A Acciona se le atraganta el agua

03 de marzo de 2014 (19:04 CET)

No ha sido 2013 un año para recordar en Acciona. Durante esos doce meses se gestaron las mayores pérdidas de su historia --1.972 millones de euros frente a los 189 millones que ganó en 2012-- tras contabilizar unos resultados extraordinarios negativos de 2.203 millones. Aunque la razón de ese descalabro hay que buscarla en el deterioro de activos renovables como consecuencia de la reforma energética, la realidad es que la compañía presidida por J.M.Entrecanales tropieza en buena parte de los sectores en donde centra su actividad como energía, construcción, inmobiliaria, infraestructura o transporte, muchos de ellos dependientes demasiados del gobierno de turno.

La situación de la compañía es delicada al igual que lo son las de otras del sector compañías como FCC, Sacyr o ACS pese a haber reducido la deuda del grupo que, al cierre de 2013, se situaba en 6.715 millones de euros, frente a los 7.482 millones de finales de 2012. Abordar planes de desinversión, ventas de activos y reducir el desapalancamiento son las líneas de obligado cumplimiento.

Sin restar un ápice la trascendencia que ha tenido en la cuenta de resultados de la compañía el recorte de primas a las renovables, en donde Acciona ha decidido apostar especialmente fuerte, formando junto con ACS y Abengoa, la conocida como triple A del mundo de las renovables, la realidad es que la forma de hacer negocios de la empresa resultante de la fusión de Entrecanales y Távora, Cubiertas y Mzov, según reconocidos observadores, es una fuente de disgustos y un potencial peligro para su actividad y cuenta de resultados.

Un ejemplo paradigmático de ello se encuentra en el conflicto suscitado a raíz del concurso oficialmente ganado por Acciona en diciembre de 2012 relacionado con la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). La constructora fue la adjudicataria del concurso frente a Aguas de Barcelona (Agbar), lo que la obligaba a pagar en el acto 298,6 millones de los 995,4 millones en los que se valoraba el contrato de 50 años. La Generalitat, entonces como ahora, tenía prisa por cerrar el trato para poder rebajar su déficit en casi 1.000 millones.

A la vista de los graves incumplimientos del proyecto de Acciona, el resultado fue recurrido por Agbar, algo que fue valorado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como para dictar sentencia anulando la concesión a Acciona, fundamentado el fallo en que el programa de inversiones que había hecho Acciona no se adecuaban al pliego de cláusulas y así era fácil ganar concursos.

El Modelo Panamá como empieza a ser conocido el sistema de las constructoras, mediante el cual se puja a la baja o se ignoran algunos aspectos técnicos del pliego de condiciones, en la creencia de que cuando pase algún tiempo será fácil renegociar al alza el contrato, no pasó en este caso la prueba del 9 y los propios organismos de la Generalitat se vieron obligados a anular la decisión, lo que posteriormente fue avalado por tres veces y tres sentencias por el TSJC. Hoy, se está a la espera la ejecución de sentencia por la cual Acciona quedaría “desposeída” del contrato ganado cuando Luis Recoder, ex alcalde de San Cugat del Vallés, era consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Catalunya. Hoy Recoder es socio asesor en KPMG en España, sociedad que audita entre otras sociedades a la propia Acciona.

No es un caso único en el que se ha visto envuelto Acciona y así lo viene a atestiguar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anulaba recientemente la mayor contrata de la historia del Ayuntamiento de la ciudad de Cáceres, adjudicada a Acciona en 2011, al validar los recursos presentados por las tres empresas candidatas al concurso --Aguas de Cáceres, Canal de Isabel II y Aqualia-- que alegaban que fueron “perjudicadas” por la puntuación que sus ofertas recibieron. Tanto la sentencia del TSJC como las anteriores del Contencioso Administrativo, han resuelto invalidar la adjudicación a Acciona “con carácter firme”.
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