A vueltas con la (mala) formación

Rafael Suñol

22 de marzo de 2015 (22:56 CET)

Este viernes el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de Reforma de la Formación para el Empleo. No parece, a tenor de la poca repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, que se trate ni de un tema relevante, ni de una reforma en profundidad. Máxime cuando se ha destacado que las organizaciones empresariales y sindicales dejarían de repartirse la organización e impartición de los cursos de formación, un pastel de 180 millones de euros anuales que hasta ahora monopolizaba la Fundación Tripartita.

Pero la Formación Profesional es o debería ser muy importante en España. Antón Costas en La Vanguardia centraba bien en un luminoso artículo del 22 de marzo, qué cosas parecen comunes a las empresas que van bien. Decía que el primer factor es la dimensión adecuada. Y, como segunda cuestión mencionaba la inversión en formación y la baja rotación de los empleados.

En tercer lugar, la capacidad de innovación y mejora de la calidad del producto. Podemos convenir que una buena formación profesional es crucial para que las empresas vayan bien, y para el desarrollo de un país. La reforma que propone el PP, que ahora pasará a las Cortes, responde tanto a un intento de evitar casos flagrantes de fraude como a una concepción, digamos, "liberal" del mercado laboral.

El edificio construido en los últimos 20 años se ha vuelto obsoleto. El énfasis de los cursos ya no pasa por empresarios y sindicatos sino por el mercado. Dos conceptos quedan claros: por un lado las entidades del tipo que sea que quieran impartir los cursos deberán acreditar méritos y la adjudicación se hará por concurrencia competitiva. Al parado se le dará un cheque-formación que podrá emplearlo donde quiera en función de la oferta del sistema.

Según el Ministerio, los objetivos de la Reforma son la transparencia, el control y la evaluación. Estamos hablando de un presupuesto actual de más de 2.000 millones de euros, nutrido por contribuciones de 0,60% por parte de las empresas y del 0,10% por parte de los trabajadores a las cuotas de la Seguridad Social, que aproximadamente alcanza los 1.800 millones de euros.

No son cifras pequeñas. Es necesario apuntar también que el 60% de los fondos son gestionados por las CCAA. La reforma del calibre y de la relevancia de la formación laboral en España debería haber suscitado un fuerte debate sobre alternativas, qué experiencias podemos incorporar de los demás países, y una buena evaluación de la sensación de insatisfacción tanto de empresas como de trabajadores. No se ha preguntado a aquellos y a estos qué deficiencias encontraban en el modelo actual. Tampoco se ha constituido una comisión "ad hoc", ni se ha elaborado un Libro Blanco, como se hizo con la Sanidad.

Quizá el grueso del debate se delegue en el Parlamento y habrá ocasión de proceder a la discusión. Pero un decreto-ley no es sólo un conjunto de artículos y unas genéricas declaraciones de principios: "Competitividad empresarial", "derecho a la formación laboral", "garantías de empleabilidad y promoción profesional del trabajador"... etc. Una ley de envergadura como la de Formación Profesional requiere de dos elementos esenciales. Por un lado de una Memoria donde se expresen las distintas alternativas y el por qué se ha elegido una, y, en segundo lugar, es esencial una discusión sobre los fondos que se deben destinar a una formación de calidad y de dónde van a provenir.

¿El sistema de cuotas que aportan empresarios y trabajadores para formación a la Seguridad Social es suficiente? ¿Es mejor este sistema que el de incentivos y desgravaciones? ¿Y cómo se realiza la formación a la pymes?

¿Se ha pensado en el método alemán de la formación dual, que tanto éxito parece tener? ¿O la formación a distancia? ¿O los incentivos "sociales" hacia la formación profesional? Es evidente que una reforma no se hace para evitar el fraude en los cursos. La erradicación del fraude se puede hacer sin necesidad de esta ley, y sin tener que crear "otro" cuerpo de inspectores.

O mirando un poco más allá, ¿no podríamos encontrar en los objetivos del Gobierno otra muestra de centralización, de tratar de coordinar a todos los actores implicados, diversas administraciones públicas, en busca de uniformidad, mal llamada unidad de mercado? Tendremos que esperar; aunque no parece que se disponga del suficiente tiempo parlamentario para discutir la ley antes de terminar la legislatura.
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