ATLL, la última pifia de Mas: ¿y ahora qué, president?

31 de octubre de 2014 (00:00 CET)

Por fin el Tribunal Supremo ha sentenciado sobre el escandaloso caso de la privatización de las aguas catalanas. El Alto Tribunal ha dictaminado que Acciona debe dejar de ser el concesionario de Aguas Ter Llobregat (ATLL), la empresa suministradora hasta la cabecera de cada uno de los municipios catalanes. Ha sido necesario llegar hasta el Supremo para avergonzar a la Generalitat, que entregó a Acciona ese macrocontrato de mil millones de euros sin las garantías suficientes y envuelto en dudas mucho más que razonables.

Lo sostenía el otro competidor en el proceso de privatización, Agbar, pero también lo había dicho la justicia catalana (el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y el organismo independiente de la Generalitat para fiscalizar los contratos públicos. Por cierto, le dio las aguas sin que pagara los impuestos que cualquier otro ciudadano debe satisfacer en cualquier operación. Y eran nada menos que 40 millones de euros, de esos que ayudan a la sanidad y a la educación.

Al presidente de la Generalitat, Artur Mas, se le debía caer algo más que la cara de vergüenza por cómo ha dirigido este asunto. Lo hemos escrito hasta la saciedad desde este medio y se ha explicado en multitud de ocasiones (antes sucedió con Spanair) que los procedimientos eran incorrectos y sospechosos. Ahora ya no hay marcha atrás. Acciona tiene que dejar ATLL.

Menudo varapalo para la empresa de los Entrecanales, que ha perdido ya otros contratos en varias autonomías, que está siendo investigada por un asunto feo en Zaragoza, que ha visto como su negocio de renovables se hundía por su incapacidad de negociar con el Gobierno y que, además, jamás tuvo el más mínimo apego al territorio y siempre pensó que Cataluña era como Pamplona, un sitio más en el que obtener un contrato e ir de vez en cuando (esto no es un invento, sino una frase que me dijo un directivo de Acciona). Los Entrecanales y Acciona, pese al respeto que me merecen todos sus empleados, se lo tienen bien merecido por la actitud superlativa que han mantenido en todo este contencioso.

Mas y su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, deberían dar explicaciones por su ineptitud con esta adjudicación. Pero, claro, eso será imposible porque ya saben ustedes que están muy ocupados con otros menesteres más importantes que el futuro del dinero público de los catalanes y por supuesto el suministro de agua potable. Eso, para los próceres del nacionalismo catalán del Govern, son temas menores, africanos. Quien está dispuesto a engañar al Estado del que forma parte puede engañar a sus propios administrados. Hasta engañarse a sí mismo.

Pues bien, el próximo 9N estaría bien ver alguna pancarta junto a las banderas esteladas en la que alguien le preguntara al mesiánico Mas si todo lo que ha hecho durante su mandato ha sido tan chapucero como la privatización de las aguas catalanas. Porque, visto lo visto, tiene no sólo toda la pinta, sino todo el aroma fétido de un escándalo de mil millones gracias a la opacidad que han mantenido alrededor de un asunto que le costó la carrera política al consejero Lluís Recoder.

Algún día sabremos por qué se empecinó en darle el agua a Entrecanales y seguro que tampoco nos sorprenderemos. Su padre político ya nos preparó el cuerpo.
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