Blindajes obscenos en las empresas del Ibex

Gonzalo Baratech

10 de mayo de 2014 (00:00 CET)

Las sociedades del Ibex 35 han inventado un sinfín de privilegios para su casta dirigente. El repertorio abarca sueldos siderales, dietas, opciones sobre acciones, bonos estratégicos, pensiones millonarias y una batería inacabable de mamandurrias de todo pelaje.

Los pormenores de tales prebendas se especifican en los informes periódicos sobre retribuciones y gobierno corporativo de cada sociedad. Pero hay un aspecto, muy llamativo por cierto, que suele pasar inadvertido. Me refiero a la moda, que se ha extendido como mancha de aceite por la piel de toro, de los contratos blindados.

Hasta 2012, las empresas sólo recogían los concernientes a los máximos jerarcas de la cúpula. Desde 2013, la transparencia se ha extendido a toda la plana mayor. Merced a este destape, sabemos ahora que suman casi un millar los profesionales con resguardo de cláusulas acorazadas. Éstas son independientes de sus pagas ordinarias, abusivas muchas de ellas, y les otorgan, en caso de cese, un momio adicional indemnizatorio, sufragado a expensas de las arcas sociales.

A raíz de la crisis financiera y para evitar los excesos que se venían cometiendo con los blindajes, la Comisión Europea recomendó ponerles coto. Las eminencias grises de Bruselas arguyeron que semejante práctica significaba premiar el fracaso de los directivos de bancos rescatados con fondos públicos. En consecuencia, aconsejaron prohibir de forma tajante los superiores a dos años completos de salario fijo. 

La admonición de la UE ha surtido efectos dispares. Algunas empresas la siguen a pies juntillas. Otras se la pasan por el arco del triunfo. Otras más la aplican, pero sin carácter retroactivo, con lo cual quedan intactas las canonjías de los actuales gerifaltes.

Chollos opacos

Salvo error u omisión, el rey en esta materia es Ignacio Sánchez Galán, cuya poltrona está más plancheada que un Panzer de la Wehrmacht. El primer espada de Iberdrola tiene derecho a tres anualidades de salario, más otras dos por abstenerse de fichar por entidades de la competencia. Como el año pasado cobró 7,4 millones, si le echan se llevará al zurrón la bagatela de 37 millones.

Dicho con otras palabras, a los accionistas de Iberdrola les cuesta un riñón que Sánchez trabaje en la compañía. Pero que deje de hacerlo les saldrá mucho más caro.

El contrato de este preboste bate el récord en cuantía absoluta de compensación. Pero en número de años de resarcimiento, le supera con creces Juan María Nin, consejero delegado de Caixabank, quien tiene aseguradas seis anualidades de remuneración fija. Ésta ascendió el año último a 1,77 millones, o sea que si se prescindiere de sus servicios, habrá que gratificarle con más de 10 millones.

La extensa garantía de Nin se debe, tal vez, a que Caixabank apenas nutre su fondo de pensiones, mientras que Santander y BBVA, por ejemplo, han dotado el de sus consejeros delegados con 4,3 y 24 millones, respectivamente.
Otros magnates bien guarecidos son César Alierta, de Telefónica; Antonio Brufau, de Repsol; Florentino Pérez, de ACS; Francisco Reynés, de Abertis; y Rafael Villaseca, de Gas Natural. Todos ellos recibirán entre tres y cuatro anualidades de sueldo.

Repsol es la firma que tiene más directivos provistos de caparazón protector, casi 300. Le sigue el laboratorio Grifols, con un centenar, en su mayoría heredados de la filial norteamericana Talecris.

La faceta más polémica de estos generosos paracaídas de oro reside en que las respectivas juntas generales de accionistas casi nunca los han refrendado. Los aprueban, ante sí y por sí, los consejos de administración, y va que arde, en virtud del sobado principio de Juan Palomo.

Este espinoso asunto, tarde o temprano, acabará por sujetarse al visto bueno de las juntas generales. Es inadmisible que se hurten informaciones de tal calibre a los accionistas, que son los dueños en última instancia de las empresas, y no sus gestores, pese a que con frecuencia éstos no lo crean así.
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