1.210 millones de euros de multa o el calificador descalificado

05 de febrero de 2015 (13:46 CET)

En un acuerdo histórico, el departamento de Justicia estadounidense ha anunciado esta semana que ha llegado a un pacto con la agencia calificadora, Standard & Poor's (S&P), sobre el nefasto rol que ha mantenido durante la crisis con el tema de las hipotecas subprime (hipotecas de alto riesgo). Créditos que casi causan el aniquilamiento de la estructura financiera occidental.

En febrero de 2013, el Fiscal General adjunto de los Estados Unidos, Eric Holder, presentó una demanda civil por fraude en contra de S&P. Alegaba que la empresa estaba comprometida en un plan para defraudar a los inversores en productos financieros estructurados.

La demanda, por su parte, alegó que S&P defendió falsamente que sus calificaciones eran objetivas, independientes. Además, aseguró que no estaban influidas por las relaciones que mantenía S&P con los bancos de inversión, cuando, en realidad, la intención de S&P era aumentar sus ingresos y la cuota de mercado, hecho que le llevó a favorecer los intereses de estos bancos.

El montante del acuerdo financiero, 1.375 millones de dólares (1.210 millones de euros), es reflejo del papel imprescindible que empezó a jugar Standard & Poor's, una vez vista como una organización sólida, imparcial y casi infalible, que se encargaba de calificar la salud financiera de empresas y naciones. Este papel le llevó a jugar uno de los roles protagonistas en el tablero de una de las más graves crisis económicas de la historia moderna.

Como parte del acuerdo actual, S&P ha admitido que aun cuando la crisis financiera cobró impulso en 2007, continuó publicando y confirmando calificaciones positivas, a pesar de recibir flujos de información que dejaban muy claro que esas calificaciones no estaban justificadas.

S&P también ha admitido que cuando estaba desarrollando sus modelos de calificación, sus ejecutivos establecieron metas para mantener y aumentar la cuota de mercado e interfirieron con la puesta en marcha de un modelo de rating actualizado, con el fin de proteger los intereses comerciales de la empresa.

El hecho de que la dirección de S&P haya determinado llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la nación antes que ir a juicio, se podría considerar como un claro indicio de la fortaleza del Gobierno en contra de la empresa crediticia.

Muy lejos de ser el oráculo que se pensaba, una empresa que antes gozaba del poder justificador y destructor de empresas y naciones con el cambio de unas simples letras, se ha visto reducida a proporciones más reales. Según S&P, el rating actual de la deuda soberana de España es BBB, después de que en 2009 la despojara de su calificación AAA.

Más allá del impacto de una multa de 1.210 millones de euros, el acuerdo es importante porque deja claro a las empresas y al público que no existe la infalibilidad de las proyecciones económicas.

Con respecto a las empresas crediticias, esto es más que significativo porque confirma que lo que realmente cuenta es la determinación individual y colectiva para poder salir de la crisis y que el futuro empresarial y nacional no está ni supeditado ni determinado por algoritmos que son más que falibles.    

 

Rosy Milene Meza es abogada y doctora en jurisprudencia estadounidense

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