Un país cansado de corruptos y corruptelas

02 de enero de 2013 (11:15 CET)

Ya se está convirtiendo en habitual que todos los días los que aquí vivimos nos despertemos con detenciones o imputaciones de políticos o cargos públicos que confunden 'presuntamente' los dineros de nuestros impuestos con dinero suyo, pero como arte de magia ese dinero 'presuntamente' robado o defraudado ante nuestras narices, casi nunca aparece, y esas acusaciones casi nunca conducen a estos 'presuntos sinvergüenzas' a la cárcel, como mucho solo la olfatean unas horas.

¿A qué se está esperando para erradicar conductas que piden a gritos una contundente reforma de nuestra ley que corten de raíz el insoportable nivel de corrupción, que contribuye a elevar el nivel de crispación de los ciudadanos a cotas de alarma jamas conocidas? Pero este solo es uno de los problemas que sufrimos: dice el dicho que Dios aprieta pero no ahoga, pero las muchas y variopintas administraciones españolas (esas que siguen pagando a proveedores tarde y mal, y algunas ni eso, ya que sencillamente no pagan) están apretando tanto que estas sí están ahogando ya a miles de autónomos, pymes y ciudadanos de todo tipo y condición.

Pero dicha presión la sufren los de siempre, baste un ejemplo: si un autónomo se despista o no puede pagar el último día del mes su Seguridad Social, al día siguiente tiene ya un recargo del 20%, y en un plazo de 30 días ya le llega una providencia de apremio, seguida inmediatamente de una notificación de diligencia de embargo de los bienes inmuebles y de las cuentas bancarias. Si a eso le sumamos la presión fiscal existente --la mas alta de nuestra historia-- estaremos creando un caldo de cultivo que, con toda seguridad, acabará siendo nocivo y peligroso.

Pero como la fe es lo último que se pierde, la tengo en que en la nueva ley que diseña el Gobierno para que los proveedores de la Administración, especialmente pymes y autónomos, cobren a los 30 días. Así, a partir de marzo del 2013, ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos públicos de este país tendrán que pagar a sus proveedores en un plazo máximo de un mes, bajo pena de someterse al pago de unos intereses de ocho puntos por encima del tipo medio de interés que fija el BCE. Esta es la consecuencia fundamental que se deriva de la entrada en vigor de la nueva directiva de la CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Una directriz que, de aplicarse al tipo actual, obligaría a las administraciones y a las empresas publicas morosas a pagar unos intereses del 8,75% a partir del primer día de retraso, añadidos al importe de la factura pendiente de pagar.

La nueva directiva comunitaria expone que la morosidad es uno de los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios en el mercado único, y constituye uno de los mayores problemas para los autónomos y pymes, recordando en este punto que una de cada cinco actividades económicas que han cesado en su actividad es responsabilidad de la morosidad en los pagos de las administraciones. Esperemos que esta vez la legislación se aplique a rajatabla, no sería entendible que así no se hiciera.
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