tiene límites.

Por ello, los asesores jurídicos del gigante llegan hasta donde haga falta, ya sea la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Tribunal de La Haya. Si se terciase, no dudarían en acudir a la mismísima Organización de Naciones Unidas.

Desde que las telecomunicaciones se liberalizaron, Competencia ha impuesto una rociada de varapalos a Telefónica. Ésta no dejó uno solo sin recurrir. En la mayoría de los casos, logró rebajas draconianas, cuando no su simple anulación.

Dícese que todos somos iguales ante la ley. Pero está claro que cuando se dispone de recursos sin cuento para contratar los gabinetes legales más afamados, las posibilidades de indemnidad crecen a ritmo exponencial.
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