A la espera de si la justicia quiere acabar o no con la corrupción

29 de mayo de 2014 (00:00 CET)

Tenemos por norma fustigar a la clase política por su connivencia con los asuntos más oscuros y menos afortunados de los últimos años. Cierto es que hubieron abundantes casos y que algunos de ellos todavía aguardan resolución, pero la opinión pública ya ha sentenciado a sus protagonistas.

Los políticos, por eso y por muchas otras cosas, están desprestigiados en términos generales, son incapaces de movilizar a casi nadie en su favor y han acabado dando pie a experimentos políticos novedosos, no convencionales y de todavía incierto recorrido.

Que la clase política, el poder legislativo y el poder ejecutivo, resulten sacudidos con fruición por todos nosotros es obvio que se lo tienen bien merecido. Y no hay más que pensar en cómo regenerar todo eso para el bien común de la sociedad. Pero no es menos cierto que el poder judicial casi siempre acostumbra a salir gratuitamente indemne de los debates sobre la corrupción en España y sobre la necesidad de restituir las costumbres y normas democráticas.

Escribo estas líneas tras conocer que el primero de los casos del sumario que afecta a Fèlix Millet y su compinche Jordi Montull ha sido resuelto con una pena de un año de prisión. Es cierto que se trataba de un delito de tráfico de influencias y no de robo, apropiación o saqueo como luego confesó el notable barcelonés haber cometido. Sí, pero después de tantos años, de la comicidad del juicio con un Millet en silla de ruedas y de lo que espera la sociedad, los jueces también tienen una responsabilidad democrática que ejercer. Ya conocen el aforismo sobre la mujer del César.

 
Los fiscales y magistrados están obligados a demostrar su voluntad inequívoca de regenerar
El poder ejecutivo no puede ampararse únicamente en el sistema garantista que tenemos y en aspectos procesales y formales para aparecer tibio ante la sociedad que lo ampara. En Catalunya sólo parece que acabe en prisión preventiva el ladrón de gallinas, porque los que han robado --y confesado su crimen-- una institución pública como el Palau de la Música siguen corriendo por la ciudad y sus aledaños como si nada hubiera pasado. No es demagogia, es pura impotencia.

Bárcenas y sus sobres y su contabilidad oscura están durmiendo entre barrotes. Quizá sea el único y tenga más que ver con que la Audiencia Nacional sobrevuela en distancia y severidad la práctica cotidiana de los juzgados de instrucción de carácter más local. En cualquier caso, los fiscales y magistrados son también uno de los pilares de la democracia y están obligados a demostrar su voluntad inequívoca de regenerar más allá de quejarse de escasos recursos y de un supuesto abandono económico.

Está por resolver la segunda parte del caso Palau, queremos saber qué pasa con las imputaciones del caso Mercurio, del caso ITV y de los asuntos sanitarios catalanes. En todo eso ni nos roba Madrid ni Rita la Cantaora, sino que algunos vecinos se han aprovechado para su bolsillo o el de su partido de los intereses comunes.

Tenemos a cuatro diputados del Parlament de Catalunya imputados en sumarios. Por tanto, a la justicia de la comunidad catalana, y en especial a los juristas implicados en estas cuestiones, la sociedad les exige que cumplan con su función democrática de manera rápida, diligente y ejemplar. Si de verdad, claro, creen en la democracia.
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