Abogados en los concursos de acreedores

01 de abril de 2015 (22:09 CET)

Cuando el número de concursos de acreedores --antigua suspensión de pagos--  ha iniciado su descenso, un 29% menos en 2014 que en el 2013, debemos empezar a analizar pautas para su futuro. Debemos partir de dos conceptos claros. Por un lado, los concursos de acreedores son imprescindibles para una liquidación ordenada de las empresas, y por otro, debemos incentivar este mecanismo como el mejor camino para cualquier cierre empresarial.

 Ambos conceptos ahora mismo son turbios. Cualquiera que haya pasado, desde cualquier punto de vista, un concurso de acreedores, sabrá que a pesar de su nombre, es más un sistema de demolición, no siempre ordenada, que un concurso en su espíritu inicial. Demasiados intereses, y por qué no decirlo, demasiados buitres revoloteando sobre un mismo cadáver. La verdad, mucha gente y pocos profesionales.

El primer escollo es simple: ¿cuánto cuesta un concurso de acreedores? Los abogados, que hay de todo, como decían, en la viña del Señor, tienen una imagen retorcida, en muchos casos, de un concurso. Como alguno confiesa en la intimidad, es la última oportunidad de sacar un rédito a clientes moribundos. Algunos entendemos que precisamente su función en la fase inicial del concurso no es del todo necesaria. Sobretodo en los casos de liquidación, donde parece un poco extraño que alguien en penuria deba pagar a un señor para que le quiten todo.

La ley debería simplificar un mecanismo más sencillo y más indulgente para facilitar las liquidaciones ordenadas dentro del concurso de acreedores. No es el primer caso que hemos visto donde los abogados, tras un primer cobro, renuncian al cliente ante las dificultades de sangrar más al muerto. Aquí la responsabilidad de los abogados debería también lidiarse en algún foro de responsabilidades. Porque no sólo en la parte jurídica, bien limitada su función en casos de liquidación, sino en la parte más social del concurso es donde cobrar, en su acepción desangradora, no tiene gran sentido.

Tampoco será el primer caso donde abogados mantienen vivas empresas que incumplen claramente los preceptos legales, con tal de no enviarlas a concurso para evitar la pérdida de unos ingresos. La ley debe ser estricta en los mecanismos de entrada en un concurso. Y cuando los supuestos se han superado, no sólo debe perseguir a los administradores, sino también a aquellos que por su interés han participado en su decisión. Se hace muy curioso que los abogados no sean responsables de ningún acto cuando, en general, son ellos quienes asesoran al límite de su actuación.

Pero no todo es un tema de abogados. La clave también es legislar con acierto. Si conseguimos simplificar la entrada en un concurso, también debemos acelerar la salida del mismo. Actualmente los concursos están pensados en grandes procesos. Unos tiempos quizás adecuados para grandes deudas, pero extraños para pymes o particulares con apenas una decena de acreedores. Volvemos aquí a la responsabilidad del legislador. ¿Es necesario obligar a pagar miles de euros a un abogado para un concurso menor? ¿Es necesario pagar un administrador concursal para gestionar apenas una lista de 20 acreedores? ¿No son más problemas que ventajas tales gastos?

Pero cuando hablamos de profesionales en los concursos de acreedores, a todos nos vienen a la cabeza no sólo abogados, sino también jueces, economistas y algún que otro profesional muy concreto. Ninguno de ellos, quizás excepto el juez mercantil, tiene una dedicación y un conocimiento de la realidad concursal desde todas las variantes. Hemos dicho, alguna vez, que los mayores expertos en concursos, fuera de la mayoría de jueces, son los propios concursados. Ellos saben lo que significa un concurso, y con todas las variantes de cada caso, conocen el proceso. No en vano, en muchos casos, no sólo su patrimonio sino su futuro personal y hasta social queda en juego.

Y la tristeza pero realidad es que no vemos a ningún concursado, perdón a casi ninguno, poner a disposición de otros concursados su experiencia. La explicación es sencilla: son los sacrificados del concurso. Abogados, economistas u otros profesionales no sólo repiten sino en muchos casos se hacen de oro a costa de los concursos. Algunos sangrando y haciendo grandes beneficios incluso con un conocimiento limitado de la ley. Es bien triste escuchar, a veces, algunos abogados más capaces de recitar su título que su conocimiento de la realidad concursal.

Por desgracia, un tema que sucede en otros ámbitos del mundo legal. Esto nos debería hacer pensar en alguna sistema de control. Quizás sería necesario en procesos tan concretos y definitivos como los concursos de acreedores disponer un sistema de economía colaborativa.

Algo así como un censo real público y real de los profesionales participantes en concursos de acreedores con una valoración y comentarios de sus clientes. Todos podemos elegir un hotel de forma transparente, podemos comprar un vuelo a cualquier parte del mundo, pero curiosamente aún a día de hoy saber algo mucho más trascendente para muchos es difícil. ¿Cuánto cuesta un concurso? ¿Qué responsabilidades tiene el profesional a quien se lo hemos encomendado? Respuestas siempre oscuras, muy oscuras. Y perdonen: no valen aquí las recomendaciones. Muchos se juegan todo.

Aquí no ya el legislador, sino los propios colegios, deberían ser fielmente transparentes. Publicar no sólo los casos que cada abogado lleva, sino los ingresos que significan, y las valoraciones de sus clientes. Verían que en pocos meses quedarían sólo los mejores profesionales y las mejores praxis. El problema es que en mundos cerrados, tener mentalidad abierta es como obrar un milagro. Y los milagros con un abogado, podríamos decir, son complicados. Por ello, quizás más de uno piensa que el problema de muchos concursos no son las empresas o hasta lo jueces, son algo más trivial, como los abogados incompetentes con ansias sangrientas de dinero. Triste pero real.

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