Últimas tardes con Manuel Fernández de Sousa

06 de junio de 2013 (15:36 CET)

Los renglones de la historia a veces ayudan a encarrilar el presente. En la primera crisis del petróleo de los años setenta, la calificación por parte del Gobierno de Franco de algunos de los productos congelados de una entonces prometedora Pescanova como «bienes sujetos al régimen de vigilancia especial», y la consecuente imposibilidad para la compañía de repercutir el alza del combustible en los precios de sus productos, estuvo a punto de acabar con la empresa gallega en manos del Instituto Nacional de Industria (INI). Del Estado, en otras palabras. Esa fue una de las primeras crisis a las que se enfrentó el lucense José Fernández López, padre de Manuel Fernández de Sousa-Faro, al timón de Pescanova hasta que un juez de lo Mercantil decidió apartarlo de la gestión hace ya casi dos meses.

Por eso, en parte tiene razón el presidente de la multinacional cuando dice que «la compañía ha superado momentos mucho más difíciles que el actual». Solo en parte, porque en aquella crisis del petróleo, el fundador de Pescanova, su padre, optó, como bien recuerda el catedrático Xoán Carmona Badía, por sacrificar su participación en otras empresas que había fundado: entre 1975 y 1979 vendió sus paquetes de Transfesa y Zeltia, que posteriormente recuperaría, así como en Frigolouro, que pasaría a manos de Coren. ¿Qué va a sacrificar ahora el presidente de la multinacional gallega cuando de lo que se trata ya no es solo de Pescanova, sino de su propio futuro procesal y el de parte de su consejo de administración?

La imputación por parte del juez Ruz, de la Audiencia Nacional, de hasta tres presuntos delitos, todos tipificados en el Código Penal (falseamiento de información económico-financiera, de cuentas anuales y de uso de información relevante) hacen que las primeras explicaciones públicas del presidente se queden en mero brindis a una inocencia que parece perdida. Palabras tardías, aunque no baldías, es justo reconocerlo. Sin embargo, su relato es diametralmente opuesto al que hace el juez en su auto de imputación, al que esgrime la Fiscalía Anticorrupción en sus escritos de acusación, al que apunta la banca acreedora en sus negociaciones, al que blanden accionistas significativos en sus querellas, al que apelan los minoritarios y al que alude en sus expedientes la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tanta responsabilidad tiene en esta crisis.

Es por todo ello que, como un bucle, la crisis de Pescanova puede encarar otra derivada, que se lleve por delante aquello de que «la compañía ha superado momentos mucho más difíciles que el actual». Porque todo apunta a que la opción de trocearla para generar ingresos y, a la vez, capitalizar una deuda que todavía no está aclarada por parte de la banca, se articularía mediante una ampliación de capital o una operación acordeón, que de un plumazo desbancaría a Fernández de Sousa-Faro como su primer accionista, que todavía lo es, aunque por muy poco. Habrá que ir por partes, con el informe de la administración concursal y una calificación que puede derivar en concurso doloso por parte del juez, con un convenio de acreedores anticipado si todo marcha bien, y con unas quitas y una capitalización de deuda como broche por parte de la banca. Pero, sin duda, será el punto y final para el presidente. Y, todo ello, si logra salir por la puerta principal de la Audiencia Nacional cuando vaya a declarar como imputado.
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