Altibajos de la justicia con los corruptos

Gonzalo Baratech

31 de mayo de 2014 (01:45 CET)

El alud de casos de mangoneo que nos asola, ha deparado en los últimos días cuatro hitos resonantes. Me refiero a las condenas de la cúpula gestora de Caixa Penedès, del preboste del Palau de la Música Fèlix Millet, del ex conseller valenciano Rafael Blasco y del ex capo de los empresarios Gerardo Díaz Ferrán. Este cuarteto de lances revela fuertes disparidades de criterio de los juzgadores, entre otras notas llamativas.

Vayamos por partes. A los de Caixa Penedès los han despachado con dos años de cárcel para el ex director general Ricard Pagès y un año para sus subalternos Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano, por un delito de administración desleal. Se ha apreciado como circunstancia atenuante el reembolso de los 28 millones que percibieron de forma irregular en concepto de pensiones, y santas pascuas. Ninguno habrá de entrar en prisión.

Segundo episodio. A Blasco, veterano de la política levantina, le han caído 8 años por una ristra de fechorías, en particular por apropiarse, mediante una falsa ONG, de 1,6 millones de euros destinados a horadar pozos de agua potable y otras obras caritativas en Nicaragua. Se ha verificado que a aquel país sólo llegaron 43.000 euros. El resto del peculio lo desvió a la compra de inmuebles y otros bienes en Valencia. Junto con Blasco se ha castigado a varios altos funcionarios de su departamento.

Tercera escena. A Fèlix Millet le han atizado un año porque cobró una mordida de 0,9 millones. El desliz afloró al investigarse los cambalaches descubiertos en la tramitación urbanística de un hotel que se pretendía erigir junto al Palau.

Por último, las andanzas de Gerardo Díaz Ferrán, ex líder de la CEOE. La Audiencia Nacional confirmó los dos años y dos eses que le había impuesto por defraudar 99 millones al fisco con motivo de la adquisición de Aerolíneas Argentinas. Del dinero nunca más se supo.

Maleantes de postín

A cualquier hijo de vecino le sorprenden las notables diferencias cuantitativas existentes entre las penas dictadas. Así, Millet recibe un año por birlar 0,9 millones, mientras que a Blasco, por robar casi el doble, le llueven ocho años, o sea, cuatro veces más. A la vez, a Pagès y sus secuaces les caen de uno a dos años por adjudicarse 28 millones, mientas que a Díaz Ferrán, le propinan poco más de dos años por 99 millones. Doctores tiene la Iglesia, pero las divergencias semejan estupefacientes. A la vista de las consecuencias procesales, queda meridianamente claro que el espectacular latrocinio perpetrado por Díaz Ferrán le ha salido muy barato, si se le compara con el coste de las demás peripecias descritas.

Entre tanto, estos días se sienta en el banquillo el ex conseller de Gobernación, Jordi Ausàs. A este ex jerarca de ERC se le achaca contrabando de tabaco de Andorra. Ausàs lo negó todo como un bellaco, hasta que en pleno juicio se reprodujeron en pantalla unas grabaciones de la policía, que lo había pillado in fraganti mientras trasegaba grandes bolsas de basura repletas de cartones de cigarrillos, en un garaje de La Seu d’Urgell.

Aunque hay que aborrecer el delito y compadecer al delincuente, ver a todo un conseller de la Generalitat dedicado a la reventa de tabaco ilegal en Barcelona, cual vulgar desharrapado, no deja de ser una estampa patética, que de paso ilustra la misérrima calidad humana de algunos políticos.

Por último, es de destacar el ingreso en chirona de los imputados por el escándalo Pallerols. La justica dio por acreditado que la formación de Duran Lleida saqueó fondos de los parados catalanes y los aplicó a sufragar gastos del partido y sus miembros.

Tanto Vicenç Gavaldà, ex secretario de organización de Unió Democràtica de Catalunya, como su cómplice andorrano Fidel Pallerols, fueron sentenciados a siete meses a la sombra, tras una interminable instrucción que se alargó durante catorce años. La punición no alcanza los dos años, por lo que en principio parecía que no iban a verse entre barrotes.

Pero la Audiencia de Barcelona les comunicó que rechazaba su petición de sustituir el correctivo por trabajos en beneficio de la comunidad. Los magistrados calificaron esa solicitud de “obscena”, pues equivaldría a una “cuasi impunidad”. La denegaron por esa razón y, de paso, “para intimidar a todos aquellos ciudadanos/políticos que pudieran sentirse tentados por la corrupción”. Gavaldà y Pallerols ya duermen en el hotel rejas.

Esta retahíla de vicisitudes ya juzgadas es una gota en la inmensa ciénaga de podredumbre que se extiende por las cuatro esquinas de la piel de toro. Hasta la fecha, apenas suman una quincena los condenados en firme. Pero en este momento, hay abiertas unas dos mil causas sobre descarríos crematísticos de profesionales de la política, con medio millar de encartados. Dada la proverbial lentitud de la justicia, no parece sino que hay tela cortada para rato.
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