Cajas de ahorros: está por confirmar que la ley sea igual para todos

20 de enero de 2014 (19:31 CET)

En las mismas fechas en que España vivía un intensísimo debate en los medios de comunicación sobre si la infanta Cristina debía o no bajar andando la rampa del juzgado de Palma en donde declarará como imputada a principio de febrero ante el juez Castro por un asunto que en conjunto no alcanza los 200.000 euros, el ministro De Guindos anunciaba en una reciente intervención en el Congreso de los Diputados que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), comprada en junio de 2012 por el Banco Sabadell por un euro, terminará costando cerca de 15.000 millones de euros que, aunque le corresponderían desembolsar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), sufragado por las entidades financieras, todo parece indicar que terminará computándose como coste público, si resulta aceptable hacer interpretaciones de las palabras del ministro.

En el momento de la venta, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cifró el coste de la operación en unos 8.000 millones de euros: 5.249 millones de inyección de capital y 2.600 o 2.700 de pérdida estimada, cantidad que se enfatizó como inferior al precio de la liquidación de la caja que se estimó en el entorno de los 18.000 millones de euros.

El propio ministro de Economía señalaba el otro gran agujero, correspondiente en esta ocasión a CatalunyaCaixa, que ya ha consumido 12.000 millones de euros --que se dan por perdidos-- y cuya privatización no se presenta fácil dada la falta de interés de otros bancos por adquirirla.

El banco catalán compró la caja alicantina tras garantizarle el Estado un Esquema de Protección de Activos (EPA), figura que supone un blindaje ante un futuro deterioro en los activos de la CAM por lo que éste no correría a cargo del Sabadell. En concreto, la EPA supone que el Estado asume durante diez años el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera problemática de activos de la CAM valorada en 24.000 millones de euros compuestos entre otros por crédito promotor, suelo, edificios y obra en curso, así como préstamos para compra de vivienda y refinanciaciones. En el momento de la venta, Bruselas, estimó que la ayuda estatal podría ascender a 8.200 millones.

En conjunto, 27.000 millones de euros por el deterioro de ambas entidades financieras, cantidad muy superior a la percibida por Bankia en proporción al volumen de estas entidades y que ha dado alas a los críticos que no han perdido la oportunidad de resaltar este otro generoso esfuerzo del Estado para con Catalunya y sus instituciones.

La venta de la CAM al banco catalán, acordada por el Gobierno de Zapatero en funciones, cerraba un gigantesco escándalo como consecuencia de la política crediticia seguida por esa entidad (al igual que en muchas otras cajas de ahorro) que ignoró reiteradamente las “exigencias” de medidas del Banco de España iniciadas en 2004 dada “la gran concentración” en el sector inmobiliario.

Los administradores de la CAM no es que no hicieran caso, sino que hicieron todo lo contrario, pues en diciembre de 2004 el peso del sector inmobiliario en la entidad era del 20%, en el mismo mes de 2005 pasó al 25% y en 2006 llegó al 30%, de manera que no fueron muy efectivos los escritos del Banco de España.

El disparate y el escándalo de las cajas de ahorro, intervenidas de una u otra manera, resulta de tal dimensión que no deja de sorprender a observadores y analistas, no sólo que el Gobierno no optara en su momento por cerrar algunas de ellas en lugar de asumir el altísimo coste que está suponiendo su saneamiento y el estéril esfuerzo con devolverles a la normalidad, sino el escasísimo nivel de eficacia que está demostrando las distintas estancias judiciales, fiscalías incluidas, a la hora de juzgar las irregularidades y supuestos delitos que se dieron en esas entidades.

Mientras el juez instructor Castro lleva meses mareando la perdiz en torno a la infanta Cristina y a su marido Urdangarin con un celo encomiable, pocos son los que conocen el estado en que se encuentran las acciones judiciales emprendidas contra las distintas cajas de ahorro intervenidas y que en su conjunto han exigido un desembolso por parte del erario público de más de 61.000 millones de euros que para los que todavía siguen haciendo la equivalencia en pesetas alcanza la cifra de 10.126.000.000.000.

¡Eso sí que es dinero! Aunque nadie conozca o recuerde a un émulo del juez Castro en este tipo de asuntos.



Post-it: El chollo de los EPAS

El Esquema de Protección de Activos es un aval otorgado por el FROB a los bancos que adquieren alguna entidad financiera en problemas con objeto de cubrir potenciales pérdidas en la cartera de créditos del banco adquirido. Entre ellos cabe señalar los siguientes:
  • Cajastur se hizo con Caja Castilla la Mancha con un EPA de 2.475 millones de euros.
  • BBK se hace con Cajasur solicitando un EPA  de 392 millones de euros otorgado por el FROB.
  • Banco Sabadell se quedó con la CAM, bajo un EPA que cubre el 80% de las pérdidas de una determinada cartera de créditos.
  • Caixa Bank se quedó con el Banco de Valencia, con un EPA que cubre las pérdidas del 72,5% de la cartera de créditos de empresas. 
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