Cárteles empresariales a destajo

10 de julio de 2015 (18:51 CET)

La Comisión Nacional de la Competencia ha propinado esta semana multas por valor de 23 millones de euros a Repsol y a varias gasolineras de Lugo. Las acusa de concertarse ilícitamente para fijar los precios de venta al público. La noticia sobreviene pocos días después de que el Tribunal Supremo decretara la nulidad de un castigo de 21 millones que el citado organismo impuso a la aseguradora madrileña Mapfre seis años atrás. La notificación del correctivo a Repsol y la supresión del aplicado a Mapfre vienen a ser las dos caras de la misma moneda.

Ocurre, en efecto, que muchas de las empresas incriminadas por el vigilante de los mercados recurren sistemáticamente ante los tribunales. Y que éstos anulan o rebajan de forma sustancial la mayoría de las puniciones dictadas por Competencia. Las empresas, asesoradas por bufetes prestigiosos, logran de entrada retrasar el pago de las multas hasta que recaiga sentencia. Y dado que la justicia se mueve a paso de tortuga, las dilaciones se alargan ad calendas graecas. Entretanto, como decimos por estos andurriales, qui dia passa, any empeny.

En este forcejeo entre el poder público y el sector privado, resulta llamativo que, cuando las instancias superiores se pronuncian por fin, su veredicto se decanta a favor de las empresas apelantes en la mayoría de los casos. También es digno de nota que los funcionarios de Competencia no se amilanan por semejantes varapalos a sus actuaciones. Bien al contrario, siguen trabajando sin desmayo y con esfuerzos redoblados. De hecho, no pasa semana sin que descubran la existencia de algún contubernio, es decir, de algún cártel de nuevo cuño. El caso es que sólo en lo que va de año han lanzado un aluvión de multas que suman cerca de 500 millones de euros y quintuplican el volumen de todo 2014.

Sectores de todo pelaje

La lista de afectados por esta vasta campaña de escarmientos abarca el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial; un grupo de constructoras que se repartía el negocio del trasiego de basuras, entre ellas ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr; las firmas de rodamientos industriales para vehículos ferroviarios SKF Española, Schaeffer Iberia y NSK; las petroleras Repsol, Cepsa, Disa, Galp, Meroil y British Petroleum; ocho fabricantes de postes de hormigón; y una decena de lácteas, entre ellas Central Lechera Asturiana, Danone, Lactalis, Nestlé, Peñasanta, Pascual, Puleva y Senoble.

Suma y sigue. Competencia también le ha arreado una manta de leñazos crematísticos a 45 concesionarios de Toyota, Hyundai y Opel; a 10 de Land Rover en Madrid y Barcelona; a 95 de Audi, Seat y Volkswagen. Así mismo, ha vapuleado a 18 fabricantes de papel, cartón ondulado y productos de embalaje, entre las que son de citar Europac, Dapsa, Saica y Smurfit Kappa.

Paralelamente, el órgano de vigilancia ha abierto, desde el primero de enero, una larga lista de expedientes sancionadores, que se van a sustanciar durante los próximos meses. Figuran en ellos los concesionarios de Volvo, una decena de cementeras y hormigoneras, la cadena Telecinco, compañías de mudanzas, las firmas de transporte de fondos Prosegur y Loomis, y empresas de servicios fotográficos.

Las acusaciones que se vuelcan sobre los infractores suelen ser las mismas, o sea, conchabamiento para intercambio de información comercial secreta, exacción de precios similares de venta y reparto de mercados y clientes. Ya se verá cómo acaba este vendaval de pesquisas. A la luz de tan extensas vulneraciones, no parece sino que España sea terreno abonado para que una caterva de elementos sin escrúpulos esquilme al pueblo soberano.

Por desgracia, a la hora de perseguir tales conductas, la incompetencia de los burócratas del organismo les lleva a incurrir con harta frecuencia en defectos de forma y de fondo de tal bulto, que sus sanciones no resisten el filtro de la justicia y acaban en agua de borrajas. Así no vamos a ninguna parte. Y el país sigue a merced de una turba de desaprensivos.

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